Urgente: cambiar la prioridad

Hace dos años identificamos diez retos comunes, que se mantienen en el tiempo y han crecido en dimensiones. Nos une la defensa de los derechos humanos, el respeto al planeta, la búsqueda de un modelo económico justo, trabajo decente, servicios públicos de calidad, lucha contra la desigualdad, políticas fiscales justas, igualdad de género, participación ciudadana y políticas coherentes.

El conjunto de políticas de austeridad, la regresión democrática, el retroceso en los derechos, y el creciente deterioro del medio ambiente, son tendencias globales. El modelo económico que asocia el “progreso” al crecimiento desmedido, en detrimento de los derechos y del planeta, no ha hecho más que empeorar la situación. Esto es a su vez causa y consecuencia de que existan cifras desorbitadas de desigualdad y de pobreza, del avance sin frenos del cambio climático. Mientras tanto, una pequeña élite acumula en sus manos todo el poder económico, político, social e impide que se actúe por un futuro en el que no se quede nadie atrás.

En 2015 tuvo lugar un primer encuentro por un Futuro en Común, donde tomamos conciencia de que sólo sumando fuerzas podemos lograr transformaciones reales. Dos años después, nos reafirmamos en la importancia de un abordaje colectivo de estos desafíos y en construcción de un modelo de sociedad basado en los derechos humanos; centrado en los principios de igualdad y no discriminación de todas las personas; la participación y el empoderamiento; y en la atención prioritaria a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad como obligación de los Estados.

Un ejemplo claro de ello es la negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Europa y EEUU, pues pone de manifiesto cómo los intereses privados prevalecen sobre el bien común. Tratados como este dejan vía libre a la precarización generalizada del trabajo y la pérdida de derechos fundamentales al anteponer de forma legal los intereses de las empresas transnacionales a los derechos de las personas o el bienestar del planeta. Es, además, un claro ejemplo de cómo una política adquiere una dimensión global tanto por sus planteamientos como por sus consecuencias en las personas más vulnerables.

Reformas legislativas como las Leyes Mordaza en España (Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal) ponen en evidencia la regresión democrática que se está viviendo tanto en nuestro Estado como en el resto de Europa. Cristalizan el interés de restringir la capacidad de participación ciudadana en los asuntos de la vida pública, a través de la criminalización del libre ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de manifestación o la libertad de información. Estas reformas también han servido para criminalizar la pobreza y a las personas migrantes. Entre las mayores aberraciones de las Leyes Mordaza se encuentran las “devoluciones en caliente”, una forma de legalizar lo ilegal violando los derechos de personas refugiadas.

Es necesario un cambio urgente en las prioridades de las políticas públicas

Como ciudadanía no estamos aisladas de todo esto. Desde distintos movimientos sociales en todo el mundo, y desde diferentes organizaciones sociales, denunciamos desde hace tiempo la falta de responsabilidad política y la incapacidad de dar respuestas a estos desafíos de forma contundente y coherente con los derechos humanos. Diferentes corrientes del feminismo y del ecologismo a su vez han evidenciado las grandes fallas de un sistema profundamente desigual y patriarcal, apuntando hacia la necesidad de un cambio de paradigma. Ahora que vivimos momentos de contestación social y propuesta ciudadana a nivel mundial, necesitamos unir esfuerzos para lograr los cambios para nuestro futuro como humanidad.

Desde Futuro en Común consideramos que el único desarrollo (progreso) posible es aquel que pone en el centro a las personas y sus derechos, y que tiene en cuenta los límites ambientales del planeta. Defendemos un desarrollo que genere condiciones de partida iguales y equitativas para todas las personas, en todos los ámbitos, que lo haga desde el respeto a la diversidad de creencias, intereses, posiciones y condiciones y que no considere infinitos los recursos naturales.

Es obligación de los Estados garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos como marco fundamental del modelo social y económico, y a día de hoy es imprescindible presionar desde la sociedad civil para que cumplan su deber. La responsabilidad de los gobiernos va más allá de las políticas que se determinen en el ámbito doméstico, éstos tienen que defender los derechos en las decisiones que nos afectan como sociedad global. Su acción exterior debe contribuir a una buena gestión de los bienes públicos globales, a través de relaciones de cooperación y no de competencia entre países. Una relación que no puede obviar la deuda ecológica o social contraída por los países enriquecidos a través de las relaciones económicas injustas generadas a nivel internacional.

Por todo ello, es necesario un cambio urgente en las prioridades que guían las políticas públicas actuales. Los derechos de las personas deben estar por encima de los intereses de las empresas transnacionales. Las respuestas normativas deben garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos así como la participación ciudadana, generando canales adecuados para ello y estableciendo mecanismos de rendición de cuentas efectivos. No sólo es un síntoma de buena salud de la democracia, es una condición necesaria para solucionar los problemas que nos afectan como sociedad global.

Futuro en Común es un nuevo llamamiento para que organizaciones, redes y movimientos sociales unamos esfuerzos para avanzar hacia un mundo sin pobreza ni desigualdades, en el que se respete el planeta que habitamos. Sabemos que sí es posible y también que el tiempo se acaba. Por ello apostamos por una agenda común de acciones sociales concretas y continuadas que nos permitan avanzar hacia el futuro que queremos.

Hace dos años identificamos diez retos comunes, que se mantienen en el tiempo y han crecido en dimensiones. Nos une la defensa de los derechos humanos, el respeto al planeta, la búsqueda de un modelo económico justo, trabajo decente, servicios públicos de calidad, lucha contra la desigualdad, políticas fiscales justas, igualdad de género, participación ciudadana y políticas coherentes.

El conjunto de políticas de austeridad, la regresión democrática, el retroceso en los derechos, y el creciente deterioro del medio ambiente, son tendencias globales. El modelo económico que asocia el “progreso” al crecimiento desmedido, en detrimento de los derechos y del planeta, no ha hecho más que empeorar la situación. Esto es a su vez causa y consecuencia de que existan cifras desorbitadas de desigualdad y de pobreza, del avance sin frenos del cambio climático. Mientras tanto, una pequeña élite acumula en sus manos todo el poder económico, político, social e impide que se actúe por un futuro en el que no se quede nadie atrás.