PSPV y Compromís sellan un acuerdo por los remanentes del Ayuntamiento de València y exigen al Gobierno ayudas para la EMT
Fumata blanca entre los socios del Gobierno municipal del Ayuntamiento de València tras la polémica generada por el decreto fallido del ejecutivo central sobre el destino y el uso de los remanantes de las corporaciones locales, en el caso del Ayuntamiento de València, unos 32 millones de euros que actualmente solo podrían utilizarse para reducir deuda.
Compromís y PSPV exhibieron sus diferencias al respecto hasta el punto que Joan Ribó fue uno de los muchos alcaldes que se opusieron al decreto, entre otras cosas por no incluir la eliminación de la regla de gasto que aprobó el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y que impide gastar libremente los remanentes municipales, o por no realizarse el reparto del fondo de ayudas de 5.000 millones con criterios exclusivamente poblacionales.
Por su parte, la portavoz municipal del PSPV y vicealcaldesa, Sandra Gómez, defendía la idoneidad del decreto por incluir ese fondo de ayudas que evitaría realizar importantes recortes en el presupuesto municipal (al Ayuntamiento de València le corresponderían 113 millones), por el descenso de ingresos previsto como consecuencia de la pandemia.
Mientras el Gobierno ultima un nuevo decreto, ambos socios han sellado una postura común este miércoles en un pleno extraordinario forzado por la oposición para debatir el tema que se ha traducido en la aprobación de una moción que ha contado con el respaldo de Ciudadanos y la abstención de PP y Vox.
El texto aprobado insta a “trabajar con responsables municipales de cualquier color político para reivindicar conjuntamente las ayudas estatales y europeas que los ayuntamientos precisan de forma imperiosa y urgente para poder continuar prestando servicios y adoptar las medidas anti-Covid necesarias, además de colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación económica”.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido esta propuesta que aboga por el diálogo con el ministerio de Hacienda y reclama al gobierno central “el reparto de 5.000 millones de euros con criterios poblacionales, así como la aportación de 1.000 millones de euros en 2020 para el transporte urbano (el primer decreto preveía 200 millones ampliables a 400), y la eliminación de la denominada Ley Montoro del Partido Popular (PP)”, tal como ha defendido el alcalde en el Pleno.
El alcalde se ha detenido en las ayudas que necesitan las empresas municipales de transporte, entre las cuales se encuentra la EMT de València que, “hasta el momento, no han recibido ayudas estatales para compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia, puesto que estas estaban recogidas en el RDL rechazado el pasado 10 de septiembre”.
La vicealcaldesa y concejala socialista, Sandra Gómez, quien ha aclarado que “los grupos que conforman el ejecutivo local siembro buscan espacios comunes para trabajar por València”.
Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento ha decidido, con la abstención de los grupos de la oposición, “cumplir en los presupuestos del próximo ejercicio el acuerdo marco para la recuperación y la reconstrucción de la ciudad de València en el contexto del Post Covid-19 para establecer una política fiscal que conjugue mantener los ingresos municipales para hacer frente no solo a los gastos habituales de la corporación local sino a las necesidades suplementarias surgidas por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia”.
El concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha comentado que el Ayuntamiento adoptará “las medidas necesarias para modificar las vigentes Ordenanzas Fiscales con el fin de establecer una batería de ayudas e incentivos fiscales, para el próximo ejercicio 2021, dirigidos especialmente a los sectores productivos más afectados por la crisis social y económica”.