La magistrada María Antonia Blanco, sustituta al frente del juzgado de Instrucción 1 de Vitoria, fue la primera que recibió el atestado con las primeras denuncias de presuntos casos de violencia sexual a menores en el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo. En concreto, llegó a las 10.51 horas del 30 de abril y le correspondió el asunto por estar de guardia. Esa sala no hizo nada con el informe policial, con código 575A2500033, y consta que “redirigió” la causa al “decanato” el 9 de mayo a las 15.04 horas. No se explican los motivos. Tres días después, el 12 de ese mes, fue cuando el asunto, ya con código 4250/2025, llegó al juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su titular, Álvaro Silván Hernández, no realizó actuaciones hasta el 26 de septiembre a las 12.07 horas, cuando el tema había estallado ya en los medios de comunicación.
En medio, se celebró otro turno en las colonias estivales y de allí surgieron nuevas denuncias por posibles casos que la Policía describe como “exhibicionismo”, “vejaciones”, “coacciones”, “provocación sexual” o “conductas contrarias a la integridad moral”. Asimismo, uno de los supuestos podría tipificarse, indiciariamente, como “agresión sexual”. Esa nueva batería de denuncias mientras la investigación judicial estaba en el “limbo”, en palabras de la fiscal superior vasca, Carmen Adán, alcanza las 21. Una se interpuso el 29 de agosto, tres el 26 de septiembre, una el 30 de septiembre, cinco el 1 de octubre, dos el 2 de octubre, una el 4 de octubre, tres el 7 de octubre, dos el 9 de octubre, una el 10 de octubre, una el 13 de octubre y la última el 15 de octubre. Eso sí, no todas se refieren al campamento del verano de 2025 y, de hecho, hay hechos descritos de hace doce años, de 2013. La Ertzaintza, desde “enero” de 2025 y hasta “septiembre”, realizó “diversas llamadas” a los juzgados para “interesarse por el estado de las diligencias remitidas”, pero no hay “constancia documental”.
La secuencia judicial ha sido detallada en el Parlamento Vasco por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha respondido por escrito a una solicitud de catorce puntos del representante del PP Santiago López Céspedes. Y la cronología policial la ha aportado igualmente a la Cámara el responsable de Seguridad, Bingen Zupiria, también a instancias del PP.
Euskal Udalekuak organizaba en la pequeña localidad alavesa de Bernedo desde hace lustros una colonia de verano, como también en dos localidades de Navarra. Sus organizadores sostienen que ofertaban un modelo feminista, transinclusivo y que “desexualizaba” la desnudez. Por el contrario, los denunciantes interpretan que se han cometido prácticas contra la libertad sexual con menores. Un voluminoso grupo de familias que han enviado a sus hijos a estos campamentos, asimismo, firmó una carta de apoyo a la entidad promotora.
¿Y qué ha ocurrido después de que se iniciara la causa el 26 de septiembre, cinco meses después? Ese mismo día era el día de la apertura del año judicial en Euskadi, un evento que tiene lugar en Bilbao. Allí, el intendente jefe de la división de Investigación de la Policía vasca, en aquel momento Roberto Álava, que esta semana ha pasado a ser jefe de la Policía local de Vitoria, se reunió con la fiscal Adán. Pactaron que “con carácter mensual” la Policía le enviaría un reporte “de los datos relevantes” de causas con menores víctimas de presuntos delitos.
El 1 de octubre hubo una nueva reunión. Participaron la fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, el fiscal de menores de la plaza, Manuel Pedreira, y el jefe de la sección central de Investigación de la Ertzaintza, presumiblemente Hugo Prieto. Buscaron “coordinar las actuaciones”. Después, el 13 de octubre, hubo otro encuentro más. Participaron Pedreira, el juez instructor, Silván Hernández, y de nuevo el jefe de la sección central de Investigación. Acordaron “ampliar la comunicación directa entre las tres instituciones a fin de coordinar las investigaciones”.