La última legislatura de María Guardiola acabó con el acuerdo entre PP y Vox en dos asuntos clave para el ideario de la derecha: la llegada de la primera universidad privada a Extremadura, a pesar de las numerosas objeciones planteadas, y la derogación de la ley de Memoria Histórica regional y su sustitución por una denominada 'de Concordia', uno de los compromisos del pacto de Gobierno que ambos partidos firmaron en 2023 y que solo duró un año.
Sin embargo, Guardiola había puesto obstáculos al cumplimiento de ese punto del acuerdo al considerar que la extrema derecha pretendía “negar la historia, olvidarla y reinterpretarla”. Una vez más, la presidenta extremeña cambió de opinión cuando necesitó el apoyo de los diputados de Vox para aprobar una rebaja fiscal que incluía la gratuidad de la caza y bonificaciones para los cotos donde se practica. Por eso, PP y Vox registraron un proyecto de ley conjunto el pasado marzo, que vio la luz a principios de octubre, 20 días antes de que Guardiola anunciase el adelanto electoral al no ser capaz, por segundo año, de obtener luz verde a sus presupuestos.
Pero el Gobierno, como ha hecho en otras comunidades, anunció que llevará la nueva norma extremeña al Constitucional. Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha forzado la apertura de una Comisión Bilateral de Cooperación con la Junta de Extremadura para negociar los artículos que el Gobierno central considera que podrían colisionar con la legalidad vigente.
Para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, ambas partes deberán pactar una reforma de los artículos más polémicos de la ley de Concordia. De los 22 artículos que contiene la norma de PP y Vox, el Gobierno y la Junta deben resolver las discrepancias manifestadas sobre ocho de ellos (1, 2, 4, 5, 6, 11, 16 y 17), además de la disposición transitoria y la disposición de la ley que deroga la ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019 y toda su normativa de desarrollo.
Las discrepancias entre el Gobierno y la Junta
En concreto, en referencia a los artículos 1 y 2, el Estado cuestiona que la ley extremeña sustituya el concepto de “memoria democrática” por el de “concordia” porque oculta el deber de reparación específico hacia las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la Dictadura. Por ello, una discrepancia fundamental es la ampliación del plazo desde 1931 hasta la actualidad. El Gobierno central sostiene que mezclar la Segunda República y la Dictadura con el periodo constitucional actual “diluye” la gravedad de los crímenes del franquismo y vulnera la ley estatal, que se centra en el periodo 1936-1978.
Los artículos 4 y 5 también están en el punto de mira. Respecto al primero de ellos, la ley de Concordia establece que las víctimas del terrorismo tienen derecho “a la investigación de hechos delictivos que no hayan sido perseguidos por haber sido amnistiados o indultados”. Además, faculta a la Abogacía General de la Junta para iniciar procesos o personarse en ellos, es decir, permite a la Junta de Extremadura investigar delitos de terrorismo amnistiados. El Gobierno entiende que se trata de una invasión de competencias porque la legislación penal es una competencia exclusiva del Estado.
El artículo 5 tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas. La ley autonómica otorga los mismos derechos de reparación a víctimas de regímenes autoritarios y a víctimas en democracia, lo que podría generar inseguridad jurídica y desvirtúa la protección especial que merecen las víctimas de la represión sistemática de la dictadura.
También hay discrepancias sobre el artículo 6, que recoge la creación de un censo de víctimas bajo control autonómico, al igual que la protección de datos personales asociados, lo que podría vulnerar el derecho al acceso a la verdad y la transparencia que debe regir a nivel nacional.
Por su parte, el artículo 11, que tiene que ver con las exhumaciones, puede ser el punto más sensible. A través de este artículo, la ley de Concordia introduce el “silencio administrativo negativo”. Si la Junta no responde en seis meses a una petición de exhumación, se entiende denegada. El Gobierno central considera que esto supone un obstáculo insalvable para las familias y vulnera el deber del Estado de facilitar la localización de desaparecidos.
El Gobierno también impugna el artículo 16 sobre la colaboración con otras Administraciones por un intento de la ley autonómica de tutelar la actuación del Gobierno en Extremadura porque se deja la puerta abierta a que, por ejemplo, para las exhumaciones que hace directamente el Ministerio se tuviera que pedir autorización o estar a expensas de los nuevos protocolos de la ley extremeña, lo que invadiría competencias estatales.
El artículo 17 hace referencia a las entidades vinculadas a la Concordia y redefine quién son ahora los interlocutores válidos. En concreto, habla de “entidades que defiendan los valores de la concordia” en lugar de “asociaciones de memoria histórica”, con lo que podrían quedar excluidas de las subvenciones y convenios las asociaciones tradicionales de víctimas del franquismo, o incluso se podría dar cabida a fundaciones con fines distintos.
Por último, quizás el punto más crítico es la eliminación de un plumazo de la ley 1/2019 de Memoria Histórica de Extremadura. El Gobierno de España analiza si esta derogación deja en un limbo jurídico derechos ya consolidados para las víctimas del franquismo en la región.