Un BIC exprés para el monumento a Carrero Blanco

¡Cómo han cambiado las cosas! Según la prensa de la época, entre 1975 y 1978, con Arias Navarro y con Suárez al frente del Gobierno, ningún político en ejercicio quiso inaugurar el Monumento a Luis Carrero Blanco en Santoña, un homenaje al número dos de la dictadura franquista. Hoy, en pleno 2026, VOX, el PP y el PRC se ponen de acuerdo para intentar impedir que la Ley de Memoria Democrática de 2022 permita retirarlo o resignificarlo. Lo que en la Transición daba vergüenza, hoy, en una democracia desmemoriada, corre prisa.

“Había muerto ya Franco. No era la dictadura. Había muerto ya Franco”, ha insistido en el Parlamento de Cantabria el diputado Íñigo Fernández (PP). Los hechos dicen otra cosa. El Ayuntamiento de Santoña aprobó levantar el monumento el 29 de diciembre de 1973, unos días después del atentado de ETA que mató a Carrero Blanco y casi dos años antes de la muerte de Franco. El proyecto, encargado a Juan de Ávalos, escultor del “Valle de los Caídos” (Cuelgamuros), se presentó públicamente en febrero de 1975 y lo sustancial se ejecutó entre abril y octubre de ese año. La prensa publicó fotografías de la obra el 16 de noviembre, cuatro días antes de que muriera el dictador. Es, por tanto, un monumento concebido y construido durante la dictadura. Es un monumento franquista de arriba abajo.

Es cierto que Franco no llegó a inaugurarlo, pero lo habría hecho de no ser por sus problemas de salud y sus continuos cambios de agenda en el verano y el otoño de 1975. Primero anunció su presencia para septiembre, aprovechando un viaje en el Azor desde San Sebastián a Santoña. Después lo aplazó a octubre, para acudir con el príncipe Juan Carlos. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 sin haberlo inaugurado.

Tras su muerte, nadie quiso hacerlo. Eran los años del desmontaje del régimen franquista, los de la llamada Transición, y ningún cargo político, ni en Cantabria ni fuera de ella, se prestó a rendir homenaje a Carrero Blanco, símbolo perfecto del régimen dictatorial que se intentaba dejar atrás. 

Ese vacío institucional lo ocupó la extrema derecha, que ha hecho del monumento uno de sus principales espacios de exaltación del fascismo. Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva, celebró allí algunos actos entre 1976 y 1978, hasta llegar a escenificar, el 7 de mayo de 1978, una inauguración de facto. “No se puede servir a dos señores a un tiempo”, dijo entonces, en alusión a los ausentes, a quienes oscilaban entre la dictadura y la democracia. Casi medio siglo después, esa frase de Blas Piñar se vuelve contra quienes hoy se dicen demócratas y no actúan como tales: ¿Se puede ser demócrata en 2026 y, mediante un ardid legal, blindar un monumento fascista para evitar que, ley en mano, una sociedad democrática deje de amparar la exaltación del fascismo?

VOX, el PP y el PRC (este último, primero con un voto a favor y después con una abstención facilitadora) han aprobado avanzar en la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC). La iniciativa no busca proteger un patrimonio cántabro, sino bloquear la aplicación de una ley estatal usando la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria como herramienta, esa misma que mantienen escondida en un cajón cuando se trata de proteger las cabañas pasiegas o los palacios barrocos que acaban convertidos en hoteles. Por eso ya no lo llaman “monumento a Carrero Blanco”, sino “escultura de Juan de Ávalos”, como si el arte flotara sobre la política y el escultor del “Valle de los Caídos” fuera un artista cualquiera.  

Decenas de bienes patrimoniales cántabros esperan que la Consejería de Cultura, que dirige Luis Martínez Abad (PP), tramite y apruebe su declaración de BIC; entre ellos, desde hace varios años, la casa natal del escritor José María de Pereda en Polancu. Para el monumento a Carrero Blanco no habrá lista de espera: será un BIC exprés. Todo lo exprés que haga falta para que VOX, el PP y el PRC impidan que se cumpla una ley democrática. VOX y el PP mantienen una conocida agenda reaccionaria, pero lo del PRC ha sorprendido mucho: pocos esperaban que este partido aprobara el uso espurio de las herramientas de protección patrimonial para sostener la exaltación pública de un régimen dictatorial y de la mano derecha de Franco.

Para alarmar sobre la orden de retirada recibida, VOX y quienes votan con ellos hablan constantemente de “derribo” y de “demolición”. La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática permite algo mucho más interesante: la resignificación. Es decir, la retirada del homenaje a la figura y a su pensamiento, y la resignificación de la obra en un espacio público plenamente democrático. Eso es lo que hacen las democracias maduras: no veneran los monumentos de sus dictaduras, ni ensalzan a los dictadores y a sus colaboradores, sino que los desactivan, reorientando el sentido de una evidencia material de la dictadura y de sus violencias.

En los años de la Transición, ningún político en ejercicio quiso inaugurar el monumento a Carrero Blanco. En 2026, diputados/as electos/as de VOX, del PP y del PRC se disponen a blindar a ultranza uno de los principales símbolos de la dictadura franquista en Cantabria. En 2027 habrá elecciones, y votar será también elegir qué Cantabria queremos: una plenamente democrática, libre del fantasma del fascismo y del franquismo, o una que le guarda el sitio a Carrero Blanco, pilar del aparato represivo de la dictadura. Hace casi medio siglo ningún político en activo quería mancharse con este monumento. Hoy hay tres partidos en el parlamento cántabro, VOX, el PP y el PRC, con prisa por blanquearlo.