La Audiencia de Álava suspende la vista previa del caso de la OPE de Osakidetza por un posible cambio en el tribunal
Finalmente, el 20 de abril no habrá vista previa de cara al juicio de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Según una providencia de la Audiencia Provincial de Álava con fecha de este miércoles, “se deja sin efecto el señalamiento previsto [...] en atención a la posibilidad de un cambio en la composición del tribunal”.
No se explica más en la comunicación trasladada a las partes de los motivos del posible cambio en la terna de jueces que iban a dirigir este proceso, de la sección segunda de lo penal de la Audiencia alavesa. Simplemente se indica que se pospone 'sine die' este trámite previo para un juicio que nunca ha llegado a tener fecha.
Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología.
Son dos las personas que se sentarán en el banquillo, la opositora Thais Salas y el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal evaluador y pariente en aquel momento de la aspirante. La examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.
La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. LAB y ESK, sindicatos personados como acusación, plantean condenas más elevadas. En un primer momento se barruntó la posibilidad de que los imputados llegaran a un acuerdo para admitir los hechos a cambio de una rebaja sustancial de la condena efectiva pero fuentes de su entorno lo descartan de plano. Su estrategia pasa por defender su inocencia total hasta el final.