La alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, ha solicitado al Gobierno de España la reducción de 350 a 200 de las plazas del futuro centro de refugiados que el Estado construye en la antigua Clínica Arana, propiedad de la Seguridad Social y abandonada desde hace años y antes hospital y residencia, según ha informado este viernes. Iba a ser el más grande de España.
La infraestructura, en una ciudad que ha tenido este mes de agosto a decenas de personas procedentes de Malí pernoctando en la calle, había generado un rechazo amplio y por diferentes motivos. Había colectivos y movimientos vecinales que denunciaban que iba a ser un “macrocentro”, el PNV también sostenía que se alejaba del “modelo vasco” de atención individualizada, EH Bildu se había opuesto y PP y Vox directamente asociaban inmigración con mayor delincuencia.
Las obras del recinto ya están en marcha y estaba prevista la apertura del complejo para 2026, un año antes de las elecciones municipales de 2027 en el que el debate migratorio, desde luego, va a tener un gran protagonismo. “Creo que de esta manera el centro se ajustaría mejor a la capacidad operativa de los recursos y servicios sociales de la ciudad”, ha argumentado la alcaldesa Etxebarria en rueda de prensa tras anunciar en primera persona la nueva capacidad. Otras fuentes, en cambio, adelantan que “siguen siendo demasiadas”.
En la rueda de prensa, Etxebarria ha insistido en que el proyecto es para “gente vulnerable” y que “quiere trasladar esperanza” a colectivos que sufren persecución en sus países de origen. “No hay más que ver lo que está pasando en Gaza”, ha expresado sobre la necesidad de contar con el recurso y tras recordar que Vitoria es “solidaria”. “No es un centro de delincuentes como quiere hacer creer la extrema derecha”, ha recalcado la regidora socialista.
La alcaldesa ha estado en Madrid con la ministra del ramo, Elma Saiz, esta misma semana. Le hizo llegar tres “peticiones” que fueron bien acogidas. Además del menor número de plazas, el PSE-EE local también desea que las dependencias puedan ser compartidas con los vecinos, como la zona deportiva, la biblioteca y otros servicios sociales y “mejorar los cauces de coordinación” con las instituciones locales. “La ministra fue receptiva”, ha manifestado Etxebarria.
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