La batalla por la central nuclear de Almaraz: de la trinchera política entre Junta y Gobierno a la tregua hasta 2030
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden ministerial que otorga una prórroga a la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 no es solo un trámite administrativo de carácter energético, sino el epílogo de un prolongado choque político, técnico y económico entre la Junta de Extremadura y el Gobierno. Desde hace varios años, la continuidad de los reactores I y II de la planta cacereña ha focalizado el debate en la comunidad con varios intereses sobre la mesa: la defensa del empleo local; las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica, firme en su decisión de seguir adelante con el calendario consensuado para el apagón nuclear acordado en 2019; la rentabilidad para el oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la central) y, finalmente, una coyuntura geopolítica internacional que ha terminado por inclinar la balanza.
Desde la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta de Extremadura, la defensa de la continuidad de Almaraz se fijó como una prioridad estratégica irrenunciable, compartida por Vox. Frente al horizonte inicial de cierre escalonado (noviembre de 2027 para el primer reactor y octubre de 2028 para el segundo), el Ejecutivo regional articuló una presión constante respaldada por alcaldes de la comarca de Campo Arañuelo, que crearon la plataforma 'Sí Almaraz'. A este argumento social se sumó una contradicción técnica que la administración autonómica no dudó en señalar de forma reiterada: la paradoja de prescindir de una fuente de generación de base en una región convertida en líder fotovoltaico nacional, pero que aún carece del desarrollo necesario en infraestructuras de almacenamiento y redes de transporte para garantizar el suministro ante eventuales picos de demanda.
El principal argumento es que el cierre de la central amenazaba con la destrucción de miles de empleos directos e indirectos, aunque las cifras bailan dependiendo del interlocutor, en una comarca sin una alternativa industrial madura lista para tomar el relevo a corto plazo. Esa ha sido una de las asignaturas pendientes de los distintos Gobiernos autonómicos, del PSOE y del PP, que no han sido capaces de poner en marcha una alternativa económica para el norte de Cáceres, a pesar de que el fin de Almaraz ha planeado desde hace años. La instalación, que comenzó a funcionar en 1981 (el segundo reactor en 1983) ha obtenido hasta ahora cinco prórrogas: 1993, 2003, 2013, 2020 y la última hasta 2030. El último Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara anunció, junto al Gobierno de Pedro Sánchez, la llegada de una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Navalmoral de la Mata (apenas a 20 kilómetros de Almaraz), pero el desembarco de la multinacional china AESC aún no se ha producido.
Los socialistas extremeños también se han mostrado a favor de la prórroga de la central, aunque supeditada a la decisión que tomaran las propietarias, que solicitaron la prórroga el pasado 30 de octubre, apurando el plazo para la solicitud formal, y al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno. Solo Unidas por Extremadura, además de varios colectivos ecologistas y conservacionistas, han exigido el cierre de la instalación nuclear.
Pero esta prórroga va a tener un coste para las arcas autonómicas porque Guardiola se ha comprometido a rebajar gradualmente los tipos de gravamen del Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente, que pagan Iberdrola, Endesa y Naturgy a la Hacienda extremeña. La primera reducción se incluirá en el presupuesto de 2027 y llegará a más del 50% en 2029, aunque Vox, socio del PP en Extremadura, se ha mostrado en otras ocasiones partidario de la eliminación total, como hizo la Comunitat Valenciana. Si las empresas pagan hasta ahora unos 84 millones de euros al año, el próximo ejercicio se beneficiarán de una rebaja de más de 15 millones, de 27 millones en 2028 y de algo más de 45 millones en el año 2029.
Enfrente, el Ministerio para la Transición Ecológica, se ha mantenido inflexible durante casi todo el proceso y ha defendido que la hoja de ruta del cierre del parque nuclear español hasta 2035 era inamovible, comenzando por Almaraz y concluyendo en Trillo (Guadalajara). Sin embargo, el Gobierno marcó después tres líneas rojas para valorar la prórroga de la central de Cáceres: garantía absoluta de seguridad nuclear y protección radiológica, supeditada al dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), garantía de suministro eléctrico sin alterar los planes de despliegue de las energías renovables, y cero coste para las arcas públicas y los consumidores, rechazando taxativamente las rebajas fiscales e incentivos impositivos solicitados por Iberdrola, Endesa y Naturgy.
El primer gran hito de este proceso se produjo el pasado julio, cuando el CSN emitió su informe favorable, acreditando que las instalaciones de Almaraz cumplían con todos los requisitos de seguridad e inversión requeridos. Sin embargo, la decisión política final continuaba en el aire. Pero el elemento que ha terminado por inclinar la balanza en el Gobierno no ha sido la presión institucional regional, sino el contexto geopolítico global. La persistencia del conflicto en Ucrania y la recrudecida inestabilidad en Oriente Medio generaron una fuerte volatilidad en los mercados internacionales del gas natural. Ante el riesgo de un encarecimiento desmedido de la factura eléctrica para la industria y las familias, el Ministerio ha encontrado la justificación idónea para articular una salida pragmática: mantener la vida de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 pero aclarando que se trata de un ajuste técnico que no modifica la fecha final del apagón nuclear de todo el parque nuclear español cinco años más tarde.
Pero la prórroga no supone el final de la guerra política. El PP ya ha aprovechado para exigir el mantenimiento de todas las centrales nucleares en España, aunque el Gobierno ya ha adelantado que el objetivo final sigue siendo prescidir al 100% de la energía nuclear en 2035, confiando el reemplazo a la aceleración de las energías renovables y al almacenamiento. Con el tiempo extra concedido a Almaraz, en 2030 coincidirá el cese definitivo de cuatro reactores: Almaraz I, Almaraz II, Ascó I y Cofrentes, según el calendario previsto, que fija para 2032 el apagón de Ascó II y para 2035 Vendellós II y Trillo.