Catalá sube entre un 15% y un 35% el alquiler de las viviendas públicas del Ayuntamiento de València a 500 familias

“En este mes de enero, la empresa pública sin previa comunicación escrita al inquilino, ha procedido a cobrar el alquiler de la viviendas aplicando una subida del 15%, 25% y 35%, más el 3% en caso de renovación del contrato de arrendamiento”. El secretario de la asociación de inquilinos de vivienda pública de la Comunitat Valenciana, Ximo Mora, se ha pronunciado así tras comprobar el incremento que han sufrido las cuotas de las viviendas que tienen alquiladas a Aumsa, empresa pública del Ayuntamiento de València.

Según ha explicado a elDiario.es, la asociación “firmó en el año 2013, con el último gobierno de Rita Barberá, un acuerdo con Aumsa que gestiona el parque de viviendas, por el que se reducía el precio del alquiler para hacerlo asequible y que fuera aproximadamente el 30% de la renta de cada inquilino”.

Mora ha asegurado que “este acuerdo se fue renovando con los dos últimos gobiernos progresistas del Ayuntamiento, pero el actual equipo de gobierno que dirige la alcaldesa María José Català, ha decidido no renovar el acuerdo que finalizaba el 31 de diciembre de 2023, no ha convocado el consejo de administración de Aumsa, y a partir de enero los precios del alquiler suben de golpe, un 15%, 25% y 35%”.

El secretario de la entidad ha asegurado que “esto causará un grave perjuicio económico a las 539 familias que viven en viviendas municipales, empobreciendo a los inquilinos, y perjudicando a las rentas inferiores al 3,5 IPREM, esto es familias cuyos ingresos totales van de los 1.000 a los 1.600 euros al mes las cuales deberán destinar más de un 30% a pagar el alquiler, lo que hace que deje de ser asequible”.

Mora ha denunciando que llevan “desde septiembre intentando hablar con la alcaldesa, el concejal de Urbanismo responsable, con la gerencia de Aumsa y no quieren saber nada de nuestra asociación, ni de los representantes de los inquilinos, ni nada” y ha añadido: “Incluso han cerrado la oficina de atención a los inquilinos del centro de la ciudad, que daba soporte a los inquilinos más vulnerables. Ni nos atienden ni dan razones”.

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha criticado la política de vivienda de Catalá que ha calificado de “cruel”. Robles denuncia que hay personas que han pasado de pagar una media de 200 euros más en el alquiler de las viviendas públicas propiedad de AUMSA. Un incremento que también se ha producido en las plazas de garaje al duplicarse de 50 a 100 euros.

“Mientras baja el impuesto de bienes inmuebles (IBI), beneficiando sobre todo a las rentas altas, da barra libre a los apartamentos turísticos y recorta en ayudas a la gente que vive en la calle, Catalá se dedica a atacar a las personas que viven en pisos de alquiler social municipal”, ha asegurado Papi Robles.

La portavoz de Compromís ha denunciado que “el gobierno del PP y Vox no ha querido renovar el convenio para garantizar a las personas afectadas un alquiler asequible y Catalá no se ha dignado ni a comunicarles esta decisión”.

 Papi Robles ha anunciado que presentarán “una batería de propuestas en el próximo Pleno para que la alcaldesa rectifique esta decisión que es cruel, que es arbitraria y que es un insulto a las personas que confiaron en la vivienda pública municipal; es una irresponsabilidad que bajan el IBI a los riesgos mientras suben el alquiler al que más lo necesita”.

La solución del PP, construir vivienda

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha comentado al respecto que una vez finalizadas las bonificaciones los precios habían vuelto a lo que estipulaba cada contrato y que el aumento se justifica en los 1.360 demandantes que hay en lista de espera para obtener una vivienda pública, frente a la ausencia de oferta pública de vivienda, algo que achacó al anterior equipo de Gobierno de izquierdas.

Por este motivo, abogó por la construcción de nuevas viviendas para aumentar la oferta: “Aumsa se tiene que dedicar a construir vivienda pública, el interés de este Ayuntamiento es reducir esa lista de espera”, sin dar alternativa alguna a los más de 500 afectados.

Sobre la imposibilidad de la asociación de inquilinos para reunirse con el equipo de Gobierno, Caballero ha defendido que siempre se han reunido con todas las entidades que lo han solicitado y ha achacado la denuncia de la entidad a una cuestión de plazos.