El Gobierno quiere irse de vacaciones con los deberes hechos para lanzar los Presupuestos en septiembre
El Gobierno quiere dejar sus deberes presupuestarios hechos en julio para irse de vacaciones y retomar, ya en septiembre, la redacción de las cuentas públicas para que entren en el Congreso antes del 1 de octubre, la fecha marcada en rojo en el calendario por la Constitución. En La Moncloa estudian si llevar dos veces a votación los objetivos de estabilidad en el mes de julio, para salvar ese trámite y volver del verano con todo preparado para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó este lunes el primer paso para la elaboración: la actualización de las previsiones económicas. En el Ministerio de Economía estiman que el producto interior bruto (PIB) avanzará un 2,6% este año, cuatro décimas más de lo previsto en noviembre a pesar de la guerra, con un horizonte temporal en el que el crecimiento estará por encima del 2% hasta 2029.
Y anunció que el ministro de Hacienda, Arcadi España, citará la próxima semana a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se abordará el techo de gasto y la senda de déficit. Un organismo donde el Gobierno cuenta con mayoría de los votos y solo necesita el apoyo de una comunidad (singularmente, alguna de las gobernadas del PSOE) para que sus propuestas salgan adelante.
Dos fechas para votar: 14 o 23 de julio
A partir de ahí, los tiempos aprietan al Ejecutivo. El Gobierno ha trasladado al Congreso que el acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad se debatirán y votarán en uno de los dos Plenos extraordinarios de julio: el martes 14 o el jueves 23. Para llegar a la primera fecha, la reunión del CPFF tendría que ser el próximo lunes –es una de las fechas que baraja Hacienda– y, solo un día después, aprobarse en la reunión semanal del gabinete para remitirlo a la Cámara baja. Según el reglamento del CPFF, la convocatoria ha de realizarse con al menos 72 horas de antelación y con el orden del día incluido.
El escenario más plausible, a la vista de los antecedentes en este paso previo a los Presupuestos, es que los objetivos de estabilidad decaigan en el Congreso. Y a partir de aquí la Ley de Estabilidad Presupuestaria da 30 días al Ejecutivo para aprobar otro acuerdo con esta senda para que se vote de nuevo en el Congreso. En el caso de ser rechazados el próximo 14, al Gobierno le daría tiempo a aprobarlo de nuevo y llegar al Pleno del 23 de julio, reconocen fuentes parlamentarias. O incluso plantear otro Pleno antes de que termine el mes de julio.
En el Gobierno no descartan dejar cerrada esta carpeta antes del verano para arrancar el curso con la redacción presupuestaria y sin un revolcón en el Congreso. “Vamos a ver si cabe”, responden fuentes gubernamentales preguntadas por esta posibilidad.
¿Por qué las urgencias del Gobierno en enviar una senda de déficit condenada —en principio— al fracaso? Porque la ley únicamente establece que tengan que votarse dos veces, pero no qué hacer si son rechazados por duplicado. En el Ejecutivo, ya a finales del año pasado, argumentaron que el rechazo a este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
Así, sin objetivos en vigor, el Ejecutivo podría hacer sus Cuentas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y, sin un reparto por Administraciones en vigor –esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales–, en Hacienda dan por hecho que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.
El Gobierno parece determinado a llegar, esta vez, al marco que mandata la Constitución, que fija que el Ejecutivo debe remitir los Presupuestos “al menos tres meses antes de la expiración de los del año en vigor”. Las últimas cuentas aprobadas son las de 2023, que recibieron el aval del Congreso a finales de 2022.
“Nosotros estamos trabajando en ese escenario central de ir cumpliendo los plazos”, respondió Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Vamos por ahora bien. Era necesario esperar a que se rebajara la incertidumbre, esperar a ver cuál estaba siendo el impacto [de la guerra en Oriente Medio] y a tener definidas las nuevas medidas. Estamos en ese punto, planteamos ese escenario económico que sienta las bases para la previsión de gastos e ingresos, que van a ser ese primer paso de los Presupuestos a través del techo de gasto y de la asignación de objetivos a las distintas Administraciones”, incidió.
Si el Gobierno presenta antes del 30 de septiembre las cuentas públicas, sería la primera vez en la legislatura en que los presenta “en tiempo y forma”. Otra cosa es que después haya 'agua' en el Congreso para que salgan adelante. “El esfuerzo está, o va a estar, en que los Presupuestos reflejen una agenda de política económica de una mayoría parlamentaria”, zanjó Cuerpo.