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Así queda el IVA de los alimentos básicos tras la reducción del impuesto al aceite de oliva

Llenar el carrito de la compra se ha convertido en un ejercicio asfixiante. El 'bolsillo' de los trabajadores cada vez sufre vez más en las incursiones al supermercado. Aunque la inflación de los alimentos se moderó al 4,4% en mayo (la tasa internanual llegó a dispararse al 16,6% en febrero de 2023), los precios no han parado de aumentar cada mes muy por encima de los salarios desde mediados de 2021. La principal medida del Gobierno de coalición para aliviar este daño a las familias, sobre todo a las más vulnerables, fue el recorte del IVA a los alimentos básicos desde principios de 2023. Esta bajada del impuesto caducaba a finales de este mes, pero el Ejecutivo ha decidido prorrogarla en el Consejo de Ministros de este martes, con un esfuerzo extraordinario para controlar el precio del aceite, totalmente desorbitado en esta crisis de inflación.

El aceite, que ya pasó del 10% al 5% de IVA desde el decreto anti crisis que se empezó a desplegar en enero de 2023, formará parte ahora del grupo de productos de primera necesidad —el pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras— que tienen un tipo del 0% desde el año pasado (en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces) hasta el 30 de septiembre. A partir de octubre pasarán al 2% de IVA, hasta final de año.

“Cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el aceite se quedará con el IVA reducido del 4%”, ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero ha reconocido que esta prórroga y la subida progresiva, a partir del 1 de octubre, combinan el mantenimiento de las medidas de alivio a la subida de precios que se pusieron en marcha con la guerra en Ucrania con la exigencia de la Comisión Europea de ir recuperando la fiscalidad previa a la invasión rusa de Ucrania.

La prórroga de la rebaja del IVA del 10% al 5% es ahora solo para “las pastas alimenticias” y los aceites de semilla hasta el final de septiembre. De ahí a diciembre, el IVA de estos productos será del 7,5%. En total, el coste de esta medida va a alcanzar una cifra cercana a los 4.500 millones de euros desde que se empezó a aplicar en enero de 2023, como una medida “temporal” y extraordinaria.

Según calcula el Banco de España, la rebaja del IVA de los alimentos ya ha costado entre 2.900 millones y 3.400 millones. El coste estimado por el Ministerio de Hacienda para los primeros meses de 2024 fue de 100 millones por la aplicación del 5% de IVA a aceites comestibles y pastas alimenticias y de 734 millones por el IVA al 0% a los productos alimenticios básicos. Es decir, la cifra crecería otros 1.000 millones más, aproximadamente.

El coste total de todas las medidas tomadas desde 2021 para aliviar el daño de la inflación es de alrededor de 50.000 millones, siendo las medidas más caras las relacionadas con la electricidad (que superan los 20.000 millones entre todas: recorte del IVA de la factura, del impuesto especial, subvenciones al sector...) y las deducciones en el IRPF (impuesto de la renta).

Precisamente, se han prorrogado otras medidas del decreto anti crisis que decaída al final de este mes de junio, como la rebaja del IRPF para las familias con menos ingresos, exactamente para las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero que beneficiará a las rentas hasta 22.000 euros brutos anuales. “La suma de las medidas fiscales, entre IVA e IRPF, suponen para las familias un ahorro de 3.000 millones de euros al año”, ha apuntado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

“También extendemos el escudo social para los colectivos más vulnerables, que también se benefician de las medias anteriores”, ha añadido Montero. Este escudo social incluye la prohibición de cortes de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, hasta final de año, y la prórroga de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. Además, el nuevo decreto anti crisis hace indefinida la tarifa de último recurso (la TUR) de gas para las comunidades de propietarios.

Mientras, el IVA del recibo de la luz de los contratos domésticos apunta a su regreso al valor reducido del 10% en julio, con el repunte en el precio del mercado mayorista de la electricidad por encima del listón de los 45 euros por megavatio hora (MWh) en este mes de junio, según contempla el primer decreto anti crisis, de 2021.

Señales de alivio en el precio del aceite

Con la bajada del IVA, a partir de la próxima semana, comprar un litro de aceite de oliva tiene que ser ligeramente más fácil, porque supondrá un respiro de alrededor de 40 o 50 céntimos por cada litro, en función de si es virgen extra o no. Un cambio en el impuesto que llega en un momento donde este producto ya comienza a dar ciertas señales de alivio, aunque muy tenues, después de tres años de escalada, en la que ha llegado a encarecerse cerca de un 200%.

La inflación en el aceite de oliva ha estado directamente ligada al desplome de la producción, por la persistente sequía de los últimos años. Sin embargo, la cosecha de este 2024 sí apunta una mejoría, aunque aún no se note mucho al hacer la compra. En mayo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoció que la producción aceitera de este año será un 28% más alta y superará las 850.000 toneladas. Hay que tener en cuenta que España viene de las peores cifras de la historia, así que cualquier incremento ya supone una mejoría.

“Se espera que los precios se sitúen por debajo de los altos niveles registrados en la actual campaña”, adelantó Agricultura, semanas antes del cambio en el IVA del aceite, aunque el precio en origen del virgen extra sigue por encima de los 800 euros por cada 100 kilogramos, según las estadísticas que publica el Ministerio encabezado por Luis Planas. De hecho algunas compañías, como Deoleo, la dueña de Carbonell u Hojiblanca, ya adelantaron hace meses que sería en este mes de junio cuando comenzaría a notarse un respiro en los precios. 

Ahora queda esperar que la reducción del IVA se traslade de forma inmediata a los precios de venta. Algunas asociaciones de consumidores, como Facua, aseguraron que, en 2023, la bajada del IVA no supuso un alivio al ir al súper, porque casi la mitad de los alimentos se encareció aunque soportase una menor fiscalidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin embargo, aseguró lo contrario. “A la vista de los resultados, la mayor parte de los artículos afectados por la reducción de tipos del IVA ha registrado una rebaja en su precio en línea con lo esperado, en algunos casos superior”, justificó el supervisor de la competencia, que estudió cadenas de distribución como Mercadona, Dia o Carrefour, entre otras, y analizó cerca de 60.000 referencias. “Los productos no comprendidos en la rebaja de los que se han recopilado precios han visto incrementado su precio o no han registrado apenas variaciones, en contraste con lo observado en el caso de los alimentos afectados por la medida. Por último, algunos artículos presentan reducciones en su precio inferiores a la esperada. Sin embargo, en estos casos, la diferencia es muy reducida, por lo que no puede descartarse que se deba al redondeo u otros factores puntuales”, sentenció.

María Jesus Montero ha incidido tras el Consejo de Ministros que la reducción del IVA se da en paralelo a la puesta en marcha de la Ley de la Cadena Alimentaria, para garantizar que el sector primario no cobre menos que lo que cuesta producir los alimentos, y que se ha vigilado que la reducción del IVA se haya ido trasladando a los precios. “Catalogamos al aceite de oliva como alimento básico” y “seguiremos observando el mercado para que el precio de los alimentos sea asequible”.

Los supermercados han aumentado sus márgenes de beneficio

4.500 millones de dinero público que el Estado deja de ingresar con una rebaja fiscal que no convence prácticamente a ningún experto. La crítica más directa es que los supermercados trasladan parte de esta bajada de impuestos a los precios de venta principalmente porque controlar administrativamente que esto no ocurra “es imposible”, asegura un experto de la Agencia Tributaria que prefiere no ser citado.

La teoría dice que, efectivamente, una bajada del IVA en un mercado con poca competencia y demanda muy inelástica (que no se reduce drásticamente aunque se disparen los precios por ser productos de primera necesidad) puede saldarse con un mantenimiento de precios y un aumento de beneficios. 

Los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales apoyan esta tesis. Desde 2023 hasta el primer trimestre de este 2024, los supermercados han elevado su capacidad de convertir sus ingresos en ganancias. Es decir, han elevado sus márgenes de beneficio. Una de las primeras evidencias destaca en el comportamiento del diferencial entre las compras de las empresas de distribución (los costes) y sus ventas, que ha ascendido desde los 3.700 millones de euros a 4.000 millones, comparando la media móvil de los últimos cuatro trimestres desde hace un año. El crecimiento de este “margen bruto” es del 8%. 

Una mejora que se ha traducido en un salto similar para el resultado bruto de explotación (una forma de medir los beneficios), según los datos de la empresas de “comercio al por menor en establecimientos no especializados”, que recoge el Observatorio de Márgenes y en el que se encuentran los supermercados.

La medida “no sirve para lo que dicen que está diseñada, que es para controlar la subida de los precios de los alimentos, porque estos dependen fundamentalmente de las cadenas globales de producción y distribución, y de cómo los diferentes shocks se han ido trasladando a precios en cada uno de los países”, reflexiona el profesor de la URJC Iván Ayala.

Otra crítica a la rebaja del IVA de los alimentos, común a todas las medidas generales (no focalizadas en los más vulnerables), es que “los beneficios se concentran fundamentalmente en los tramos altos de renta, porque aunque en proporción las rentas bajas gasten más en alimentos, el valor de lo que consumen la rentas altas es mayor, y por tanto también el ahorro”, señala Iván Ayala.

Ayudas para comprar coches eléctricos

En el mismo paquete de medidas, el Gobierno ha aprobado la ampliación del Programa de Apoyo a la Movilidad Eléctrica, conocido como MOVES III, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. Supone incentivos para la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga, pero aún está por determinar la dotación económica que va a suponer, que se canalizará a través del IDAE.

El nuevo decreto anti crisis incorpora un refuerzo de “los incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades a los vehículos eléctricos promoviendo una amortización libre”, para “promover las inversiones en nuevos vehículos eléctricos y en nuevas instalaciones de recarga”. Esta medida beneficia a inversiones nuevas que entran en funcionamiento en los periodos impositivos iniciados en 2024 y 2025. En total, es un paquete de ayudas de 626 millones de euros.

Del mismo modo, se extiende “seis meses, hasta finales de 2024, el plazo para que las empresas gasintensivas receptoras de las ayudas de compensación de los costes adicionales derivados del aumento del precio del gas natural puedan acreditar el cumplimiento efectivo de pago a sus proveedores”. Por último, sigue “el mecanismo de apoyo para garantizar la competitividad de la industria electrointensiva hasta el 31 de diciembre de 2024”, y “la flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2024”.

Además, se prorrogan las ayudas a La Palma, a través de una prórroga de los beneficios fiscales establecidos en el IBI y en el Impuesto de Actividades Económicas para los afectados por la erupción del volcán y se amplía seis meses más de la suspensión de obligaciones de pago de los préstamos y créditos con y sin garantía hipotecaria concedidos a afectados. También se amplía la prestación por cese de actividad y de la exención en el pago de cuotas a la Seguridad Social para los autónomos obligados a parar Prórroga de los ERTE vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en las empresas afectadas por el volcán.