Ejercicio de matemáticas con los presupuestos de Vivienda: 504 millones para 2027 a la espera de ampliaciones
El área de Vivienda, la principal preocupación ciudadana, mejora su presupuesto en 2027. Denis Itxaso, de la parte del PSE-EE del Gobierno de Imanol Pradales, dispondrá de 504,1 millones. Ésa es la referencia objetiva. A partir de aquí viene el baile y la interpretación. ¿Cuánto sube? ¿Es suficiente? El consejero, en el Parlamento Vasco, ha asegurado ser el que “mayor crecimiento porcentual de recursos propios” de todo el Gobierno, con un 19,4%. Su presentación ha sido todo un ejercicio de matemáticas.
La documentación oficial que ha entregado el Ejecutivo a la Cámara, en cambio, habla de solamente de un 0,4% de subida, dando para 2026 una referencia de gasto de 502 millones. Si es así, es un dato inferior a la mejora media del 1,8%, a la inflación y al crecimiento económico y una congelación en la práctica. Otra referencia podría ser también un 4,5% de mejora, si se compara con 482 millones, la cifra inicialmente anunciada el pasado año, sin 20 millones del Fondo Social de Vivienda.
Itxaso ha tratado de aclarar la confusión. “En 2026, el presupuesto del Departamento incorporaba 60,1 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En 2027, por primera vez, no contamos con esa financiación”, ha indicado. Por eso, toma como cifra base 422 millones y como cifra final 504. De ahí sale su 19%. Y se felicita de que Euskadi cubre con recursos propios el agujero que deja la pérdida de financiación comunitaria.
La oposición, en cambio, no ha comprado estas explicaciones. “Nos conformamos con no retroceder. En plena emergencia, cuando el sentido común pide un mayor incremento, nos conformamos con no retroceder. Es claramente insuficiente”, ha señalado Xabier Astigarraga, de EH Bildu. “Es una práctica congelación [...]. Hay que ser más ambiciosos. Vivienda debería ser la prioridad absoluta y en estos presupuestos creo que no lo es. Los números no lo reflejan”, ha señalado Jon Hernández, de Sumar. El PP ha ido más allá. Ana Morales ha usado otra cifra de base más, los 572 de presupuesto actualizado de 2026, de modo que denuncia que realmente lo que se produce es un desplome del 11,89%. La representante 'popular' ha ironizado que el equipo de “marketing” de Itxaso “ha hecho un excelente trabajo” para “maquillar” los números.
Adrián Fernández, del PSE-EE, ha salido en auxilio del consejero. Ha asegurado que “no se reduce el compromiso político”, al contrario, porque se cubren con recursos “propios” lo que se pierde de aportaciones externas “extraordinarias”. Y ha añadido que, desde 2024, “prácticamente se ha duplicado” el presupuesto de Vivienda, ya que estaba en “250 millones”. En esta legislatura, se ha logrado “situar la vivienda en el centro de la acción pública como demanda la ciudadanía en las calle”, ha dicho Fernández. En 2024, el consejero de Vivienda también era del PSE-EE, Iñaki Arriola, que ocupó ese cargo primero de 2009 a 2012 y luego desde 2016 hasta 2024.
El PNV, por boca de Jonatan Moreno, ha terciado para señalar que el crecimiento es “sostenible”, que hay una tendencia que va más allá de un año y que eso es destacable. Y ha recordado que, si se suman los fondos del perímetro de sociedades públicas, la cifra final superaría los 577 millones de euros. “Cada euro que se destina a Vivienda es una decisión consciente”, ha defendido el otro socio del Gobierno.
Itxaso, en su réplica, traía preparados más argumentos para defender el compromiso presupuestario del Gobierno con la cartera de Vivienda. “Entiendo que comparen presupuesto con presupuesto. Es lógico. Pero no es una fotografía muerta”, ha indicado. Y ha dado a entender que, a lo largo del año, podrán llegar nuevas inversiones. “2026 demuestra con claridad lo del presupuesto dinámico. A lo largo de este año, 70 millones adicionales”, ha manifestado citando cuatro aportaciones de 20, 31, 10,4 y 9,1 millones, respectivamente. “Esto no es un detalle menor. El compromiso financiero va más allá de la cifra inicial”, ha afirmado. “¿Creen que no va a pasar lo mismo en 2027?”, ha retado Itxaso. Y ya en el cuerpo a cuerpo con Morales del PP ha señalado que las cuentas de la Comunidad de Madrid tiene similar inversión a Euskadi con mucha más población.
También ha destacado haber recibido 31 millones de un fondo estatal para zonas tensionadas con el que se financiará parte de la compra a Blackstone de las 510 viviendas de alquiler social en Benta Berri, en Donostia, cuyos 1.700 habitantes estaban en riesgo de desahucio. Y ha mencionado que la partida de 20 millones del Fondo Social de Vivienda está ahora asignada al Instituto Vasco de Finanzas. “Pero si quieren la sumamos”, ha ironizado.
El consejero ha destacado igualmente algunas cifras. Ha indicado que el 83,8% del presupuesto se destina al alquiler, que en 2027 se iniciarán los trabajos de construcción de 1.840 viviendas —5.174 en la legislatura, sumada la reciente operación de Benta Berri— y que se destinarán 83 millones para la PEV y 30 para Gaztelagun, los dos programas de ayudas mensuales para cubrir el alto coste del alquiler privado. Se quedarán congeladas, eso sí, en 300 euros, como adelantó este periódico. “Plantear un incremento de las ayudas nos puede llevar a un recalentamiento involuntario del mercado”, ha reflexionado Itxaso.
Itxaso ha incidido en que los presupuestos, además de partidas, incluyen reformas legislativas “de gran alcance”. Son “una caja de herramientas legales”, ha señalado. En concreto, se busca promover una suerte de “inmobiliaria pública” al cambiar la normativa de compraventa de casas de precios controlados, de modo que ya no bastará con encontrar un comprador que reúna los requisitos, sino será la Administración quien lo gestione “a partir de las personas inscritas en Etxebide” y evitando sobrecostes en negro. También se plantea la “asignación directa de suelos” al denominado Fondo Social de Vivienda ya anunciado y que debería habilitar hasta 10.000 viviendas. Finalmente, se busca que las viviendas previas a 2003 ubicadas en zonas tensionadas —como las capitales— no pierdan su calificación, como estaba previsto en la legislación antigua.
Adicionalmente, en otra ley se introducirá una enmienda pactada por PNV y PSE-EE para que proyectos residenciales puedan ser considerados planes de “interés público superior”, lo que permite acelerar trámites, incluso por encima de los planes municipales. “No basta con disponer de suelo residencial planificado si permanece años sin desarrollarse. Necesitamos una visión de conjunto de Euskadi”, ha señalado. De hecho, ya en un reciente viaje institucional a Viena anunció un plan autonómico (PTS) con los mismos objetivos.
Astigarraga, de EH Bildu, ha afeado que el Gobierno de Pradales legisle de esta manera y no con procedimientos ordinarios, que obligan a entregar informes, memorias y dictámenes de órganos consultivos. “Yo no tengo cuatro años para traer un proyecto. Por eso hemos legislado como hemos legislado. Daré la cara donde sea necesario. En la emergencia habitacional, las mujeres y los niños primero, ¿de acuerdo? Si nos lo creemos, mecanismos extraordinarios”, ha respondido un airado Itxaso.