Así es la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza, la pequeña unidad tras los casos de Getxo y Zaldibar
La Ertzaintza luce el rojo como color corporativo, pero también tiene una unidad 'verde'. Es la sección oficialmente llamada “de Medio Ambiente y Urbanismo”, una rama de la división de Investigación encargada de asuntos como vertidos, episodios contaminantes o fraudes arqueológicos, por ejemplo. Pero es la brigada que ha dirigido igualmente, en calidad de Policía judicial, las investigaciones tanto del derribo del palacete Irurak Bat de Getxo como de los presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Zaldibar.
A finales de 2024, un documento oficial del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, apuntaba que apenas tenía diez agentes este grupo especializado. Es una dotación muy similar a la unidad de delitos económicos, otra pata para las causas de corrupción. La infradotación de estos grupos ha sido una crítica recurrente de la oposición en el Parlamento Vasco en los últimos años. En comparación, sus equivalentes en la Guardia Civil, el UCOMA del Seprona y la UCO, tienen 1.800 y 500 efectivos, respectivamente.
En el caso concreto del equipo 'verde', la Fiscalía llegó a alertar de su desmantelamiento. La fiscal superior, Carmen Adán, incorporó a su memoria de 2023 que “tuvo conocimiento oficioso” de que la “ya de por sí menguada” sección iba a ver salir a “todos sus miembros salvo dos de ellos”, “incluido el jefe”. Exhibió su “preocupación” por la “importancia” de la “especialización” para abordar tramas de alta complejidad, como son este tipo de investigaciones. De hecho, este periódico pudo saber que la Fiscalía pidió expresamente que los dos agentes adscritos al caso de Zaldibar no se fueran, dada la relevancia que se le daba a un caso abierto tras el derrumbe de las instalaciones de Verter Recycling en febrero de 2020, que acarreó la muerte de los operarios Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.
En el caso de Getxo, se analiza el derribo en agosto de 2024 del edificio protegido Irurak Bat con el ánimo de levantar viviendas de lujo. Dos concejales del PNV iban a comprar allí una casa. Supuestamente, el Ayuntamiento no fue pulcro en los trámites urbanísticos, o, al menos, así lo sostienen los policías. La Ertzaintza entregó el 12 de enero una “ampliación” de su primer informe con nuevas conclusiones y proponiendo una entrada y registro de dependencias municipales, así como de las empresas implicadas. Pidieron también secreto de sumario para evitar filtraciones.
En el caso de Zaldibar, residenciado en el Tribunal de Instancia de Durango, el partido judicial al que pertenece el municipio, los agentes de esta unidad reclamaron también esa salvaguarda. Ha habido hasta diez autos judiciales prorrogando el secreto, según ha podido comprobar este periódico. Finalmente, en 2025 entregaron un informe de 3.679 folios con hasta veinte conclusiones de las que se deriva la posible existencia de delitos urbanísticos. Entre los imputados, la exalcaldesa de EH Bildu en la localidad de 2011 a 2018, Arantza Baigorri. Se analiza si Verter Recycling pudo extender su negocio más allá de los límites permitidos y si la actuación municipal, por acción u omisión, fue determinante para que se llegara a eso. La instructora Laura Yuste, eso sí, ha señalado que todo lo anterior a 2015 estaría prescrito.
Sostiene la pequeña unidad 'verde' de la Ertzaintza en su informe del 12 de enero sobre el palacete de Getxo que “los hechos objeto de investigación han creado una gran alarma social en el municipio”. “Además, han generado una gran desafección en la ciudadanía hacia los poderes públicos”, se atreve a concluir la Policía, que cree también que hay “un gran interés, especialmente en el ámbito político, en conocer y tener acceso” a sus informes.
El consejero Zupiria ha sido preguntado por esta unidad en Radio Euskadi este miércoles. “Está actuando como Policía judicial [...] que trabaja con la Justicia e investiga diferentes datos para ver si ha existido o no un comportamiento ilegal”, ha señalado. En el pasado, el trabajo de estos equipos de investigación de la Ertzaintza ha sido literalmente zarandeado. No es ya que portavoces de los partidos políticos cuyos cargos están siendo investigados defiendan la inocencia de los imputados sino que, sobre todo en el 'caso De Miguel', que llevó a la cárcel a exdirigentes del PNV, la Policía y símbolo del autogobierno vasco fue un 'pim pam pum', con acusaciones de manipulación de pruebas o conspiraciones que luego se demostraron totalmente falsas.
“¿Qué garantías hay de que no han desaparecido pruebas o de que no se han introducido documentos distintos?”, llegó a decir Gonzalo Susaeta, el abogado del principal responsable de aquella trama, el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel. Susaeta es ahora uno de los letrados de los imputados en el caso de Getxo.
En el ámbito de los tribunales, en los últimos años la Fiscalía y algunos magistrados han llegado a preferir que la Guardia Civil actuase como Policía judicial. El asunto alcanzó tal dimensión que el PNV, en su acuerdo de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2023, incluyó un punto para asegurarse que la Ertzaintza sería la Policía por defecto salvo que los asuntos tuvieran un alcance superior al autonómico.