El Gobierno pasará al alquiler social las viviendas de la Seguridad Social ante la presión del Sindicato de Inquilinas

elDiario.es

22 de mayo de 2026 11:30 h

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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado entre protestas del Sindicato de Inquilinas que incorporará a Casa 47, la empresa pública de vivienda, las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social y frenará todas las subastas y ventas. Lo ha dicho mientras activistas de la vivienda se encerraban en la sede de la Seguridad Social “hasta que las 800 viviendas sean públicas”.

El acuerdo ya estaba cerrado antes de las protestas, informan desde el Ministerio y reconocen desde el Sindicato, pero “el Gobierno incumplió el compromiso” y puso viviendas a subasta posteriormente, dicen desde el colectivo, lo cual les ha llevado a las calles. Además, denuncian que el Ministerio no haya aceptado las pórrogas de los contratos de alquiler de los inquilinos que hoy viven allí y que incluso se hayan ejecutado órdenes de desahucios-

El acuerdo llega después de que, el pasado abril, la subdirectora general de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegara la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.

El Sindicato se ha manifestado solo dos días antes de la gran manifestación por la vivienda el próximo domingo y exigía al Gobierno y a la Tesorería General de la Seguridad Social “poner fin a los procedimientos de desahucio de las inquilinas de la TGSS, poner fin a todas las subastas para garantizar la permanencia de las viviendas públicas, ceder una parte de los locales comerciales a sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro que defienden el derecho a la vivienda o alquilar locales a cooperativas sociales”.

Las activistas también pedían “ceder los solares urbanizables disponibles para la construcción de vivienda público-cooperativa en cesión de uso cuyos requisitos de entrada sean los mismos que los de las VPO” o “ceder solares no urbanizables a asociaciones con finalidad de construir huertos urbanos y refugios climáticos”.

“No nos vamos hasta conseguir un acuerdo. Es intolerable que se subasten viviendas públicas de la Tesorería a fondos buitre”, ha asegurado tras el encierro Alicia del Río, portavoz del Sindicato. “Mientras tanto, todas las vecinas están recibiendo órdenes de desahucio. Exigimos el fin de los desahucios, la renovación de los contratos y el fin de las subastas”, ha señalado. “No puede ser que el Gobierno que se dice progresista se comporte como el peor fondo buitre diciendo que va a construir vivienda mientras dilapida las que ya están construidas”. “Esto lo hemos hablado, se habían comprometido a paralizar las subastas y ayer vimos una. Subastan viviendas, locales y solares que deberían ser de la ciudadanía. No nos vamos a ir hasta que no vengan la ministra Elma Saiz e Isabel Rodríguez y se alcance un acuerdo”.

Las inquilinas denunciaban que las 800 viviendas que quieren proteger “fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. Sin embargo, desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a inversores a precios desorbitados, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares”.

Por eso denunciaban “la contradicción entre los discursos del Gobierno y la realidad de sus políticas”: “Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la ministra Rodríguez hablan de blindar y ampliar el parque público de vivienda, la Tesorería expulsa a decenas de familias de sus hogares y vende el patrimonio público”.El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incorporar las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al parque público estatal de alquiler asequible.