Cuatro profesores y tres antiguos alumnos del colegio Gaztelueta de Leioa, masculino y vinculado al Opus Dei, han manifestado este lunes en el juicio que se sigue ante la Audiencia Provincial de Bizkaia por la denuncia de abusos sexuales de un estudiante contra su preceptor o tutor, el numerario José María Martínez Sanz, que el centro redactó para ellos un escrito en el que se negaban los hechos. Estas “actas de manifestaciones” fueron firmadas por ellos y otros exdocentes y alumnos ante notario y se incorporaron como una de las pruebas fundamentales de la defensa del acusado, como publicó este periódico. Ninguno de los testigos recordaba haber hecho frente a los gastos del fedatario, según ha quedado acreditado en el juicio a preguntas de la letrada de la familia del denunciante, Leticia de la Hoz.
Según la documentación judicial incluida en el sumario del 'caso Gaztelueta', la defensa de Martínez Sanz recabó un total de 25 actas de estas características, todas ellas firmadas a finales de 2015. Semanas antes, la Justicia eclesiástica no sólo cerró el caso sin ver pruebas sino pidiendo que se restableciera el “buen nombre” de una persona que, por aquel entonces, estaba siendo formalmente investigado por la Justicia ordinaria, precisamente el proceso que ha desembocado en el juicio que se celebra estos días.
La mayoría de actas se rubricaron en una notaría de Getxo. Las hay también suscritas en otras ciudades pero, a pesar de ello, tienen un contenido calcado. Los profesores defendían con rotundidad a su antiguo compañero: “El comportamiento de José María Martínez Sanz siempre fue de respeto absoluto a los alumnos y nunca observé ninguna conducta que propiciara a que compañeros de su clase le acosaran”. Los alumnos, por su parte, aseguraban no haber observado “ningún elemento anómalo en las preceptuaciones” del acusado con su compañero, que asegura en su denuncia que era en esas tutorías, que tenían lugar en su despacho, donde le practicó tocamientos y le mostró fotografías de mujeres semidesnudas con fines sexuales.
El colegio Gaztelueta, antes del juicio, había insistido en que había “colaborado” de manera activa en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, el pasado viernes, las declaraciones del actual director, Imanol Goyarrola, y del exresponsable del centro, Iñaki Cires, pusieron en evidencia algunas lagunas en la investigación interna realizada luego de que, en 2011, la familia del alumno denunciante se dirigiera a ellos para comunicarle sus sospechas de abusos sexuales -además de acoso escolar-. Pese a todo, Goyarrola concluyó que era “imposible” que se hubiesen producido estos hechos en el despacho del acusado y que no ha aparecido “ninguna prueba” que corrobore las acusaciones de la víctima, que ahora cuenta 22 años.
“Imposible” ha sido la palabra elegida también por alguno de los testigos que han comparecido este lunes en el juicio. “Hubiera sido como hacerlo a la Gran Vía de Bilbao a las 11 de la mañana”, ha ironizado uno de ellos por lo “transitado” del lugar, según defienden los testigos de la defensa. Otro de los caballos de batalla de la defensa para desmontar el testimonio del denunciante es establecer que ya sufría problemas psicológicos previamente a los cursos 2008/2009 y 2009/2010, cuando aparentemente se produjeron los abusos y el acoso. Particularmente, han venido insistiendo en que la familia le administraba el potente Orfidal desde que era pequeño. Su antiguo pediatra ha confirmado que le recetó de manera excepcional ese fármaco, si bien ha aclarado que los padres se negaron a dárselo.