Euskadi tiene 25.800 extranjeros en Lanbide sin acceso al mercado laboral a la espera de la regularización
Euskadi tiene en estos momentos 25.800 personas extranjeras inscritas en Lanbide sin acceso al mercado laboral a la espera de que se produzca la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España. En principio, este proceso estaba previsto que arrancara este 1 de abril, pero se está desarrollando con retraso.
La competencia para llevar a cabo la regularización es del Estado. Para lo que sí tiene competencias el Gobierno vasco, aunque solamente desde el mes de julio del año pasado, es para otorgar permisos de trabajo a extranjeros, y, por eso, desde Lanbide se les ofrece una preparación y orientación de cara a la futura inclusión laboral. Desde julio hasta enero se han tramitado 11.171 permisos de trabajo a extranjeros, y se espera que este año se supere la cifra de 22.000.
En concreto, de las 25.800 personas migrantes inscritas en las oficinas de empleo vascas, que de momento no pueden trabajar, alrededor de 13.000 ya están implicados a través de Lanbide en la búsqueda de empleo: 4.899 han recibido orientación o formación laboral pero no tienen triaje o diagnóstico, mientras que 7.618 tienen triaje, entrevista o diagnóstico realizado en los últimos 18 meses, según datos del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. “Son personas que están en situación irregular, pero que están formadas y están detectadas por Lanbide, y, por lo tanto, estarán en una circunstancia muy positiva tanto de formación, como de búsqueda de empleo” cuando se produzca esa regularización, destacan desde el Gobierno. La mayoría de estas personas son jóvenes. El 30,3% está entre 20 y 29 años y el 44,7% están entre 30 y 44 años. Mayoritariamente, son hombres, un 56,7%.
El proceso está a la espera de que se publique el real decreto, que en este momento está en fase de análisis por el Consejo de Estado. Los trámites corresponden en exclusiva al Gobierno central, que es el que tiene la competencia. Es una cuestión que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, que dirige Nerea Melgosa y que asume las competencias migratorias, ha querido que quede claro ante el retraso en el arranque del proceso.
“Se trata de un proceso de competencia estatal, tanto en su definición normativa como en su eventual aprobación y puesta en marcha. El papel del Gobierno vasco se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros”, han señalado.
Según han trasladado, desde el pasado 27 de enero de 2026, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el inicio de los trámites de este proceso, el Gobierno vasco “ha actuado con responsabilidad institucional, voluntad de colaboración y vocación de servicio público”. Recuerdan desde el departamento que la comunicación oficial del Ministerio anunciaba el inicio de la tramitación de un real decreto y una previsión de arranque de solicitudes “a principios de abril” o “en un plazo aproximado de dos meses”, una vez cumplidos los trámites preceptivos.
En este contexto y, “ante la ausencia de una norma definitiva”, el Gobierno vasco puso en marcha una campaña informativa provisional para trasladar a la ciudadanía información comprensible sobre el borrador estatal, “advirtiendo en todo momento de su carácter no definitivo y sujeto a cambios”, han puntualizado. “El objetivo fue evitar desinformación y falsas expectativas, y ofrecer un acompañamiento riguroso desde el primer momento”.
También han señalado que tras realizar un análisis técnico del borrador, desde el departamento se realizaron al Ministerio “alegaciones y propuestas orientadas a mejorar la seguridad jurídica del proceso, facilitar su aplicación y reforzar la integración social”. Y que “dentro de una lógica de lealtad institucional y colaboración con la Administración General del Estado”, en una reunión que tuvo lugar el 16 de febrero, el Gobierno vasco “trasladó su posicionamiento y ofreció colaboración”. “En ese encuentro, el Ministerio dejó claro que la regularización extraordinaria sería un proceso gestionado íntegramente por el Estado, sin necesidad de implicación operativa de las comunidades autónomas. A partir de ese momento, la actuación del Gobierno vasco quedó ajustada a ese marco”, han indicado.
En este sentido, han insistido en que “conviene distinguir con claridad entre este proceso extraordinario y otras competencias ejecutivas ya transferidas a Euskadi”. “Desde julio de 2025, Euskadi ejerce funciones en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras en su ámbito territorial, pero la legislación aplicable, la autorización de residencia y la tramitación de todas las autorizaciones no transferidas siguen correspondiendo a la Administración General del Estado”.
El Gobierno central anunció inicialmente que la tramitación de la regularización se iniciaría el 1 de abril finalizaría el 30 de junio. Tras el Consejo de Ministros del pasado martes, la ministra portavoz, Elma Saiz, no quiso concretar fechas de arranque, pero garantizó que entrarían “dentro del calendario previsto”. “No decimos día exacto porque efectivamente está en este momento en el Consejo de Estado, pero seguimos dentro del calendario previsto”, explicó la portavoz del Gobierno. “Habrá plazo suficiente para tramitar las solicitudes”, señaló.