La Audiencia de Bizkaia decidirá en septiembre sobre la imputación de la exalcaldesa de EH Bildu en Zaldibar
La Audiencia Provincial de Bizkaia llevará a cabo a comienzos de septiembre el trámite conocido como “deliberación y fallo” que deberá resolver los recursos de nulidad presentados por todos los imputados en la investigación penal abierta por la juez de Durango Laura Yuste por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Zaldibar. En este caso, como adelantó este periódico, está siendo investigada la exalcaldesa de EH Bildu entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri.
Este sumario es la tercera de las derivadas judiciales del derrumbe del vertedero en febrero de 2020. La primera, ya cerrada, fue la pieza por el fallecimiento de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Los gestores de la planta, de la compañía Verter Recycling, ya asumieron sus responsabilidades. La segunda, aún sin cerrar, guarda relación con posibles delitos medioambientales asociados a la catástrofe, que implicó un alud de 800.000 toneladas de residuos.
Fue de esta segunda de la que derivó una pieza separada. La Ertzaintza, en calidad de Policía judicial, aportó un informe de 3.679 folios con hasta veinte supuestos ilícitos urbanísticos en los años previos a la caída de un vertedero ubicado en la ladera de Eitzaga. La investigación arrancó en 2024 y el secreto de sumario llegó a ser prorrogado en diez ocasiones. Finalmente, a comienzos de 2026 trascendió que la instructora Yuste había acordado la citación como imputada de Baigorri y de los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, así como de la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Asimismo, están investigados igualmente los responsables de Verter Recycling, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, al igual que los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.
Entre los puntos que se analizan es si Verter Recycling pudo haber hecho uso de 65.000 metros cuadrados adicionales a los 137.000 que tenía autorizados. Los hechos se investigan como posible prevaricación urbanística. No obstante, la magistrada ya aclaró que todos los posibles delitos previos a 2015 estaban prescritos, de modo que de saque rechazó investigar quince de las veinte líneas propuestas por la Ertzaintza.
Los imputados tenían que haber declarado en mayo, pero las citaciones quedaron pospuestas porque todos ellos han buscado la nulidad en una instancia superior, en este caso en la Audiencia Provincial de Bizkaia. Hay gran discusión sobre los plazos de la investigación -si se superó o no el tope legal para comunicar una imputación tras recibir la 'notitia criminis'- o sobre el alcance de las propias prescripciones.
El caso generó en su día un cierto revuelo político. EH Bildu defendió a capa y espada la gestión de su exalcaldesa, de la que recordó que no hay indicios de lucro personal, y remarcó que la Diputación de Bizkaia, del PNV, tuteló la normativa urbanística del municipio en aquellos años. Es más, señalaron que el propio Imanol Pradales, actual lehendakari y entonces alto cargo foral, fue uno de los firmantes de aquellos instrumentos de planificación. En 2020, cuando cayó el vertedero, gobernaban ya PNV y PSE-EE en Zaldibar.