PNV y PSE-EE endurecerán por ley el control de los campamentos de menores tras las denuncias de Bernedo

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley de modificación de la Ley 2/2022 de Juventud con el objetivo de “reforzar la protección de las personas menores de edad” en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, y aumentar los mecanismos de control administrativo, además de “endurecer” las sanciones ante posibles irregularidades, con el fin de evitar que se reproduzcan casos como el del udaleku de Bernedo.

Entre las principales medidas del texto legal reformado, destaca la sustitución de la comunicación previa por una declaración responsable obligatoria antes del inicio de las actividades de tiempo libre en las que participen menores de edad, según han explicado en un comunicado conjunto socialistas y jeltzales. Este documento se deberá presentar ante Juventud del Gobierno vasco o ante la Diputación correspondiente al territorio histórico en el que se vaya a realizar la actividad. De este modo, las entidades organizadoras asumirán la responsabilidad del cumplimiento de todos los requisitos legales desde el primer momento.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido la “tolerancia cero” para los campamentos de verano, y tras decir que “no pondría el foco en el udaleku de Bernedo”, ha explicado que la propuesta de cambio de la Ley de Juventud registrada este viernes busca que esas actividades de ocio “tengan los certificados sexuales al día” entre otros documentos, lo que es “transparencia, rigor y sobre todo de fortalecer al ocio y tiempo libre”, ya que “ponemos un determinado caso para poder manchar todo el tiempo y no es así”.

PNV y PSE-EE han subrayado que su reforma “refuerza de manera clara” las garantías frente a delitos de naturaleza sexual, estableciendo la obligación de acreditar el certificado negativo para todo el personal que tenga contacto habitual con menores. El texto deberá renovarse anualmente. La proposición de ley también introduce mejoras en el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles, que deberán contar con resolución administrativa expresa, y clarifica el régimen de infracciones para “reforzar la seguridad, la responsabilidad y la calidad en la prestación de los servicios”.

“Tolerancia cero”, ha dicho Melgosa, para añadir que se trata de que las entidades que puedan conformar cualquier espacio o actividad de ocio y tiempo libre “tengan los certificados sexuales al día además de tipo de formaciones”, como 'tratu on' y “otro tipo que se irán regulando”. Por otra parte ha destacado la importancia del registro de entidades que surge de una “coordinación exhaustiva entre las diputaciones, Gobierno vasco y Eudel”. Además, se realizarán “determinadas informaciones pedagógicas a las familias para que sepan y que se queden más tranquilas”, ha añadido.

Endurecimiento de sanciones

De la misma forma, jeltzales y socialistas han “revisado y endurecido el régimen de sanciones ante posibles irregularidades, incluyendo nuevas infracciones graves o muy graves”. De esta forma, “se castigará o se castigará más duramente carecer de seguro de responsabilidad civil y de certificado negativo de delitos sexuales, no disponer de medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos, llevar a cabo actuaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier tipo de violencia”.

PNV y PSE-EE han solicitado la tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, al tratarse de “una reforma técnica, acotada y centrada en la protección inmediata de los derechos de la infancia y la adolescencia que no supone una alteración del modelo general de políticas de juventud”.