Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vitoria han avalado la previsible adjudicación de un nuevo contrato por parte de la sociedad municipal de aguas (Amvisa) a la empresa Stoa, cuyo administrador, Sergio Fernández Oleaga, ha sido condenado por corrupción en el marco del 'caso De Miguel'. El empresario ha recibido un castigo de un año y seis meses de prisión -rebajada por dilaciones indebidas- por abonar comisiones a la trama dirigida por el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, a quien llamaba “padrino”. Validan, igualmente, que Amvisa mantenga tres contratos más activos en este momento con ese mismo estudio de arquitectura y obras públicas, incluidas algunas de las obras hidráulicas más importantes de la ciudad, como la renovación del colector del centro de la capital.
En un informe jurídico emitido el 29 de enero, el letrado mayor asume que los graves delitos que han sido constatados suponen la prohibición de contratar con la Administración. Pero remarca que la sentencia del 'caso De Miguel' aún “no es firme” y, de hecho, se están sustanciando ya los recursos ante el Tribunal Supremo. “Sólo desde que la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava adquiera firmeza, Sergio Fernández Oleaga y, en consecuencia, Stoa, incurrirán en uno de los supuestos que determina la prohibición de contratar con el sector público”, se puede leer en el documento, de seis páginas.
Como adelantó este periódico, Amvisa ultima la resolución de un concurso público para la adjudicación del servicio de “consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto y para la dirección de la obra de reparación y mejora de la EDAR [depuradora] de Crispijana”. El pasado viernes, la mesa de contratación ya conoció las ofertas económicas de las dos empresas en liza y todo apunta a que el contrato recaerá en la empresa Stoa por un valor de 67.500 euros más IVA (81.675 en total).
Ese concurso se abrió justo 10 días después de la sentencia del 'caso De Miguel'. La propuesta técnica de LKS es mejor que la de Fernández Oleaga, 44 puntos frente a 38. “Falta detalle en las afecciones que va a tener la obra en la explotación de la EDAR y no se particularizan medidas para la coordinación de las obras y la explotación”, destaca el informe interno como punto negativo. Sin embargo, por su precio más competitivo -67.500 euros frente a 76.500 euros- tendrá una valoración final más alta siempre que se justifique que no es una baja temeraria, algo que en medios municipales se da por supuesto y, de hecho, ello motivó que el presidente de Amvisa, el edil socialista Felipe García, solicitase el informe jurídico.
Argumenta el letrado, además, que si el Supremo confirma la condena y la sentencia se convierte en firme se podría parar una adjudicación pero no resolver un contrato vigente. “Si en la fecha en la que la sentencia adquiera tal firmeza el condenado o la sociedad que representa tuvieran suscrito algún contrato que se esté ejecutando, este contrato seguirá vigente hasta su total cumplimiento, dado que en cuanto a sus efectos y extinción le son aplicables las normas de derecho privado”, indica el informe.
No obstante, a los pocos días de conocerse la resolución judicial firmada por los jueces de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, el parque tecnológico de Miñano -una sociedad pública autonómica- comunicó la rescisión del contrato de asesoramiento que mantenía con Stoa para la ampliación del polígono. El matiz es que ese contrataba estaba directamente relacionado con el caso hasta el punto de que Fernández Oleaga abonó a cambio una mordida a De Miguel.
Se trataba de una adjudicación de 2008 por la que se ha constatado que Fernández Oleaga pagó 3.500 euros a la trama corrupta y que fue teledirigida para que recayera en Stoa, como otros contratos en Miñano -hay dos casos en que se invitó a otras dos empresas sabiendo que la adjudicación recaería en el estudio del ahora condenado-. Como la ampliación había quedado aparcada, el contrato había estado durante años en 'stand by' pero se reactivó precisamente en 2018, mientras Fernández Oleaga, De Miguel y otras 24 personas se sentaban en el banquillo de los acusados en el que ha sido el mayor juicio de corrupción en Euskadi conocido hasta la fecha.
Según los datos recabados por este periódico en el registro vasco de contratos (que habitualmente no son exhaustivos), en el decenio que ha transcurrido desde que estalló el 'caso De Miguel' Stoa ha seguido recibiendo encargos de la Administración. Son once las adjudicaciones de entidades locales de Álava por un valor total de 485.270 euros. Otra empresa de la trama como es Errexal también continúa existiendo, ahora rebautizada como Perexila Proyects. Por el contrario, la denunciante, Ainhoa Alberdi, ha asegurado en varias ocasiones haber recibido referencias indirectas de que ni se molestase en preparar documentación para presentarse a concursos.
Este periódico ha realizado la cobertura más completa del 'caso De Miguel'. Aquí puedes leer todas las informaciones: https://www.eldiario.es/temas/caso_de_miguel/
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