Lo que no me ha pasado a mí
Lidia Falcón
Cuando César Falcón, mi padre –escritor, periodista, director del periódico del Partido Comunista Mundo Obrero y de la emisora de radio que retransmitía las crónicas de la guerra, Altavoz del Frente–, salió de España en marzo de 1939 huyendo de la persecución de las tropas franquistas para exiliarse en Francia y posteriormente en México, nunca creyó que jamás podría regresar a aquel país que había sido su patria durante 20 años y por cuyo progreso había luchado hasta el último minuto.
Cuando Carlota O’Neill de Lamo –hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill–, esposa del capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, fue detenida en Melilla dos días después de que su marido fuese fusilado por las tropas facciosas que se habían alzado en armas contra el Gobierno de la República, nunca pudo imaginar que 72 años después, y en plena democracia española, no se habrían investigado y juzgado todavía los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura que encabezaba Franco. Tampoco hubiera podido imaginarlo cinco años más tarde, cuando salió de la prisión melillense, viuda, sin conocer siquiera la tumba de su marido, y recogió a sus dos hijas, María Gabriela y Carlota, de ocho y diez años, en el asilo de huérfanos de militares de Aranjuez.
Ni cuando tuvieron que exiliarse en Venezuela, ocho años más tarde, ni ella ni mi madre ni mi abuela, Regina de Lamo, pudieron imaginar, terminada la II Guerra Mundial y abandonada España por las potencias democráticas a los horrores de la dictadura, que en 2008 la Audiencia Nacional española, ya en democracia, impidiese que los descendientes de las víctimas buscasen los restos de sus antepasados, tirados en las cunetas de las carreteras y en las peñas de los montes, como si de perros abandonados se tratase.
Las décadas han transcurrido, indiferentes al sufrimiento de las víctimas de la represión franquista: 200.000 desaparecidos, 250.000 fusilados, 600.000 encarcelados, un millón de exilados (en proporción a su población, 22 millones de habitantes, España es el país con más pérdidas humanas derivadas de una guerra civil).