Alfredo de Miguel, que había sido 'número dos' del PNV de Álava y era diputado foral de Administración Local y Equilibrio
Territorial (Urbanismo), fue detenido en marzo de 2010 por corrupción. Poca información había entonces sobre los motivos de la operación dirigida por el juez de Vitoria Roberto Ramos. Sin embargo, desde un año antes los máximos responsables del parque tecnológico de Miñano, Julián Sánchez Alegría (presidente), y Alfonso Arriola (director gerente), conocían la denuncia de la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, quien había referido al primero de ellos en una reunión en su despacho que De Miguel le estaba exigiendo una comisión de 100.000 euros por la adjudicación que su empresa Urbanorma Consulting había recibido en 2006 para gestionar la ampliación de Miñano y que tocaba liquidar en esa época.
Ambos excargos del PNV así lo han admitido en su declaración como imputados de este martes en el juicio del 'caso De Miguel' a preguntas de sus abogados, porque se han negado a contestar a la Fiscalía y a otras partes. Han realizado, eso sí, varias matizaciones para justificar que no denunciaran los hechos. Sánchez Alegría, por ejemplo, ha insistido en que invitó con insistencia a Alberdi a que acudiera a la Justicia. Arriola, por su parte, ha indicado que no dio “credibilidad” a esas quejas de la empresaria.
Alberdi acudió finalmente a la Fiscalía de Álava en diciembre de 2009 a denunciar a De Miguel y a otros dos exdirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. El trío es copropietario de la mercantil Kataia Consulting, a nombre de sus tres esposas y donde presuntamente se iba a sustanciar el pago de la mordida. Fue a principios de ese año cuando se dirigió al despacho de Sánchez Alegría en Zamudio (era presidente de todos los parques tecnológicos de Euskadi).
Sánchez Alegría: “Creí su versión”
Éste ha relatado que Alberdi acudió a su oficina con su socia, Beatriz Vicinay, y que le relató “claramente” las presiones de De Miguel. “Un diputado foral le estaba pidiendo una comisión”, ha recordado. Acto seguido, la empresaria le enseñó “brevemente” en 'e-mail' que soportaba su denuncia de que el peaje era de 100.000 euros. “Ponía 100”, ha indicado Sánchez Alegría, matizando que en ese correo electrónico firmado por De Miguel no había referencias “directas” a la extorsión pero que ha indicado que “creyó su versión” por las explicaciones que le dio.
¿Cómo reaccionó? “Le dije que no se preocupase, que me iba a ocupar personalmente [de que cobrara íntegramente su contrato], y que si era verdad fuera a la Justicia a poner una denuncia”, ha indicado Sánchez Alegria, que ha añadido que consideró los hechos de “gravedad” porque en toda su carrera nunca había conocido “una comunicación de ese calibre, una persona sometida a extorsión”.
Sánchez Alegría, en todo caso, ha mostrado su “indignación” con la investigación del 'caso De Miguel'. Él ha defendido que ni colaboró en la extorsión ni permitió que se produjera y ha querido denunciar dos cuestiones. La primera, que en las grabaciones aportadas por Alberdi, con sus reuniones en aquella época, y que completaron la denuncia se le ha “manipulado”, hay frases en que hay “indicios” de que le insta a que denuncie. “Son claramente frases en las que yo estoy creyendo se versión”, ha protestado censurando el trabajo de la Ertzaintza al realizar las trancripciones de los audios aportados por la denunciante, en los que asegura que no constan esas palabras suyas. La segunda, que es “rotundamente falso” que él contactara con De Miguel para advertirle de esta reunión con Alberdi y pedirle que fuera “discreto” con sus gestiones, como denunció el fiscal Josu Izaguirre al inicio del juicio.
Sánchez Alegría, en todo caso, no ha mostrado esa indignación hacia De Miguel -a quien ha considerado un consejero de “referencia” en Miñano como representante de la Diputación y cuyo comportamiento no ha calificado- y ha asumido que a partir de febrero se olvidó del asunto. “Lo di por zanjado porque se había liquidado correctamente el contrato. En marzo ya no recibí ninguna llamada y no tuve mayor noticia”, ha resumido.
Arriola: “Tiene que ser un malentendido”
El expresidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi sí ha detallado a quienes comentó la denuncia de Alberdi. Se reunió con su superior en Sprilur, accionista mayoritario de Miñano, Mauricio Lazcano. También trasladó su preocupación a su esposa y entorno familiar. Durante el juicio, el que fuera responsable financiero de Miñano, Joseba Urbieta, indicó que también conocía la situación. Y mantuvo igualmente una reunión en persona con Arriola.
Arriola ha dado detalles de ese encuentro: “Yo lo sitúo a finales de febrero y marzo de 2009. Me llama por teléfono el presidente y me comenta que tiene un tema que le parece preocupante, muy delicado, y que prefería en privado. Dos o tres días más tarde sube al parque y fuimos a dar un paseo por fuera. Las instalaciones son muy agradables para pasear. Me comenta de sopetón que Alberdi ha ido a hablar con él y que le ha comentado que Alfredo de Miguel le está pidiendo una comisión. Yo me quedo de piedra, anonadado. 'Julián, me pilla absolutamente de sorpresa. No quepo en mi asombro'”. Arriola ha añadido que no reaccionó en “caliente” y que se tomó unos días. Al cabo de ese tiempo, lo pensó “con la almohada” y le respondió a su superior que no veía “credibilidad” en la denuncia. “Tiene que ser un malentendido entre los dos. No se me ocurre pensar que un diputado foral va a pedir dinero”, ha seguido recordando quien también asegura haber planteado dar todas las facilidades a la empresaria para denunciar.
¿Por qué De Miguel?
La pregunta por despejar es por qué De Miguel tenía influencia en Miñano, donde era un miembro del consejo de administración pero sin funciones ejecutivas, para interceder en un contrato del parque tecnológico. Nadie en el juicio niega ya que quien todos conocen como Txitxo -de quien Arriola ha dicho que tenía “mucho peso” político- participara en la recomendación de que fuera Urbanorma Consulting la adjudicataria del contrato, destinado a la compra de 900.000 metros cuadrados para la ampliación del polígono. En la misma época (2005) y de nuevo sin tener cargo alguno De Miguel apareció como valedor de la operación urbanística de Zambrana, en la que también se le acusa de cobrar comisiones.
Arriola ha indicado que fue él quien le llamó porque ni él ni Sánchez Alegría tenían “experiencia” en este tipo de operaciones. De Miguel aparentemente sí, como director del Industrialdea del Valle de Ayala. Txitxo le dio la “garantía” de que Alberdi podía realizar esos trabajos, ya que le asesoraba a él. En aquella época, la empresaria aún era socia minoritaria de Urbanorma Consulting. El 60% era del constructor Jon Iñaki Echaburu, quien aparentemente pactó la comisión con el político y está acusado de abonar otras mordidas. En su declaración, De Miguel indicó que recomendó a Arriola más empresas pero éste ha sido menos tajante y se ha quedado simplemente en que “es posible” que así fuera aunque la primera opción siempre fue la de Alberdi, de la que ha glosado su profesionalidad y valía. Según la denunciante, el político también exigió que en ese contrato fueran subcontratados su compañero Aitor Tellería y la empresa Stoa.
La adjudicación a Urbanorma Consulting se hizo de manera directa, sin concurso ni publicidad. Ambos gestores de Miñano han incidido en que las normativas internas así lo permitían, ya que el parque tecnológico no era un “poder adjudicador”. Además, han indicado que ellos no podían tener intereses “torcidos” cuando fijaron en 600.000 euros el tope del contrato (se liquidó en algo más de 400.000 euros) y en que esa contratación, lejos de suponer un quebranto económico, trajo un ahorro millonario a las arcas de Miñano porque Alberdi ganaría más si conseguía mejores precios de compra de suelo.
Tanto Sánchez Alegría como Arriola han reconocido dificultades en la liquidación de los honorarios de Alberdi, pero han insistido en el “inmejorable” trabajo que realizó para Miñano. Han orillado un correo electrónico que se cruzaron en julio de 2009 en que la llamaban “imbécil” mientras discutían la minuta de la empresaria cuando ya conocían desde medio año antes su denuncia de corrupción.