La Seguridad Social deniega la prórroga del alquiler a inquilinos de sus viviendas en varios barrios de Madrid
La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.
Así se lo ha comunicado este organismo dependiente del departamento que dirige Elma Saiz a los vecinos afectados por la venta de estas viviendas públicas en una comunicación oficial fechada el pasado día 30, consultada por Europa Press. En ella, se deniega la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años aprobada en el Real Decreto-Ley 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual.
Una decisión que afecta a numerosas viviendas vacías situadas en el centro de Madrid en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico que proceden de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012.
El Ministerio de Inclusión ha explicado a EFE que se trata de contratos extinguidos desde 2017 y que la TGSS se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes.
La Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la TGSS respondió a los inquilinos en un escrito fechado el 30 de marzo, en el que les aclara que el decreto ley con la prórroga de dos años solo aplica a los alquileres sujetos a la Ley de arrendamientos urbanos y les recuerda que los suyos ya no lo están, puesto que los contratos se extinguieron el 4 de enero de 2017.
No obstante, finalizado el plazo la TGSS no requirió a los inquilinos que abandonasen la vivienda, por lo que continuaron con sus alquileres de forma tácita.
“Sorpresa e incredulidad” de los vecinos
La denegación de la prórroga por parte del Ministerio ha sido acogida con “sorpresa e incredulidad” por los afectados al tratarse de una medida aprobada por el propio Gobierno pero que no se aplica en las viviendas cuyo casero es público y estatal, como sucede en este caso, según ha apuntado el Sindicato de Inquilinas de Madrid en un comunicado.
Al hilo, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han subrayado que “no existe ningún impedimento legal” para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años mientras se inicia “una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio”.
Los inquilinos han denunciado en múltiples ocasiones que ningún responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda se ha reunido con ellos para dar explicaciones sobre la venta de las viviendas. Asimismo, han llegado incluso a ocupar la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir una reunión, así como a interrumpir los actos de las subastas de las viviendas, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
En este sentido, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha recalcado que este movimiento “no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización y reforzar las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta” de estas viviendas.
El sindicato ha apuntado que la propia ministra de Vivienda “insiste públicamente en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda”, pero no ha dado “ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas, que suponen una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda”.
En la misma línea, desde este sindicato han tildado de “incoherente” que el Ministerio de Vivienda anuncie esta semana la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar a inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares.
“Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo”, ha advertido el sindicato.
Los vecinos, agrupados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han subrayado que “darán la batalla” en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, “hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino”.
Así, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han denunciado la opacidad del proceso y han asegurado que los vecinos no van a abandonar sus viviendas, sumándose a la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice sus viviendas.