El cobro de las ayudas al alquiler será desde el primer día, y las de rehabilitación de vivienda, más fáciles
El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este martes cambiar el decreto que regula las ayudas al alquiler, y el que fomenta la rehabilitación de la vivienda, aunque los cambios no se van a materializar hasta que se aprueben los nuevos presupuestos autonómicos, previstos para el 1 de abril, y la Junta abra las convocatorias de solicitudes cosa que será “cuanto antes”.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, en el primer caso se modifican las condiciones para acogerse a las ayudas cofinanciadas por el Gobierno central y el autonómico para las personas que vivan en alquiler, y a las que aspiran fundamentalmente familias jóvenes como alternativa a comprar piso.
La nueva redacción mejora las condiciones al adelantar el derecho, antes era desde que se aprobaba la solicitud y ahora desde que se pide una vez que efectivamente recibe el visto bueno oficial.
El presupuesto para esta próxima convocatoria 2016 será mayor, de 1,8 millones de euros, fruto del “diálogo, trabajo y entendimiento entre administraciones”, tras una negociación con el Ministerio de Vivienda.
Estas subvenciones al alquiler cubren el 40% de la mensualidad con un máximo de 200 euros hasta final de año, pero obligan a no ingresar más de 3,5 veces el salario mínimo, o tener ingresos suficientes para la aportación económica
La renovación, con más dinero, de estas ayudas va a fomentar según Rosiña el mercado del alquiler “que ha estado bastante paralizado estos años”.
Subvención para rehabilitar
La otra modificación legal es sobre el decreto autonómico extremeño que regula el Plan de Vivienda 2013-2016, en la línea de fomentar no la construcción sino la rehabilitación de pisos y casas.
En consecuencia del programa electoral con el que el PSOE ganó, el objetivo es según Rosiña impulsar la rehabilitación, sobre todo la enfocada a la mejora energética, quitando “obstáculos” como la intervención previa del ‘agente rehabilitador’, que según como estaba ahora el decreto era necesario su informe previo, quedando ahora en que no, aunque si al final participa podría haber hasta 1.000 euros para pagar sus honorarios.
Además de la “rigidez burocrática” existente la partida económica ejecutada era escasa, y según la portavoz el anterior gobierno regional dispuso seis millones de euros pero apenas se han concedido 167.000.
Se ha quitado también el requisito de no haber recibido ayuda en los 10 años anteriores.