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La plataforma ciudadana lleva a Bruselas los impactos y las irregularidades de la ampliación del Puerto de València

Una delegación de la Comissió Ciutat-Port, plataforma ciudadana opositora a la ampliación del Puerto de València formada per más de 200 asociaciones vecinales y ecologistas, se desplazó este miércoles a Brusselas para reunirse en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea con diferentes representantes. Durante la estancia, que durará dos días, presentarán entre otros, impactos e irregularidades que están actualmente en los tribunales, en relación con el polémico proyecto.

Según ha explicado a elDiario.es Pau Monasterio, una de las asistentes, se reunirán con diferentes eurodiputados y con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y abordarán cuestiones clave en el ámbito europeo como son las emisiones del transporte, la mala calidad del aire y las afecciones al Parque Natural de la Albufera, espacio de la Red Natura 2000. Además, se les expondrá la situación legal y política, así como los costes económicos previstos.

Al mismo tiempo, Monasterio ha comentado que se aprovechará la ocasión para informar y acordar con miembros del Parlamento Europeo y grupos de trabajo vinculados al medio ambiente, pero también otras áreas como salud o cambio climático.

La expedición a Bruselas llega tras dos importantes pronunciamientos que avalan una de las reivindicaciones de la Comissió Ciutat-Port, que siempre ha defendido que la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 no ampara los cambios introducidos en el proyecto, entre ellos el cambio de ubicación de la terminal de cruceros o la necesidad de dragar fuera de aguas abrigadas, cuyos impactos no han sido evaluados.

Por un lado, como informó este diario, el dictamen de la comisión científica de la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera concluye que hay impactos en la biodiversidad que no se han evaluado y que son de obligado análisis por ley, por lo que reclama “una rigurosa evaluación”, afirma que “el puerto es la principal causa de los problemas de erosión de la restinga” y recomienda “desmantelar infraestructuras sobre la línea de costa que hayan perdido su funcionalidad”.

Por otra parte, un reciente informe del Defensor del Pueblo tras la queja formulada por la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret insta al Ministerio de Transición Ecológica a que se pronuncie sobre validez de la DIA teniendo en cuenta los años que han pasado desde que se formuló y los cambios que se han introducido en el proyecto.

Además, ni el Ministerio de Transición Ecológica, ni la Comisión Europea, ni Puertos del Estado, ni la Abogacía del Estado han avalado la validez de la DIA para el nuevo proyecto, tal y como deja patente el informe de esta última institución en un informe.

A todo ello se une que el proyecto de la nueva terminal portuaria cuenta con una resolución judicial del TSJ de Madrid que impide que el Puerto pueda decidir sobre la necesidad de una nueva DIA al suspender cautelarmente la condición de órgano sustantivo, que vuelve ahora a Puertos del Estado.