La Fiscalía pide cárcel e inhabilitaciones por las filtraciones de preguntas en la OPE de Cirugía Plástica de Osakidetza de 2018
La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Alfredo Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen de Cirugía Estética de las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018, de cuyo tribunal era integrante, a una opositora, Thais Salas, a la que le unía un vínculo familiar. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Eso sí, se estima “probable” que se pueda alcanzar una conformidad si ambos admiten los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas.
Estos hechos son los únicos que llegarán a juicio de la docena de exámenes en los que existieron sospechas de filtraciones en la OPE de Osakidetza de hace ya ocho años, tras la que tuvo que dimitir tanto el consejero de Salud de entonces, Jon Darpón, del PNV, como la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, así como el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. En el resto de casos, la investigación -con muchos parones y que ni siquiera revisó todos los exámenes denunciados- no fue concluyente a pesar de los intentos de las dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK.
Según la fiscal del caso, Cristina Vicente Briansó, es claro que Martínez Flórez, como miembro del tribunal del examen de una de las especialidades, “filtró las preguntas” a una opositora concreta, la pareja de su hijo. Se indica que los exámenes fueron en mayo de 2018 y que en marzo de ese año el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) le había encargado la realización de 50 preguntas teóricas, “firmando para ello un contrato de confidencialidad”. Salas “contestó correctamente a 48 de las 50” preguntas de esa parte, por 24 de 50 del resto de la prueba. Su nota final quedó “muy por encima del resto de opositores”.
Expone la Fiscalía que en un “descanso” de ese examen Salas fue “advertida” de las “sospechas” sobre sus resultados. Le “recomendaron” que se retirara, pero no lo hizo. Finalmente, 48 horas después sí comunicó que renunciaba a la plaza y quedó “eliminada” de las listas. A juicio de la acusación pública, el doctor incurrió en un delito de revelación de secretos “con grave daño” para la causa pública o para terceros y Salas en un “intento”. Así, pide dos y un año de prisión, entre otras penas accesorias.
La magistrada de Vitoria Blanca Ester Díaz Pulido ha decretado, a la luz de este escrito, la celebración de juicio oral, para el que aún no hay fecha. El resto de imputados, miembros de tribunales y opositores de otras categorías, quedaron totalmente exonerados en una fase anterior. El tribunal encargado será la Audiencia Provincial de Álava.
LAB quiere al exconsejero Darpón de testigo en el juicio
Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, los sindicatos personados piden penas más elevadas. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados, por ejemplo. La central expone que el consejero Darpón -al que intentó imputar sin éxito- realizó cambios en la confección de los exámenes en busca de “transparencia” y que, por ello, se externalizó una parte de la confección de las preguntas al IVAP. Sin embargo, como el IVAP no tenía especialistas, tiró de facultativos de Osakidetza.
Sobre el caso concreto, recalcan que solamente cinco aprobaron la prueba de Cirugía Plástica y que “siendo la mejor nota 58 sobre 100” la ahora procesada obtuvo 72 “en una examen que se caracterizó especialmente por su dificultad”. Insisten en que Darpón, cuando dio explicaciones públicas por las denuncias de filtraciones, no ofreció la realidad de lo sucedido en Cirugía Plástica. Es más, LAB desea que el exconsejero -ahora alto cargo de la empresa sanitaria privada Keralty- comparezca como testigo en el juicio, al igual que Múgica, Soto y otros excargos. “No se sentarán en el banquillo los responsables de generar un espacio de impunidad tal que propició actuaciones tan burdas como la registrada en Cirugía Plástica. Confesarán y admitirán lo que son, cabezas de turco [sic] de todo un sistema corrupto y clientelar”, ha señalado la central.
De su lado, ESK, con un escrito mucho más escueto en su parte de relato fáctico de los hechos, pide dos años de cárcel para ambos imputados. Sostiene que “como consecuencia de estos hechos” hubo un perjuicio para el resto de opositores, básicamente porque la investigación forzó una paralización cautelar de las asignaciones de plazas que se mantiene hasta ahora, ocho años después. Se da la circunstancia de que LAB sí cita a declarar a los tres afiliados de ESK que denunciaron irregularidades en esta OPE -en concreto, en la categoría de Anestesiología- pero no figuran en la propuesta de su organización.