Trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), representantes del comité de empresa, miembros de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', entre otros colectivos, se han concentrado este lunes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social para pedir la continuidad de la planta, de la que dependen unos 4.000 empleos de la zona
Según ha informado 'Sí Almaraz', a la concentración también se han sumado el colectivo Mujeres por Almaraz, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear y tras ella se han entregado en el Ministerio tres cartas dirigidas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
Las misivas alertan de las “graves consecuencias económicas, sociales y demográficas ”que tendría el cierre para Extremadura y para el conjunto del país. Así, 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' advierte en la carta de que “el cierre de Almaraz supondría un golpe irreversible para una comarca que ya sufre los efectos del desempleo estructural, la despoblación y la pérdida progresiva de tejido productivo.
Añade que miles de empleos directos e indirectos —cualificados, estables y de calidad— dependen de esta instalación, que actúa además como eje vertebrador de la actividad económica en la zona y su clausura aceleraría el proceso de desindustrialización y abandono rural que amenaza a una de las regiones más castigadas por el desequilibrio territorial del país.
Por su parte, el Comité de los Trabajadores pide a la ministra que defienda los puestos de trabajo y a las de cerca de 4.000 familias que viven dignamente gracias al empleo de calidad que genera la Central de Almaraz. También que tome conciencia de que no se puede condenar de nuevo a Extremadura al ostracismo ni a la desindustrialización obligándole a perder su mayor motor económico.
Por último, el colectivo Mujeres por Almaraz, un grupo de madres, trabajadoras y vecinas del Campo Arañuelo, destacan que el cierre de la central amenaza la continuidad educativa, sanitaria y social de unos municipios ya debilitados por la pérdida de población y que muchas familias jóvenes se verían obligadas a abandonar la comarca, acelerando el vaciamiento rural.