Un hostelero de Asturias elude el ingreso en prisión por abuso sexual a cuatro menores a cambio de indemnizaciones
El empresario Javier F.D., de 70 años, ha admitido este martes en la Audiencia Provincial de Asturias que abusó sexualmente de cuatro menores de edad -dos parejas de hermanos- con edades entre 10 y 17 años, a los que conocía por la amistad que mantenía con sus padres al ser clientes habituales de sus establecimientos de hostelería ubicados en el concejo de Langreo.
A pesar de que ha reconocido explícitamente la comisión de tocamientos, masturbaciones y que les mostraba videos de contenido pornográfico, por los que ha asumido penas que suman cinco años de cárcel, eludirá su entrada en prisión al no superar de forma individual cada pena impuesta los dos años y condicionar su ingreso al abono de sendas indemnizaciones de 30.000 euros a dos de las víctimas, ya que otras dos ya fueron resarcidas económicamente.
Gritos de “pederasta”
El hostelero entraba esta mañana a la sede de la Audiencia para ser juzgado a puerta cerrada por delitos continuados de abuso sexual que, tras la reforma penal, se encuadrarían actualmente en los delitos de agresión sexual. La Fiscalía solicitaba para él penas que ascendían a ocho de cárcel, mientras que la acusación particular elevaba su petición a 12 años de prisión.
Tras comparecer ante los magistrados de la Sección Segunda y asumir su responsabilidad en las imputaciones, el acusado abandonaba la sede judicial en libertad acompañado de su abogado tras sellar un acuerdo muy beneficioso para él. A su salida, un grupo de familiares le increpaba al grito de “pederasta”.
Evitar la cárcel
Algunas de las víctimas no se atrevían a verbalizar lo que ocurría cuando se quedaban a solas con el hostelero, bien en el local que regentaba, en el interior de su vehículo o en un restaurante también de su propiedad. Temían que fuera “intocable” y que no les creyeran si denunciaban, según llegaron a exponer a elDiario.es Asturias tras la detención del hostelero.
La Fiscalía asturiana ha anunciado hoy que se pronunciará sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, es decir, sobre la posibilidad de que el acusado no ingrese en prisión, una vez que éste haya satisfecho las responsabilidades civiles.
Dos parejas de hermanos
La Fiscalía sostiene que el acusado abusó de dos hermanos, que actualmente tienen 31 y 21 años, y de otros dos hermanos que cuentan hoy en día con 23 y 20 años.
Según el relato fiscal, cuando el menor de los dos primeros tenía entre 10 y 15 años, entre los años 2014 y 2019, el acusado le empezó a dar regalos para ganarse su confianza y aprovechaba cuando se quedaba a solas con él para cometer los abusos sexuales.
Uno de los delitos admitidos prescribió
Cuando estaba a punto de cumplir los 16 años, este adolescente fue consciente de que esos comportamientos no eran adecuados, por lo que, según la acusación pública, “decidió poner fin a los mismos”.
Sin embargo, presentó la denuncia el 5 de enero de 2024, cuando ya habían transcurrido más de diez años desde su mayoría de edad, por lo que los hechos se consideraron prescritos.
La minoría de edad de las víctimas
Ni la amistad con los padres, ni la minoría de edad de los cuatro niños impidieron al acusado mantener los mismos comportamientos sexuales. Hoy ha reconocido sin ambages todo el relato fiscal y se ha comprometido a pagarles una indemnización por el daño moral ocasionado. Se ha comprometido ante el tribunal a pagar 30.000 euros al joven que le denunció y cuyos hechos están declarados prescritos, así como a su hermano. Los otros dos hermanos ya habían sido indemnizados previamente.
Una cuantía económica que le ha valido no solo para eludir la prisión, sino que incluso ha jugado a su favor al serle aplicada la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño.
La condena
Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó penas que suman cinco años de prisión (dos años por uno de los delitos y 1 año y 6 meses por cada uno de los otros dos), con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y prohibición de aproximación a las víctimas, a sus domicilios, lugares de trabajo u otros que frecuenten, así como de comunicar con ellas por cualquier medio, todo ello durante tres años.
Además, se le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante seis años por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales continuados.
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