El Gobierno cambiará el sistema de renovación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el supervisor de los contratos públicos. Tras una nueva renuncia en este organismo independiente, la tercera desde que se creó en 2018, el Ejecutivo propone eliminar el sorteo que debería realizarse en breve para sustituir a mitad de su mandato a dos de sus cuatro vocales.
Según la vigente Ley de Contratos, “la primera renovación de la Oficina se hará de forma parcial a los tres años del nombramiento. Antes de cumplirse el plazo indicado se determinará, mediante sorteo, los dos vocales que deban cesar. Transcurrido este plazo, quedarán en funciones en tanto no se proceda al nombramiento de su sucesor”.
Pero una disposición final incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prevé suprimir ese sorteo al dar una nueva redacción a ese artículo de la Ley de Contratos.
La OIReScon está formada por la presidencia y cuatro vocales que fueron nombrados originalmente en diciembre de 2018. Desde entonces se han producido tres bajas, incluida la de su primera presidenta.
La última renuncia llegó el 5 de octubre, cuando dimitió la vocal titular de la División de Asuntos Generales, Laura Díez, que fue nombrada en abril de 2019 en sustitución del primer titular de esa vocalía, Pablo Martín Huerta. Este renunció menos de tres meses después de su nombramiento.
El Ministerio de Hacienda, al que está adscrita la OIReScon, ya ha convocado el procedimiento para cubrir la última baja en el organismo. Hacienda señala que con esta modificación introducida en el proyecto de la ley de Presupuestos “no se pretende un aplazamiento de la renovación parcial, sino una adaptación a la realidad de lo sucedido durante este primer periodo”.
La propuesta “tiene su razón en el hecho de que la renovación de la Oficina se ha producido de facto en los tres primeros años de su funcionamiento, al haber cesado ya dos de los vocales que componen la misma”, si bien ambos pertenecían a la misma vocalía.
“Adicionalmente y durante este mismo periodo se ha producido el cese de la primera presidenta que, como los vocales, forma parte del citado órgano colegiado”, añade el ministerio, que señala que con este cambio legal “se dotaría de seguridad jurídica al ordenamiento y de estabilidad a la composición del órgano colegiado”.
Independientes e inamovibles
Los miembros de la OIReScon, según la ley, no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada, y tienen la condición de independientes e inamovibles durante su mandato.
Salvo que les toque cesar por ese sorteo que ahora se va a eliminar, el mandato de sus miembros se extiende por un periodo improrrogable de seis años desde su nombramiento. Este lo realiza por el procedimiento de libre designación el Consejo de Ministros entre funcionarios con amplia experiencia en contratación pública.
La primera presidenta de la OIReScon fue María José Santiago, que fue uno de los primeros nombramientos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque no agotó ni la mitad de su mandato. Santiago, que procedía como Montero de la Junta de Andalucía, dimitió en junio de 2020 tras lamentarse públicamente sobre la falta de medios e independencia de esta entidad y después de publicar un duro informe sobre las contrataciones de emergencia de las distintas Administraciones durante el estado de alarma.
“No se pueden afrontar los cometidos legales de la Oficina sin dotarla de personalidad propia y de presupuesto”, lamentaría Santiago en una entrevista publicada cuando todavía estaba en el cargo. En ella criticó que la entidad se había puesto en marcha “sin contar con una previsión presupuestaria propia por el momento, lo que hace que aún carezca de los medios que necesita para poder cumplir con las exigencias legales que se le encomiendan”.
La elegida por el Gobierno para sustituirla fue María Luisa Araújo, exvicepresidenta de la Junta de Castilla-La Mancha con el socialista José María Barreda, que fue nombrada hace un año.
El proyecto de Presupuestos de 2021 prometía dotar de más medios al supervisor de los contratos públicos, como una página web propia que a día de hoy no tiene y herramientas de tratamiento masivo de datos. La entidad, que España puso en marcha a principios de 2019 por exigencia de una directiva europea, sigue sin independencia presupuestaria y funcional. Hacienda no detalla las partidas que recibe.
La OIReScon vela por la correcta aplicación de la legislación de contratación pública y se encarga de detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos en los contratos de todo el sector público. Como recordaba el pasado viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “la contratación pública tiene un notable peso en el PIB nacional (entre un 10% y un 20%) y una capacidad de arrastre importante sobre el conjunto de la economía”.