València carga a los propietarios del PAI de El Grau parte de los 45 millones del circuito urbano ideado por Camps
Nueve años después de que se disputara el último Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en el circuito urbano construido en València como uno de los proyectos estrella del expresidente del Gobierno valenciano del PP, Francisco Camps, el Ayuntamiento sigue trabajando en la mejor fórmula para destascar el convenio que vinculó la ejeución del trazado con el Plan de Actuación Integrado (PAI) de El Grau.
En virtud de ese acuerdo firmado en su momento entre el Ayuntamiento que dirigía Rita Barberá y la Generalitat que presidía Camps, la administración autonómica adelantó 45 millones de euros para la consecución del trazado a su paso por El Grau, que después le devolvería el Consistorio mediante algún tipo de gravamen a repercutir a los propietarios de los terrenos, puesto que, en realidad, esa parte del asfaltado se reconvertiría en las calles de la futura urbanización.
Un PAI que, por cierto, está en el punto de mira del caso Azud, por el que se investigan presuntas mordidas y por el que permanecen en prisión el entonces vicealcalde, Alfonso Grau (PP), y el entonces jefe de la oposición, Rafa Rubio (PP).
Sin embargo, la totalidad de esos 45 millones que se le adeudan a la Generalitat van a ser muy complicados de recuperar. Recientemente, el propio Camps, quien insiste presumir de ese legado y en asegurar que el circuito es a coste cero pese a que el Gobierno valenciano aún debe 22,5 millones correspondiente a un crédito de 60 millones que se solicitó para costearlo (todo el trazado costó 89,7 millones), se dirigió al Ayuntamiento mediante una acción pública para exigir el cumplimiento del convenio, que se le informe de los responsables de la ejecución del mismo y finalmente que se le tenga por personado en todos los expedientes que puedan existir en relación al cumplimiento del citado convenio.
En su resolución de respuesta, el Consistorio, afirma que no se puede exigir el mencionado convenio mediante una acción pública y descarta que se le pueda dar por personado en los diferentes expedientes al no tener la condición de interesado.
En cuanto a la solicitud de información, se le recuerda que entre las obligaciones del Ayuntamiento con el citado convenio, figura el compromiso de “tramitar una ordenanza con un canon de urbanización para la financiación del proyecto repercutiendo en los propietarios el coste real de la actuación o cualquier otra fórmula que el Excmo. Ayuntamiento de Valencia considere adecuada”.
En este sentido, se le informa de que se descarta la imposición de un canon y “sin perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas puedan obtenerse en cualquier momento fuentes de financiación externa, el Ayuntamiento no ha tramitado ordenanza y se gestionara a través del propio PAI como carga de urbanización de todo aquello que sea repercutible en los propietarios”, dejando entrever que será muy complicado repercutir la totalidad de los 45 millones.
Fuentes municipales han informado al respecto de que se trabaja en un estudio para determinar a cuánto podrían ascender esas cargas repercutibles.
Tras hacerse pública la resolución municipal, la concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé, pidió al PP que “deje de utilizar València para que sus dirigentes hagan campañas personales y sitúe como prioridad a los valencianos y valencianas. Si buscan liderazgo para la ciudad, que Francisco Camps y María José Catalá lo resuelvan en un congreso”.
Asimismo, afirmó que el PP “debería pedir perdón por el lastre que ha supuesto para la ciudad el Circuito e la F1” y que podría “costar a las administraciones más de 45 millones de euros”. Por tanto, reclamó a los populares que “no metan a los valencianos y valencianas en sus luchas internas porque lo que necesitan es el trabajo y el esfuerzo del Ayuntamiento”.