PNV y PSE-EE superan el trámite del monográfico en el Parlamento y aprueban sólo 7 de 183 propuestas de la oposición
El Parlamento Vasco ha completado, en sesión vespertina, el debate monográfico sobre “seguridad vital”, un cajón de sastre para debatir sobre vivienda, economía y otros asuntos que casi ha parecido un pleno de política general adelantado, aunque no sea septiembre. A su término, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, han aprobado 29 resoluciones genéricas que “instan” al Ejecutivo a “seguir” o “continuar” con planes ya anunciados, desde la reforma legislativa sobre vivienda hasta la implantación del nuevo sistema de tarifas del transporte público en función del uso y de la renta. La “seguridad vital” ha acabado derivando en una interpretación más clásica de la seguridad y han sido aprobadas incluso iniciativas de apoyo a la labor de la Ertzaintza. ¿Y de la oposición? De 183 propuestas solamente han prosperado siete.
EH Bildu había promovido el debate. Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, ha aprovechado para enumerar sus exigencias al Gobierno central, como la rebaja de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes o del IVA de la carne y del pescado. El jefe de la oposición, Pello Otxandiano, se ha quejado de que se mire a Madrid y no se hagan los deberes en Vitoria.
Por la tarde, la 'número dos' de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asumido que poca gente estaría pendiente del resultado del debate mientras presentaba sus propuestas más allá de que los oradores hayan intentado aligerarlo con continuas referencias a Miguel Ríos y otros cantantes. La coalición ha planteado 16 resoluciones. PNV y PSE-EE no han aceptado ninguna de ellas, aunque en el receso de la comida han mantenido algunas conversaciones. En realidad, el Ejecutivo no ha aceptado casi nada de la oposición. El PP había registrado 108 resoluciones y solamente ha visto prosperar dos. De Sumar han decaído las 53 de 58 y de Vox 17.
¿Qué se ha aprobado? La primera resolución mira al 1 de enero de 2027, momento de asunción de las competencias de las prestaciones de paro, las políticas pasivas de empleo. Se ha planteado un “refuerzo” de Lanbide para una gestión más “eficaz”. Y también ha habido una mención a la importancia del diálogo social, en el que no participa la mayoría sindical. En materia de Vivienda, los acuerdos son, en esencia, las medidas ya conocidas: mantenimiento de la calificación de las viviendas protegidas en las zonas tensionadas, reforma legal para evitar el fraude en las compraventas de viviendas de precio tasado, creación del “fondo social de vivienda” para “movilizar 2.000 millones” y levantar “10.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos diez años” y “ayudas a los pequeños propietarios de viviendas de zonas tensionadas que pongan en arrendamiento con rentas que respeten los precios” de referencia.
PNV y PSE-EE han acordado, igualmente, que el Instituto Vasco de Finanzas continúe con sus programas de apoyo a las empresas o que el área de Movilidad invierta en infraestructuras ferroviarias o siga trabajando en el plan de establecer un sistema de descuentos “progresivos” en el transporte público en función de la frecuencia de uso y el nivel de renta. Es algo de lo que ya hablaba el consejero Iñaki Arriola, que dejó el cargo en 2024. O la gratuidad de las Haurreskolak, también refrendada por la Cámara. Se ha instado también a que se apruebe la nueva ley de Justicia restaurativa, adelantada por este periódico en mayo. Entre el paquete aprobado, hay también iniciativas sobre Osakidetza, para “valorar” algunas decisiones tomadas por el consejero Alberto Martínez.
Significativamente, no se han aprobado los 36 puntos que Pradales le ha pedido a Sánchez. Sí ha salido adelante un texto genérico para pedirle al “Gobierno del Estado” a que adopte “medidas integrales orientadas a proteger a las familias, reforzar la competitividad del tejido productivo, apoyar a los sectores más afectados por el encarecimiento de costes y avanzar en la transición energética, mediante actuaciones fiscales, ayudas directas, inversiones estratégicas y mecanismos de apoyo que contribuyan a contener el impacto de la crisis, garantzar la viabilidad de empresas y explotaciones, y preservar la actividad económica y el empleo en Euskadi”.
“Siendo honestos, las propuestas de resolución son nuestras acciones”, ha reconocido el representante socialista Ekain Rico, asumiendo que no son nuevas. Pero ha puntualizado que eso es lo que las hace valiosas. Ha añadido que tienen “gestión, recursos y coherencia” detrás. “No venimos a improvisar un catálogo de buenas intenciones”, le ha reprochado a la oposición. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha añadido con ironía que no le parece lo más razonable ir a Londres a defender políticas sociales de vivienda, en referencia a sus elevados precios y a que fue la ciudad elegida por Otxandiano para su viaje de esta semana.
Kortajarena, en un segundo turno, ha asegurado que ya tienen experiencia en ver “ridiculizadas” las propuestas que lanzan en debates monográficos aunque luego, con el tiempo, reaparecen como planes “estrella” del Gobierno. Ha puesto como ejemplo los descuentos en el transporte. “Vamos a seguir trayendo medidas”, ha garantizando. Desde Sumar, Jon Hernández, también había dicho que se “caricaturizan” las “propuestas alternativas”, aunque su grupo ha sido al que más ha aceptado el Gobierno.
Apoyo a la Ertzaintza
¿Qué se le ha aceptado a la oposición? Las cinco iniciativas de Sumar apoyadas por PNV y PSE-EE versan sobre que “la paz no puede entenderse únicamente como ausencia de guerra”, que “la Unión Europea debe desempeñar un papel activo” y, sobre todo, que es necesario “reforzar las políticas públicas de lucha contra el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, el antisemitismo y toda forma de discriminación étnico-racial, incorporando una perspectiva estructural, preventiva y reparadora, así como mecanismos específicos de protección frente a los discursos de odio, la desinformación y la violencia política contra personas migrantes, racializadas y refugiadas”.
Asimismo, han sido aprobadas dos resoluciones del PP. Ambas guardan relación con el apoyo a la Ertzaintza. “El Parlamento Vasco muestra su apoyo y reconocimiento público a la Ertzaintza, como cuerpo policial autonómico propio de Euskadi, y a las mujeres y hombres que la forman por su profesionalidad y vocación de servicio desde su creación” y “el Parlamento Vasco condena la campaña de hostigamiento y las amenazas permanentes a la Ertzaintza y sus miembros”.
EH Bildu, sin que nada de lo suyo se haya aprobado, sí ha votado a favor de cuatro de las propuestas del Gobierno. Son en concreto, el blindaje de la protección de las viviendas en zonas tensionadas, la “colaboración público-privada” para que por cada euro invertido por el Instituto Vasco de Finanzas se movilicen tres, el impulso del “modelo vasco de acogida e integación” de migrantes que, entre otras cosas, incluye el “aprendizaje lingüístico” y menciona la “convivencia intercultural” y un punto que pone en valor que Euskadi sea “referente” en tratamiento del cáncer. Curiosamente, en esta resolución se ha mencionado Euskadi como “región” en la versión en castellano y como “herrialde” en la de euskera.
Entre lo no aprobado estaba el SMI de 1.500 euros de EH Bildu, la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta el nivel C2, el máximo del marco europeo, lanzada por Sumar o que la Ertzaintza pueda portar pistolas de descargas eléctricas (taser), según requería el PP. Vox ha usado este debate, una vez más, para cuestionar los derechos de los extranjeros. La tercera de sus medidas era la “prioridad nacional” en el acceso a las prestaciones y servicios públicos.