Qué es el acuerdo entre Reino Unido y Ruanda para la deportación de solicitantes de asilo

Mariangela Paone

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió paralizar el martes el primer vuelo con el que Reino Unido quería empezar a aplicar el acuerdo firmado en abril con Ruanda para deportar a “miles” de solicitantes de asilo a este país del este de África. La decisión ha supuesto un primer revés para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria del Gobierno de Boris Johnson.

La Justicia británica rechaza frenar las deportaciones de migrantes a Ruanda

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¿Qué es el acuerdo y qué prevé?

La ministra de Interior de Reino Unido Priti Patel y el ministro de Exteriores ruandés Vincent Biruta firmaron en Kigali el 14 de abril un memorándum para, según se lee en el texto, “crear un mecanismo para la reubicación de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no están siendo consideradas por el Reino Unido, a Ruanda, que procesará sus solicitudes y acogerá o expulsará (según corresponda) a las personas después de que se analice su solicitud”. El Gobierno británico ha usado la palabra “reasentar” para lo que en la práctica, según las organizaciones de derechos humanos que se han opuesto al plan, son deportaciones a un tercero país. “A partir de hoy, nuestro nuevo acuerdo de migración y desarrollo económico significa que cualquier persona que entre ilegalmente al Reino Unido, así como aquellos que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, ahora pueden ser reubicados en Ruanda”, dijo el primer ministro Boris Johnson el mismo día de la firma del acuerdo. Johnson añadió que se trataba de una medida “innovadora” hecha posible por “las libertades del Brexit”. El acuerdo prevé que Ruanda reciba a cambio una primera entrega de 120 millones de libras (unos 144 millones de euros), una cantidad que se ampliaría a medida que aumente el número de personas deportadas al país.

El Gobierno de Johnson quiere obtener un efecto de “disuasión” ante el aumento de las llegadas de migrantes a través del Canal de la Mancha. En 2021 unas 28.500 personas cruzaron el canal en pequeñas lanchas. Entre el 18 de abril y el 5 de julio, han llegado por esta vía 3.599 solicitantes de asilo, según la BBC.

¿Cuáles han sido las reacciones ante el plan?

Las asociaciones en defensa de los derechos humanos se han pronunciado en contra del plan al considerarlo una violación de las obligaciones de Reino Unido de asegurar los derechos de los solicitantes de asilo. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes el acuerdo y confió en que ningún otro país siga su ejemplo, informa EFE. Guterres, a través de su portavoz, respaldó las críticas ya expuestas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, quien el lunes dijo que la deportación de solicitantes de asilo es “un error” que podría sentar “precedentes catastróficos”.

La oposición al plan ha llegado a las altas esferas de la Iglesia anglicana. En una carta al Times, 23 obispos encabezados por el arzobispo de Canterbusy, Justin Welby -máxima autoridad de la iglesia anglicana después de la reina Isabel II- definen el plan como una “política inmoral” que “avergüenza a Gran Bretaña”.

También se cuestiona la definición de Ruanda como “tercer país seguro”. En una carta dirigida al Ministerio del Interior británico, la organización Human Rights Watch escribe: “Ruanda no puede considerarse un tercer país seguro al que enviar solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de los Estados Unidos, han informado sistemáticamente sobre las graves violaciones de derechos humanos en este país. El Gobierno del Reino Unido es consciente de esto, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a 'Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto por los derechos humanos'”.

El director de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha tachado este miércoles la política del Gobierno de “cruel” y de “espectáculo vergonzoso”. “No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido”, ha dicho. “Todo este esquema mal concebido es una repetición desesperada y triste de un acuerdo similar y ahora abandonado alcanzado por Israel en virtud del cual también expulsó a Ruanda a refugiados y personas que buscaban asilo”. Para Deshmukh el plan es “un abandono claro y vergonzoso de la responsabilidad del Reino Unido bajo la Convención de Refugiados”.

Las organizaciones como Care4Calais, que han lanzado la campagna #spodeportation, siguen ahora trabajando para frenar las deportaciones desde el punto de vista legal.

¿A cuántas personas afectaría?

Cuando anunció el plan, Johnson dijo que permitiría enviar a Ruanda a “decenas de miles” de personas. Pero desde mediados de abril los objetivos del plan se han ido reduciendo, como explica The Guardian. Ya a principios de mayo The Times informó que las propias previsiones del Ministerio del Interior sugerían que el número de personas elegibles para el programa en un año sería de unos 300. El primer vuelo del martes inicialmente tenía que enviar a unas 30 personas a Ruanda. Finalmente el número se rebajó a siete.

¿Por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha paralizado el primer vuelo?

Una hora y media antes de que el primer vuelo planeado por el Gobierno británico despegara, el Tribunal de Estrasburgo acogió el recurso presentado para paralizar la expulsión de un solicitante de asilo identificado como K. N., un hombre de nacionalidad iraquí de 54 años al que a principios de junio se le notificó que su solicitud de asilo había sido declarada inadmisible y que sería enviado a Ruanda el 14 de junio. Sin embargo, el 27 de mayo de 2022, un médico del Centro de Expulsión de Inmigrantes había emitido un informe indicando que el solicitante podría haber sido víctima de tortura. La Corte ha concluido que el hombre “no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar”.

¿Qué pasará ahora?

La ministra de Trabajo y Pensiones, Thérèse Coffrey, en una entrevista a la cadena Sky News ha dicho este miércoles “estar segura” de que el Gobierno británico recurrirá la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Ante el aluvión de recursos recibidos contra las deportaciones, el primer ministro Johnson amenazó con sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos y acusó a los abogados que presentaron las demandas de ayudar a los traficantes que explotan a los refugiados en el Canal de la Mancha. “¿Será necesario cambiar algunas leyes para poder avanzar? Podría ser así y todas las opciones están en constante revisión”, dijo.

En respuesta a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Patel dijo el martes que estaba “decepcionada” pero aseguró que mantendrá los planes. “No seremos disuadidos de hacer lo correcto y cumplir con nuestros planes para controlar las fronteras de nuestra nación”, afirmó. “Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo vuelo ya ha comenzado”. Pero el programa se enfrenta a más desafíos legales y para julio se espera el fallo del Tribunal Superior de Londres sobre la legalidad del plan. El juez rechazó la semana pasada los recursos que pedían medidas cautelares contra las deportaciones, una decisión respaldada el lunes por la Corte de Apelaciones.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió paralizar el martes el primer vuelo con el que Reino Unido quería empezar a aplicar el acuerdo firmado en abril con Ruanda para deportar a “miles” de solicitantes de asilo a este país del este de África. La decisión ha supuesto un primer revés para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria del Gobierno de Boris Johnson.

La Justicia británica rechaza frenar las deportaciones de migrantes a Ruanda

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¿Qué es el acuerdo y qué prevé?

La ministra de Interior de Reino Unido Priti Patel y el ministro de Exteriores ruandés Vincent Biruta firmaron en Kigali el 14 de abril un memorándum para, según se lee en el texto, “crear un mecanismo para la reubicación de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no están siendo consideradas por el Reino Unido, a Ruanda, que procesará sus solicitudes y acogerá o expulsará (según corresponda) a las personas después de que se analice su solicitud”. El Gobierno británico ha usado la palabra “reasentar” para lo que en la práctica, según las organizaciones de derechos humanos que se han opuesto al plan, son deportaciones a un tercero país. “A partir de hoy, nuestro nuevo acuerdo de migración y desarrollo económico significa que cualquier persona que entre ilegalmente al Reino Unido, así como aquellos que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, ahora pueden ser reubicados en Ruanda”, dijo el primer ministro Boris Johnson el mismo día de la firma del acuerdo. Johnson añadió que se trataba de una medida “innovadora” hecha posible por “las libertades del Brexit”. El acuerdo prevé que Ruanda reciba a cambio una primera entrega de 120 millones de libras (unos 144 millones de euros), una cantidad que se ampliaría a medida que aumente el número de personas deportadas al país.

El Gobierno de Johnson quiere obtener un efecto de “disuasión” ante el aumento de las llegadas de migrantes a través del Canal de la Mancha. En 2021 unas 28.500 personas cruzaron el canal en pequeñas lanchas. Entre el 18 de abril y el 5 de julio, han llegado por esta vía 3.599 solicitantes de asilo, según la BBC.

¿Cuáles han sido las reacciones ante el plan?

Las asociaciones en defensa de los derechos humanos se han pronunciado en contra del plan al considerarlo una violación de las obligaciones de Reino Unido de asegurar los derechos de los solicitantes de asilo. El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó este martes el acuerdo y confió en que ningún otro país siga su ejemplo, informa EFE. Guterres, a través de su portavoz, respaldó las críticas ya expuestas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, quien el lunes dijo que la deportación de solicitantes de asilo es “un error” que podría sentar “precedentes catastróficos”.

La oposición al plan ha llegado a las altas esferas de la Iglesia anglicana. En una carta al Times, 23 obispos encabezados por el arzobispo de Canterbusy, Justin Welby -máxima autoridad de la iglesia anglicana después de la reina Isabel II- definen el plan como una “política inmoral” que “avergüenza a Gran Bretaña”.

También se cuestiona la definición de Ruanda como “tercer país seguro”. En una carta dirigida al Ministerio del Interior británico, la organización Human Rights Watch escribe: “Ruanda no puede considerarse un tercer país seguro al que enviar solicitantes de asilo, ya que Human Rights Watch y otros actores, incluido el Gobierno de los Estados Unidos, han informado sistemáticamente sobre las graves violaciones de derechos humanos en este país. El Gobierno del Reino Unido es consciente de esto, ya que el año pasado denunció el historial de derechos humanos de Ruanda durante su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos, instando a 'Ruanda a modelar los valores de la Commonwealth de democracia, estado de derecho y respeto por los derechos humanos'”.

El director de Amnistía Internacional en Reino Unido, Sacha Deshmukh, ha tachado este miércoles la política del Gobierno de “cruel” y de “espectáculo vergonzoso”. “No debemos olvidar que las personas que anoche iban a ser expulsadas a Ruanda no han hecho más que ejercer su derecho a solicitar asilo en el Reino Unido”, ha dicho. “Todo este esquema mal concebido es una repetición desesperada y triste de un acuerdo similar y ahora abandonado alcanzado por Israel en virtud del cual también expulsó a Ruanda a refugiados y personas que buscaban asilo”. Para Deshmukh el plan es “un abandono claro y vergonzoso de la responsabilidad del Reino Unido bajo la Convención de Refugiados”.

Las organizaciones como Care4Calais, que han lanzado la campagna #spodeportation, siguen ahora trabajando para frenar las deportaciones desde el punto de vista legal.

¿A cuántas personas afectaría?

Cuando anunció el plan, Johnson dijo que permitiría enviar a Ruanda a “decenas de miles” de personas. Pero desde mediados de abril los objetivos del plan se han ido reduciendo, como explica The Guardian. Ya a principios de mayo The Times informó que las propias previsiones del Ministerio del Interior sugerían que el número de personas elegibles para el programa en un año sería de unos 300. El primer vuelo del martes inicialmente tenía que enviar a unas 30 personas a Ruanda. Finalmente el número se rebajó a siete.

¿Por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha paralizado el primer vuelo?

Una hora y media antes de que el primer vuelo planeado por el Gobierno británico despegara, el Tribunal de Estrasburgo acogió el recurso presentado para paralizar la expulsión de un solicitante de asilo identificado como K. N., un hombre de nacionalidad iraquí de 54 años al que a principios de junio se le notificó que su solicitud de asilo había sido declarada inadmisible y que sería enviado a Ruanda el 14 de junio. Sin embargo, el 27 de mayo de 2022, un médico del Centro de Expulsión de Inmigrantes había emitido un informe indicando que el solicitante podría haber sido víctima de tortura. La Corte ha concluido que el hombre “no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar”.

¿Qué pasará ahora?

La ministra de Trabajo y Pensiones, Thérèse Coffrey, en una entrevista a la cadena Sky News ha dicho este miércoles “estar segura” de que el Gobierno británico recurrirá la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Ante el aluvión de recursos recibidos contra las deportaciones, el primer ministro Johnson amenazó con sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos y acusó a los abogados que presentaron las demandas de ayudar a los traficantes que explotan a los refugiados en el Canal de la Mancha. “¿Será necesario cambiar algunas leyes para poder avanzar? Podría ser así y todas las opciones están en constante revisión”, dijo.

En respuesta a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Patel dijo el martes que estaba “decepcionada” pero aseguró que mantendrá los planes. “No seremos disuadidos de hacer lo correcto y cumplir con nuestros planes para controlar las fronteras de nuestra nación”, afirmó. “Nuestro equipo legal está revisando cada decisión tomada en este vuelo y la preparación para el próximo vuelo ya ha comenzado”. Pero el programa se enfrenta a más desafíos legales y para julio se espera el fallo del Tribunal Superior de Londres sobre la legalidad del plan. El juez rechazó la semana pasada los recursos que pedían medidas cautelares contra las deportaciones, una decisión respaldada el lunes por la Corte de Apelaciones.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decidió paralizar el martes el primer vuelo con el que Reino Unido quería empezar a aplicar el acuerdo firmado en abril con Ruanda para deportar a “miles” de solicitantes de asilo a este país del este de África. La decisión ha supuesto un primer revés para una de las medidas más controvertidas de la política migratoria del Gobierno de Boris Johnson.

La Justicia británica rechaza frenar las deportaciones de migrantes a Ruanda

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