Denuncian que ambulancias de Osakidetza siguen estando a nombre de Grup La Pau un año después

Según el registro oficial del Ministerio de Transportes, la empresa catalana Grup La Pau sigue teniendo a su nombre las autorizaciones de algunas de las ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), aunque hace ya hace un año que vio rescindidos sus contratos en Bizkaia y en Álava por un cúmulo de irregularidades y traspasó esas unidades a Bizkanb (Alsa/Sanir y Baztan Bidasoa) y Ambulancias Gipuzkoa, respectivamente. En paralelo, el sindicato LSB-USO, mayoritario en las ambulancias vizcaínas, ha interpuesto una denuncia penal ante un juzgado de Bilbao por estos mismos hechos, si bien a quien señala es a la Administración por una presunta “prevaricación” al entender que no actuó tras tener conocimiento de estas anomalías hace meses.

Para la prestación de un servicio sanitario -y otros como los autobuses, por ejemplo- es precisa la obtención de una “tarjeta de transporte”. El Ministerio de Transportes, de su lado, centraliza un registro público en el que se pueden consultar las flotas de las diferentes empresas. Hasta este jueves, algunos vehículos de Osakidetza siguen apareciendo como vinculados a la antigua adjudicataria, Grup La Pau. Fuentes forales indican que esto es una irregularidad y un motivo de sanción.

Desde el Gobierno vasco, responsable último del servicio, explican que son muy pocas las ambulancias que se mantienen en esta situación un año después del cambio de contrata. Además, se indica que esas pendientes “ya están tramitadas” y en vías de solución. La compañía Bizkanb ofrece una explicación similar. “Todo está vigente y todo está en orden y, si falta algo, es por un retraso en la tramitación”, indican. Este periódico ha intentado ponerse en contacto en tres ocasiones con Ambulancias Gipuzkoa para los casos de Álava pero no ha sido posible.

Por el contrario, LSB-USO insiste en que el problema no está resuelto. Indican que en mayo alertaron a la Inspección de Tranportes de la Diputación Bizkaia de que al menos en ese territorio estaban operando ambulancias “sin disponer de las autorizaciones de transporte sanitario exigidas por la normativa vigente”, ya que los vehículos seguían “a nombre de la mercantil La Pau”. Añaden que en septiembre elevaron la queja también al Departamento de Salud y que le pidieron una reacción “urgente”. Según esta central, “tal actuación constituye una cesión ilegal de tarjetas de transporte”.

La denuncia penal no es contra las empresas que gestionan el servicio externalizado en sustitución de Grup La Pau sino contra las instituciones por conocer los hechos y no actuar. Contra la Diputación y contra Salud. “Podría constituir un delito de prevaricación administrativa”, argumentan en su escrito registrado a mediados de octubre en un juzgado de Bilbao. “La permisividad mostrada hacia la UTE Bizkanb y hacia la cesión ilegal de tarjetas desde La Pau podría además haber ocasionado competencia desleal frente a otras empresas del sector que sí cumplen los requisitos legales, así como un riesgo para la salud y seguridad de los pacientes transportados sin las debidas garantías reglamentarias”, arguyen. El juzgado aún no ha decidido nada sobre la admisión a trámite de la denuncia.