El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extras suban los alquileres asequibles

El nuevo decreto de vivienda contiene una medida destinada a frenar el sobreesfuerzo de los inquilinos de nuevas viviendas asequibles: prohíbe que gastos extra como garaje o trastero impliquen una subida extra sobre el precio inicial de la vivienda, que acabe suponiendo un esfuerzo mayor del 30 o 35% de los ingresos para los inquilinos de los planes asequibles. Es justamente lo que hace la Comunidad de Madrid con el Plan Vive, tal y como han denunciado sus inquilinos a elDiario.es, que llegan a casi duplicar el precio que pagan sumando además gastos de comunidad y el IBI.

Concretamente, el artículo 14 del decreto de vivienda aclara que “los gastos asociados a los anejos no podrán suponer un incremento del precio de alquiler respecto al determinado para la vivienda de acuerdo con este artículo”. “Tendrá consideración de vivienda asequible aquella cuyas condiciones de precio de venta o alquiler, incluidos todos los gastos asociados al mismo, no supere el treinta por ciento de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en el que se ubique el inmueble”, determina.

Este nuevo artículo, por ser el último en vigor con respecto a la normativa autonómica de Madrid que sí lo permite, invalidaría el Plan Vive de Madrid, o al menos muchos de sus apartamentos, como proyectos de alquiler asequible. Fuentes del Gobierno estiman que “las Comunidades puede que encuentren formas de mantener estos proyectos o hacerlos en nuevo formato, pero no podrán denominarlos de alquiler asequible”.

El pasado mes de junio, más de 100 vecinos de 9 municipios de Madrid del Plan Vive se asociaron en una plataforma justamente para denunciar los sobrecostes del alquiler en forma de este tipo de gastos, así como todo tipo de problemas de mantenimiento como maleza que crece en los jardines comunes o inundaciones en las goteras.

Desde la asociación cuentan que la asamblea ha crecido ya hasta los cerca de 400 socios y que contando otros implicados hay hasta 600 que han expresado su descontento. Estiman que más del 70% destinan un esfuerzo superior al 35% y que incluso hay una parte que acaba gastando más del 70% de su sueldo al alquiler.

Los inquilinos ya han puesto denuncias, y preparan algunas más, por el cobro del IBI, que la ley prevé que corra a cargo de los propietarios. De hecho, una sentencia de 2023 ya declaró ilegal cobrar el IBI en la vivienda pública.

En el caso más extremo de los costes añadidos al de la vivienda, una persona que pagaba 900 euros de alquiler por un piso de tres habitaciones en Valdebebas, Sergio Montero, llegaba a abonar 1.500 euros al sumar los 60 del IBI, los 200 de comunidad (en el máximo legal), dos plazas de garaje obligatorias a 100 euros cada una, por encima del valor de mercado en el barrio, y un trastero por 80 euros. Eso llevaba a la pareja a gastar la mitad de su sueldo en el alquiler.

En algunos casos que pudo comprobar elDiario.es, el Plan Vive llega a obligar a coger dos plazas de garaje a viviendas pequeñas donde vive una sola persona. Era el caso de Núria, cuyo alquiler se duplica de los 514 euros del alquiler a los más de 1.036 que acaba pagando sumando dos plazas de garaje a 154 y 123 euros cada una (aunque solo tiene un coche), 40 euros del trastero, 150 de comunidad y 56 de IBI. Otro inquilino se veía obligado a pagarlas sin ni siquiera tener coche.

Los sobrecostes, antes incluso de sumar los suministros, llevaban a varios vecinos a pasar de esfuerzos de entre el 20 y el 30% de los ingresos a varios por encima del 40 y hasta del 50%, tal y como pudo comprobar con documentación elDiario.es.

El Plan Vive cuenta ya con 14.000 viviendas de las que 4.875 se han entregado en municipios como Alcorcón, Alcalá de Henares, colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. En todas ellas hay vecinos descontentos que se han interesado por la acción de la asociación en contra de los cobros.

Blindaje del derecho a compra del inquilino

La Comunidad de Madrid cede suelo público a la iniciativa privada para construir y gestionar el alquiler asequible durante 50 años. Después de ese periodo de tiempo, las viviendas se quedan en manos privadas, por lo que Avalon, socimi de la norteamericana Ares Management, las ha puesto a la venta en paquetes. Y comunicó a los inquilinos que no pueden acceder al derecho de compra preferente que prevé la ley para quien vive de alquiler.

Pero eso también contradice otro artículo del nuevo decreto de vivienda. Concretamente, en la modificación del artículo 3 de la Ley 29/1994, se incorpora que “en las ventas conjuntas se preserva el derecho de adquisición preferente de la persona arrendataria cuando la vivienda sea jurídicamente individualizable, con imputación del precio mediante criterios objetivos, y se impide la renuncia a ese derecho”.

El Plan Vive cuenta con una normativa específica que prevé que “de forma adicional a los importes de rentas indicadas”, se repercutan a los inquilinos los gastos de comunidad (la mayoría tienen jardín, piscina y conserje, lo que eleva el coste) hasta un máximo del 18% de la renta mensual del inmueble.

También precisa que se pueda repercutir el IBI mediante un prorrateo mensual, las tasas de basuras y “cualesquiera otras tasas municipales” con tal de liberar a las empresas de esos gastos.

La normativa prevé que las viviendas con una plaza de aparcamiento y un trastero puedan llegar a suponer un coste máximo del 50% del alquiler de la vivienda y en las segundas plazas de garaje hasta un 40%. Esto ya prevé la posibilidad de que dos plazas de garaje y un trastero puedan suponer un coste adicional de hasta el 90%.

Los abogados de UGT Vivienda, que se han implicado en la denuncia de los inquilinos del Plan Vive contra los cobros, están estudiando el impacto de esta medida tanto en los contratos vigentes como en los que puedan firmar futuros vecinos.

Además de esta concreción con respecto a los gastos anejos al alquiler, el decreto incluye otras medidas para la promoción de vivienda asequible. Entre ellas, la creación de un Fondo de Vivienda de Impacto Social de 400 millones de euros para financiar proyectos de vivienda social por parte de entidades sociales.

También prevé la creación de una línea de financiación de 2.000 millones para constructores de vivienda pública y prevé que toda vivienda pública estatal deba estar protegida para siempre.

Por último, prevé la absorción por parte de Casa 47 de viviendas de otros entes públicos, entre ellas las más de 4.000 viviendas que posee la Seguridad Social.