El Ayuntamiento de València gobernada por el PP y por Vox, con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza, tiene previsto promover un plan para fomentar la construcción de vivienda nueva como mecanismo para incrementar la oferta y contener así los precios, aunque según el INE la ciudad cuenta con 36.000 viviendas vacías.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, anunció este viernes en declaraciones al diario Levante-EMV diversas medidas que se pondrán en marcha entre este mandato y el que viene, si repiten al frente del ejecutivo municipal, para liberar la mayor cantidad posible de suelo.
Entre ellas, destacó el desarrollo de los planes urbanísticos históricamente atascados, como los de Benimaclet y El Grau, la puesta a disposición de solares públicos destinados a vivienda para edificarlos de la mano de los promotores privados, y en última instancia, la recalificación de huerta no protegida.
Preguntado por elDiario.es sobre este último aspecto el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero (PP), la negó rotundamente: “No se toca el terreno de la huerta y pronto el concejal competente en la materia explicará y dará cuenta de ese plan de construcción de viviendas, pero como ustedes saben, para este equipo de Gobierno la huerta es un valor en alza en este momento. Además, somos capital verde europea y trabajamos para su protección y para hacerla compatible con la actividad económica poniendo en valor a los agricultores que tenemos en la ciudad de València”.
Caballero añadió que tienen “un mandato tanto ciudadano como de la propia alcaldesa de ponerse en marcha a construir vivienda pública ya que el equipo de Gobierno anterior solo fue capaz de construir 14; este equipo de Gobierno ya puso en marcha 131 viviendas, con la compra de un edificio en Faitanar para ponerlo a disposición de las familias a un precio asequible”. El portavoz añadió: “Se ha desbloqueado otras tantas en el Marítimo y tenemos el compromiso desde Aumsa de construir vivienda pública para ponerla a disposición a un precio asequible”.
Al respecto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, aseguró que “el Partido Popular y la señora Catalá quieren aplicar las mismas recetas que nos llevaron a una de las mayores crisis del país, intentando engañar a los valencianos y valencianas prometiendo resultados diferentes; porque el objetivo real del PP no es contener los precios de la vivienda, sino rescatar empresas constructoras, puesto que para contener los precios de la vivienda tiene a su disposición medidas que puede aplicar inmediatamente como la Ley de Vivienda, la regulación de los apartamentos turísticos o la congelación de los precios de alquiler de AUMSA, y no lo lleva a cabo”.
Según Gómez, una de las primeras medidas que ha anunciado Catalá para contener el precio de la vivienda en la ciudad ha sido renunciar a construir vivienda pública para vender suelo público a los promotores a cambo de vivienda construida: “Esto conlleva la pérdida de patrimonio público y con ello la posibilidad de construir vivienda pública”, dijo.
“Durante los últimos 8 años, desde el anterior gobierno se redactó un plan de vivienda desde AUMSA para la construcción de 327 viviendas públicas, aumentando un 60% el parque de vivienda público, se negoció con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) la financiación para posibilitar su construcción y se redactaron los proyectos, se obtuvieron las licencias y se dejaron construidas o con las obras en marcha. La señora Catalá certifica su incapacidad de gestión vendiendo el suelo público a los promotores para que construyan lo que ella no puede o no sabe. Habrá que estar vigilantes para que no se lleve a cabo ningún pelotazo como los de anteriores gobiernos del PP, como el de Tabacalera, donde se valoraron muy bajo las propiedades municipales y muy alto las de la empresa constructora”, ha asegurado Gómez.
La líder de los socialistas igualmente ha advertido sobre la intención del PP de volver a reclasificar huerta para construir vivienda. “Si algo nos ha enseñado la crisis de 2008 es que aunque se urbanice suelo infinitamente y se construya más vivienda de la necesaria, eso no ayuda a bajar los precios. La alcaldesa sabe lo que tiene que hacer pero no está entre sus prioridades”, afirma la portavoz.
“El PP pretende camuflar un rescate de las empresas constructoras como un favor a las familias que no pueden pagar su vivienda, mientras no utiliza las herramientas que tiene a su disposición, o sube un 30% los alquileres públicos”, ha añadido.