Por fin acuerdo. Los líderes de la UE han terminado por doblegar el veto de Hungría y Polonia y, con ello, han encarrilado los fondos europeos anticrisis de 750.000 millones y el presupuesto plurianual par 2021-207 de 1,074 billones. Aún quedará que este viernes pase el acuerdo por los embajadores de los 27 ante la UE y lo ratifique el Parlamento Europeo en la próxima semana. A partir de ahí, también en la próxima semana se espera que concluyan las negociaciones entre Eurocámara, Consejo y Comisión Europea para el reglamento de los fondos anticrisis –que se espera concluyan la semana que viene y sea votado en enero–; y ya sólo quedarán los procesos nacionales de ratificación del nuevo techo de gasto y los recursos propios –impuestos de ámbito europeo– para la emisión de la deuda de los 750.000 millones del fondo de recuperación, que podría empezar a llegar a partir de junio de 2021.
“Es una muy buena noticia que esto ya se haya desbloqueado”, han dicho fuentes de Moncloa: “Ahora hay que seguir con los trámites, y todo el mundo está por la labor de ir avanzando lo más rápidamente posible. Ahora es verdad que tenemos que correr, pero todo el mundo está con la voluntad política de avanzar, de correr”.
Una vez pasen todos los trámites, se pondrá en marcha el fondo de recuperación y entrará en vigor el presupuesto de la UE para 2021-2027. No parece que eso vaya a ocurra el 1 de enero, pero, al menos, ya hay vía libre. “Llevaremos algo de retraso, pero no es dramático tampoco”, explican fuentes comunitarias.
Eso sí, algo ha habido que dar a Hungría y Polonia como rescate por el secuestro de los fondos europeos que ejercían con su veto por el mecanismo de respeto del Estado de Derecho. Y también a Holanda, que siempre ha sido más ambiciosa en el mecanismo: el debate entre los 27 no se produjo hasta que estuvo disponible una evaluación jurídica solicitada por el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, sobre la propuesta de la presidencia alemana de turno de la UE.
Los servicios jurídicos del Consejo Europeo, como hicieron 24 horas antes los de la Comisión Europea, dieron el visto bueno a las conclusiones, que se aprobaron sin tocar una coma con respecto a las conclusiones. ¿Los muñidores finales del acuerdo? Los jefes de Gobierno cuyas imágenes ha distribuido el Consejo Europeo: el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente francés, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki; el primer ministro esloveno, Janez Jansa, y el secretario general del Consejo, Jeppe Tranholm-Mikkelsen.
En una conferencia de prensa previa a la cumbre, Rutte decía: “Quiero saber qué piensa el Parlamento Europeo al respecto, y quiero estar absolutamente seguro de que este compromiso no limita el funcionamiento legal y el alcance del reglamento que vincula el estado de derecho con los desembolsos presupuestarios de la UE”. Rutte también insistió en que las violaciones del estado de derecho deberían tenerse en cuenta retroactivamente, lo que significa que si Hungría o Polonia cuestionan el mecanismo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, retrasando así su puesta en marcha, es posible tener en cuenta las posibles violaciones que ocurren durante los procedimientos legales previos.
La canciller alemana, Angela Merkel, ha explicado a su llegada a la cumbre en Bruselas: “En los últimos días, Alemania ha trabajado muy duro para superar las dificultades que teníamos y encontrar una solución a las preocupaciones de Hungría y Polonia. Al mismo tiempo, por supuesto, para preservar el mecanismo de condicionalidad y el Estado de derecho como hemos negociado con el Parlamento Europeo”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, decía: “Se ha producido un bloqueo muy grave del mecanismo del Estado de Derecho. Espero que podamos concretar este compromiso en las próximas horas y permitir, tanto en el presupuesto de los próximos años, como en el Plan Europeo de Recuperación, que los primeros pagos se produzcan en las próximas semanas”. Una vez alcanzado el acuerdo, El Elíseo explicaba: “Estamos muy satisfechos con el acuerdo alcanzado esta noche, sin renunciar a nada ni al plan de recuperación ni al mecanismo del estado de derecho. Es el resultado de un esfuerzo de 6 meses realizado por iniciativa de Francia y Alemania. Se han superado los bloqueos que han existido en las últimas semanas. El acuerdo de esta noche demuestra la capacidad de los europeos de firmeza y unidad, sobre todo gracias al compromiso del presidente y de la canciller Merkel”.
Hasta tal punto estiraron la cuerda Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki que la Comisión Europea empezó a trabajar en un plan B, en un acuerdo intergubernamental que pusiera en marcha los fondos sin Hungría y Polonia; y hasta tal punto que el Gobierno de Angela Merkel lanzó un ultimátum: o Hungría y Polonia transmitían alguna señal positiva, o se quedaban fuera de las ayudas por la pandemia.
En realidad, el mecanismo que vincula el dinero europeo al respeto al Estado de Derecho es parte del acuerdo político que unánimemente se alcanzó en julio entre los 27, y que ahora Hungría y Polonia tenían bloqueado. Eso sí, algo que han conseguido Polonia y Hungría con su pulso.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que estaba “contenta”: “Me alegra que hayamos encontrado un camino a seguir, y el mecanismo de condicionalidad se ha mantenido sin cambios, esto es crucial para mí”, dijo von der Leyen, y agregó que esperaba que el presupuesto de 1,8 billones de euros y el paquete de recuperación pudieran ahora avanzar “porque las empresas europeas y los ciudadanos europeos lo necesitan”.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que la UE necesitaba que se adoptara el fondo de presupuesto y recuperación, pero también requería la “certeza de las soluciones legales”.
“Y para mantener esto, tenemos que evitar una decisión arbitraria y políticamente motivada” con respecto al vínculo entre el estado de derecho y los fondos de la UE, dijo Morawiecki. Añadió que las conclusiones de compromiso “precisas” que Polonia acordó junto con Hungría y la presidencia alemana del Consejo definían una “línea de demarcación” entre el control presupuestario, las normas anticorrupción y antifraude, por un lado, y el estado de derecho, regulaciones de la ley por otro lado.
“La combinación de estos dos crea una situación muy peligrosa en la que premisas con motivaciones políticas pueden estar detrás del mecanismo de atacar a cualquier país”, dijo Morawiecki. “Hoy tememos que nos ataquen de forma injustificada pero, por supuesto, en el futuro cualquier país… también podría ser atacado. Y para evitar esta incertidumbre y ambigüedad hemos elaborado unas conclusiones que son un requisito previo para seguir adelante con el proceso”.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se dirigió a las cámaras en inglés y dijo: “Hoy luchamos por la unidad de nuestro continente común”.
“El Parlamento no está preparado para ver cuestionados los resultados que hemos logrado”, ha afirmado el presidente de la Eurocámara, David Sassoli este jueves: “Espero que se encuentre una solución que nos permita votar sobre el Marco Financiero Plurianual y el Reglamento sobre el Estado de Derecho la próxima semana. Por supuesto, examinaremos en detalle las conclusiones del Consejo Europeo y esperamos que sean coherentes con el espíritu y la letra del compromiso alcanzado, en particular sobre las medidas para salvaguardar el Estado de Derecho”.
El texto dice que “el presupuesto de la Unión debe protegerse contra todo tipo de fraude, corrupción y conflicto de intereses, y que la aplicación del mecanismo de condicionalidad será objetiva, justa, imparcial y basada en hechos, garantizando el debido proceso, la no discriminación y la igualdad de trato de los Estados miembros”.
“Para asegurarlo”, dice el borrador de conclusiones, “la Comisión tiene la intención de desarrollar y adoptar directrices sobre la forma en que aplicará el Reglamento, incluida una metodología para llevar a cabo su evaluación. Dichas directrices se elaborarán en estrecha consulta con los Estados miembros. En caso de que se interpusiera un recurso de anulación en relación con el Reglamento, las orientaciones se ultimarán tras la sentencia del Tribunal de Justicia para incorporar los elementos pertinentes derivados de dicha sentencia. La presidenta de la Comisión Europea informará plenamente al Consejo Europeo. Hasta que se finalicen dichas directrices, la Comisión Europea no propondrá medidas con arreglo al Reglamento”.
Es decir, Polonia y Hungría ganan tiempo con esto, algo más de un año si hay que esperar a una resolución del tribunal con sede en Luxemburgo, un plazo que, quizá, le sirva a Orbán para aspirar a la reelección en 2022 sin sanciones europeas. Además, la Comisión Europea, teórica guardiana de los tratados, no podrá actuar hasta que haya resuelto el tribunal.
“La mera constatación de que se ha producido una infracción del estado de derecho no basta para activar el mecanismo”, dicen las conclusiones, en otro claro gesto a Budapest y Varsovia: “Los factores desencadenantes establecidos en el Reglamento deben leerse y aplicarse como una lista cerrada de elementos homogéneos y no estar abiertos a factores de diferente naturaleza. El Reglamento no se refiere a deficiencias generalizadas. Toda apertura formal del procedimiento irá precedida de un diálogo con el Estado miembro a fin de darle la posibilidad de remediar la situación”.
Pero no es el único gesto, se les concede un freno de emergencia y elevar su caso a una reunión de líderes si no está satisfecho con cómo la Comisión Europea lleva su caso: “En caso de que el Estado miembro en cuestión presente una solicitud, el Presidente del Consejo Europeo la incluirá el punto en el orden del día del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se esforzará por formular una posición común al respecto”.
Además, se le ofrece a Hungría y Polonia cierta literatura de su gusto: “El Reglamento debe aplicarse respetando plenamente el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la UE, en particular las identidades nacionales de los Estados miembros inherentes a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales, el principio de atribución, así como los principios de objetividad, no discriminación e igualdad de trato de los Estados miembros”.
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