El derrumbe de Zaldibar sigue sumando gastos al erario público, seis años después, y sin poder recuperar lo invertido
Más de seis años después del derrumbe del vertedero de Zaldibar, que provocó el fallecimiento de dos trabajadores - Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze-, sepultados entre toneladas de escombros, la estabilización del vertedero sigue siendo un agujero negro para las arcas públicas, que se han tenido que hacer cargo de la financiación de todos los trabajos ante la insolvencia de la empresa, Verter Recycling, ya liquidada.
Este lunes el Boletín Oficial del País Vasco, (BOPV) ha publicado un anuncio del viceconsejero de Medio Ambiente, por el que se notifica la resolución autorizando “la disposición y se ordena el pago, de forma subsidiaria, de la entidad beneficiaria del proceso de expropiación, Verter Recycling 2002, SL, del justiprecio e intereses devengados por la expropiación” de varias parcelas para acometer los trabajos. En concreto, se trata de las parcelas 96, 100 y 129. El departamento de Medio Ambiente publica en el Boletín vasco y también en el BOE este anuncio, al no poder contactar con los propietarios. En el mes de marzo de este año se publicó otro anuncio de iguales características referido a la parcela 103. Todas estas parcelas están afectadas por la ejecución del 'proyecto as built' de las obras de emergencia en el vertedero de Zaldibar.
Lo que no figura en la orden de pago que publica el BOPV es la cantidad concreta que se debe abonar por esta expropiación y los intereses, como tampoco se conocen las cantidades que acumula ya el Gobierno vasco en los trabajos que ha tenido que desarrollar en el antiguo vertedero a lo largo de estos años.
Aunque la empresa Verter Recycling está liquidada, las personas físicas que la componían, mantiene por ley obligaciones que han de cumplir, Sin emargo, la publicación en los boletines oficiales de los anuncios de expropiaciones por parte del Gobierno vasco demuestran una vez más que las arcas públicas son las que están asumiendo el coste de esta catástrofe personal -por el fallecimiento de los dos trabajadores- y medioambiental, que sigue sin solucionarse, pese a que derrumbe se produjo el 6 de febrero de 2020, ya no si no es posible ni siquiera contactar con los propietarios de los terrenos más difíciles será aún cobrar la deuda que tienen con el Gobierno vasco.
Los últimos informes de las inspecciones realizadas por el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar constatan que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, por ejemplo en lo tocante a los drenajes. “Si no se toman medidas, es posible que estos precipitados terminen creando un tapón de consecuencias imprevisibles tales como el vertido incontrolado de lixiviados o disminución de la estabilidad”, señalaba la documentación entregada el pasado mes de febrero al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi a instancias del representante de EH Bildu Ander Goikoetxea. Los inspectores constataron una cadena de hasta 29 irregularidades, algunas de ellas de especial gravedad, como el hecho de que nadie realice “operaciones de mantenimiento” con el fin de “prevenir un deterioro generalizado de instalaciones críticas” como los drenajes y vertidos de lixiviados. Unas irregularidades cuya reparación asume de manera subsidiaria el Gobierno vasco ante la 'ausencia' de la empresa y responsables.
El mismo año del colapso y derrumbe del vertedero de Zaldibar, en 2020, se realizaron ya actuaciones urgentes en el vertedero, unas obras que se abonaron con dinero público y que ascendieron a más de 29 millones de euros. La idea era que Verter Recycling asumiera luego la factura, algo que no ha ocurrido, ni por la empresa, ya liquidada, ni por sus rresponsables y la factura sigue creciendo con el paso del tiempo y la necesidad de realizar más intervenciones. En junio de 2023 volvió a estar en riesgo la estabilidad, según los informes técnicos. En 2024 y 2025 ha habido más obras y siguen las expropiaciones de los terrenos para continuar con las intervenciones.
El Gobierno vasco remitió en el mes de octubre cartas a Eduardo Barinaga, el dueño de Verter Recycling, a su sobrina Arrate Bilbao y a Elena Susaeta recordándoles que la normativa les hace aún responsables de las instalaciones a pesar de que la empresa titular del recinto fuera liquidada tras los hechos de 2020. En diciembre apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una notificación pública porque dos de las notificaciones no se habían podido realizar. Barinaga y Bilbao ya fueron condenados por un delito contra los trabajadores, por el “homicidio imprudente” de Beltrán y Sololuze. Aceptaron su responsabilidad y abonaron indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas con lo que evitaron la entrada en prisión, pero respecto a asumir los costes de las reparaciones del vertedero, no consta que ninguna de las personas señaladas hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.
En paralelo, un juzgado de Durango investiga los posibles delitos ambientales detrás de Zaldibar. De esa causa se ha derivado una más que analiza el papel del Ayuntamiento en el control urbanístico de unas instalaciones. En este caso, como adelantó este periódico, está siendo investigada la exalcaldesa de EH Bildu entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri. Será en el próximo mes de septiembre cuando la Audiencia Provincial de Bizkaia realice el trámite conocido como “deliberación y fallo” que deberá resolver los recursos de nulidad presentados por todos los imputados en la investigación penal abierta por la juez Laura Yuste por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Zaldibar.