La oficina antiokupas de la Policía Local de València solo gestiona 45 casos en siete meses
La oficina 'antiokupas' de la Policía Local de València va camino de convertirse en una asesoría jurídica gratuita para cuestiones relacionadas con la ocupación irregular de inmuebles y los impagos. El recurso, que desde el pasado noviembre opera bajo la dirección del Gabinete Jurídico del Cuerpo local, tenía como objetivo canalizar las actuaciones policiales en esta materia y prestar un servicio de mediación, dado que la Policía Local no tiene competencias en los delitos de allanamiento o usurpación, salvo que observe la comisión flagrante del delito, tal como reconocía el edil de Seguridad en una respuesta escrita.
Un informe de la Policía Local apunta que el recurso atiende consultas sobre ocupación irregular de inmuebles, impagos de alquiler, asentamientos y precaristas -la situación jurídica en la que una persona usa un inmueble ajeno sin pagar alquiler y sin un contrato legal, una fórmula que suele darse mayoritariamente en viviendas familiares o en compraventas con mudanza-. En sus funciones, el documento interno recoge: “Orientación o impulso de actuaciones procedentes, incluyendo comunicación a la autoridad judicial o derivación a asesoría jurídica municipal cuando la naturaleza del caso lo exige”. El informe del gabinete jurídico emplea el término “inquiocupación” que no existe en el ordenamiento jurídico, un supuesto por el que señala haber recibido 3 consultas.
El documento apunta que la mayor parte de las consultas son por casos de ocupación (35 casos), seguidos por los asentamientos, con seis casos. Las situaciones de inquiocupación aparecen en tres expedientes y el precario una sola vez. El recurso ha atendido desde el mes de noviembre 45 expedientes y 13 llamadas de teléfono, según el informe municipal. Las llamadas, recoge el análisis, son por cuestiones informativas: consultas preventivas, solicitudes de información sobre viviendas ocupadas, supuestos de impago de rentas y consultas relativas a bajos, trasteros o edificios ocupados. Por ejemplo, una persona llamó para explicar que su inquilino llevaba tres meses sin pagarle el alquiler, y se le informó sobre la mediación previa a la vía judicial.
El análisis de las actuaciones apunta que se dan otros trabajos además de recabar las consultas. El listado no solo registra entradas sino “observaciones” sobre “actuaciones y resultados”. Entre ellas, apunta, se documentan medidas antiocupación en edificios vacíos (instalación de alarmas), “intento de ocupación sin éxito”, información sobre inmuebles desocupados y comunicaciones a la autoridad judicial.
Antes de ello, el Ayuntamiento de València comunicó que se habían atendido 8 casos desde junio y unas 600 llamadas telefónicas relacionadas con la ocupación al teléfono de la Policía Local, el 092. Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, las consultas se han elevado en los meses de marzo y abril, mientras que en el resto de los meses apenas hay peticiones. En marzo se hicieron 17 consultas y en abril 11.
En concreto, desde noviembre, el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISE, la sala de control operativo), atendió 18 casos, el teléfono de la oficina atendió 13 llamadas, se registraron 9 instancias, un correo electrónico y dos comunicaciones por otras vías. El informe del gabinete jurídico se solapa en lo relativo a la información del mes de noviembre con la respuesta escrita al edil de Compromís Ferran Puchades, que preguntó por las actuaciones en 2025. El primer documento reseña dos atenciones en noviembre, mientras que la respuesta del consistorio apuntaba que se habían recibido dos llamadas y dos correos electrónicos. La diferencia puede deberse a otra forma de contar los casos o a que fue en el mes de noviembre cuando los servicios jurídicos asumieron esa competencia. Hasta entonces, según la información del Ayuntamiento, solo había atendido 8 casos desde junio.
Uso de un término sin base jurídica
El edil de Compromís se muestra indignado porque la Policía asuma el término “inquiocupación”, sin base jurídica. El Ayuntamiento de València que dirige Maria José Catalá lleva meses apostando por este término, que azuza el miedo. De hecho, el consistorio apuntó hay cerca de 10.000 viviendas vacías en la ciudad de Valencia que no salen al mercado del alquiler por miedo a la inquiocupación.
Según el edil valencianista, “Catalá abona el camino para que la ultraderecha se haga dueña y señora de la agenda política de València”. “No solo ha creado una oficina Antiokupación, que se ha mostrado como un chiringuito inútil, ya que solo ha realizado 45 actuaciones en poco más de un año (una media de 3 al mes), sino que la propia Policía Local utiliza con normalidad en sus informes, términos antijurídicos como ”inquiocupación“, ”creado por la ultraderecha para deshumanizar y descalificar determinados hechos“, denuncia el edil. Aquello que PP y Vox denominan ”inquiocupación“, son ”simplemente los deudores de un contrato civil de arrendamiento que han existido desde siempre y que se resuelven mediante una demanda judicial. Catalá ha conseguido que se trate a un deudor civil, quien debe cualquier factura, como si se tratara de delincuentes a los que se les debe aplicar el código penal“, expone el concejal, que es además letrado en la Administración de Justicia.
Es un auténtico bochorno y una aberración para la convivencia democrática, que Catalá haya abierto de par en par a la Policía Local para el discurso de la derecha extrema que solo busca crear el conflicto y el enfrentamiento, inventando delitos donde no los hay y resulta más grave aún que sea su Gabinete Jurídico quien lo haga con total impunidad“, concluye el edil de la oposición.