Un juez federal ha bloqueado cautelarmente el decreto del presidente Donald Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas inmigrantes sin papeles o con un estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, lo que supone el primer revés en los planes del nuevo mandatario para reformar el sistema migratorio.
El juez John C. Coughenour ha fallado a favor del recurso conjunto presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, en el que se expone que la enmienda número 14 de la carta magna es la que rige la ciudadanía estadounidense. “Esta es una orden [ejecutiva] flagrantemente inconstitucional”, dijo el juez Coughenor, quien de momento se ha inclinado para suspender el decreto temporalmente.
Con esta orden, el presidente quería poner fin así a lo que se conoce como anchor babies, que son los hijos de inmigrantes sin papeles que al nacer en Estados Unidos obtienen la ciudadanía. Los republicanos y otros grupos conservadores han atacado los anchor babies alegando que son un modo en que las personas migrantes indocumentadas pueden obtener más fácilmente los papeles en Estados Unidos. La afirmación no es cierta. Los padres siguen corriendo el riesgo de ser deportados en cualquier momento y solo tiene facilidades para empezar a tramitar la green card una vez el hijo cumple 21 años.
El decreto, que se preveía que entrara en vigor a partir del 19 de febrero, excluía automáticamente de la ciudadanía a aquellas personas cuyas madres no estén legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes legales permanentes, y aquellas cuyas madres se encuentren en el país legalmente, pero de manera temporal y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes.
No se sabe exactamente cuántos hijos de inmigrantes indocumentados nacidos hay actualmente en territorio estadounidense (conocidos como anchor babies). En un informe emitido por el Pew Research Center, calculaba que en 2016 habían nacido unos 250.000 niños de padres indocumentados en territorio estadounidense.
Los fiscales de 22 estados –la mayoría de los cuales demócratas– presentaron el martes una demanda conjunta contra la orden ejecutiva que Trump firmó para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacer en suelo americano.
Nueva Jersey, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin se unieron para presentar una demanda en el tribunal federal de New Hampshire.
Arizona, Illinois, Oregón y Washington también presentaron una demanda por separado ante un tribunal federal impugnando la orden de Trump, y que es la que el juez federal ha aceptado.
El Distrito de Columbia y San Francisco y grupos de derechos de los inmigrantes también están recurriendo la orden para frenarla.