Los dos únicos acusados en el juicio por las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza rechazan un acuerdo
Fuentes próximas a los dos únicos imputados que finalmente se sentarán en el banquillo de los acusados en una fecha indeterminada en el caso de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, una opositora del examen de Cirugía Plástica y un vocal del tribunal, señalan con rotundidad a este periódico que no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno por el que puedan recibir una pena rebajada a cambio de confesar irregularidades. El próximo lunes, 20 de abril, se celebrará una vista preliminar en la Audiencia de Álava donde, entre otras cuestiones previas, se tocará la posibilidad de una conformidad, una hipótesis lanzada en su momento por la Fiscalía pero que no tiene visos de cristalizar.
Los exámenes de Osakidetza bajo investigación se celebraron en mayo de 2018. Un mes después, elDiario.es/Euskadi y la Cadena Ser informaron de las primeras denuncias de la existencia de filtraciones. Abarcaban a decenas de categorías y se repetía un patrón común: notas altas y rayanas a la perfección en el caso de aspirantes cercanos a los autores de las preguntas. Una tortuosa instrucción, con cambios constantes de magistradas, ha desembocado en un juicio con todo archivado salvo las incidencias de Cirugía Plástica a pesar de indicios y testimonios en muchas más pruebas como Anestesia, Angiología o Cardiología. Aquí, la examinanda logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por su allegado, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.
La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen, de cuyo tribunal era integrante, a la opositora, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero ahora las defensas de los imputados descartan de plano esa opción.
Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos personados piden penas más elevadas que la Fiscalía. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos.
El doctor y la opositora, de su lado, han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”. Las fuentes consultadas insisten en esa tesis e incluso aventuran que la vista previa apenas durará “cinco minutos” porque no hay nada que acordar antes del juicio, cuya fecha es desconocida. Sí se deberá de concretar si, como desea LAB, el consejero en el momento de los hechos, Jon Darpón, acude o no como testigo a la vista oral.