El Gobierno amplía la vida de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz, unidades I y II, según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La autorización aparece en el BOE mediante la Orden TED/864/2026, fechada el 12 de agosto. La disposición afecta a las dos unidades de la central nuclear situada en la provincia de Cáceres, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy.
La publicación oficial formaliza la decisión administrativa sobre la continuidad de la explotación de ambas unidades y supone una de las principales novedades del boletín de este viernes. Llega tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la prórroga de la licencia de la planta el pasado 16 de julio.
Según el Gobierno, “se ponderan las circunstancias excepcionales derivadas del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre los precios, volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales de gas, mientras se continúan desplegando las medidas ya en marcha de impulso de renovables y almacenamiento como soluciones estructurales a la exposición a la dependencia exterior de combustibles fósiles”.
Fuentes de Transición Ecológica destacan que “la extensión es segura desde la perspectiva radiológica y de seguridad de suministro, y no supone mayor coste a los ciudadanos”, que son las tres condiciones que puso en su día para dar su visto bueno a la extensión de vida de la planta, tras solicitar su prórroga las eléctricas. Almaraz tenía previsto inicialmente cerrar a partir de 2027, en cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno y las compañías del sector pactaron en 2019.
En concreto, el cierre de la planta extremeña estaba fijado inicialmente para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028. En principio, se mantiene el calendario del resto de cierres, de forma escalonada hasta 2035. Pero la prórroga de Almaraz hasta 2030 va a presionar para retrasar la clausura del resto de reactores del parque nuclear español. Su cierre se solaparía con la clausura de Ascó I y Cofrentes, prevista para ese año, lo que implicaría prescindir de golpe de más de 4 GW de potencia instalada.
Transición Ecológica asegura que “el Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre: esta extensión, acotada y limitada, se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas”. “Es segura para las personas”, tras el visto bueno del CSN, “no compromete la seguridad del suministro” y “no tiene coste para los ciudadanos, porque, aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas”.
Las mismas fuentes destacan que la volatilidad y la incertidumbre “son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses”, como consecuencia del enquistamiento del conflicto de Irán tras el cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba la cuarta parte del petróleo y el gas que consume el planeta antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán. La persistencia de esa crisis ha provocado que en el Ejecutivo tenga que volver a elevar la rebaja fiscal al diésel en septiembre, tras dispararse su precio en julio por encima del 15%, según el dato definitivo de inflación conocido esta semana.
Picos de precios “no previstos”
“En el contexto actual, la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente. Ello permite seguir protegiendo a la población ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre en este periodo, mientras se sigue ampliando la respuesta estructural frente a la dependencia de los precios de combustibles fósiles: el despliegue de renovables”.
El departamento de Sara Aagesen asegura también que su apuesta por las energías renovables “permanece intacta” y destaca que estas fuentes “han mejorado la competitividad de España, han contribuido a proteger a los consumidores frente a las subidas de precios de los combustibles fósiles y están generando crecimiento económico y atrayendo nuevos proyectos industriales”.
“Nuestra hoja de ruta es clara, como lo ha sido todos estos años. Este Gobierno va a seguir impulsando una agenda de apuesta sin precedentes por las renovables, porque sabemos que es nuestra principal palanca de competitividad, autonomía estratégica y de modernización de nuestra economía”.
Según Transición Ecológica, la prórroga “no compromete el objetivo de penetración de las energías renovables. Su impacto será muy limitado: la reducción de su aportación prevista para 2030 será de poco más del 1%, un porcentaje marginal que no altera de forma significativa la senda de transición energética del país”.
“La extensión solicitada del periodo de explotación para las Unidades I y II de la Central Nuclear Almaraz se limita en torno a 31 y 19 meses respectivamente, lo cual representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español, no alterándose el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear a 2035. De acuerdo con los análisis realizados, dicha extensión tiene un impacto muy limitado sobre los objetivos de política energética del país”, señala la orden publicada este viernes en el BOE.
El texto añade que “el contexto geopolítico y los daños en infraestructura de producción y exportación de combustibles extienden el riesgo y la incertidumbre a los próximos años. A pesar de estar España más preparada gracias a los avances que se han llevado a cabo en transición energética, este contexto sobrevenido de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementa la exposición del país, la ciudadanía y el tejido productivo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de estos combustibles, en un marco distinto al previsto anteriormente”.
El Gobierno recuerda que el CSN ha realizado un seguimiento y supervisión continuos de la explotación de la central durante el periodo de vigencia de la autorización actual, “así como del cumplimiento de las condiciones aplicables en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y ha evaluado la documentación que determinó necesaria para esta renovación”.
El Ejecutivo insiste en que esta “extensión limitada” se adopta ponderando la coyuntura energética marcada por la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales que han provocado el conflicto bélico en Oriente Medio y la continuidad de la guerra en Ucrania.
“Esta extensión limitada y coyuntural puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores españoles a unos picos de precio no previstos anteriormente y derivados de la crisis, mientras se continúan desplegando las medidas ya en marcha de impulso de renovables y almacenamiento como soluciones estructurales a la exposición y vulnerabilidad que suponen la dependencia de combustibles fósiles importados”.
“De igual modo, esta extensión limitada de los dos grupos de la central, de 31 y 19 meses, no altera la fecha de cierre de todo el parque nuclear en el año 2035”, insiste Transición Ecológica.