La Junta de Extremadura denunciará al delegado del Gobierno por la llegada “impuesta” de menores migrantes
La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura, en manos de Vox, denunciará en los tribunales al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, por “amparar” la llegada menores no acompañados, “una imposición” del Gobierno central que conlleva el “colapso” del sistema de protección de menores. Esta iniciativa judicial, que será emprendida por los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura y, “si hace falta”, con gabinetes externos, ha sido anunciada por el vicepresidente del Gobierno regional, Óscar Fernández Calle.
Además, el Gobierno extremeño recurrirá por vía administrativa cada una de las llegadas “impuestas” de menores no acompañados cuando se entienda que las derivaciones no se ajustan al ordenamiento jurídico o comprometan la capacidad del sistema extremeño de protección de menores. “Desde la ley con la ley vamos actuar contra el fraude” de “aceptar una inmigración masiva y descontrolada” por parte del “Gobierno corrupto” de Pedro Sánchez, ha agregado Fernández Calle.
Por su parte, José Luis Quintana ha asegurado estar “absolutamente tranquilo y, además, no solo tranquilo sino pensando que las cosas se están haciendo muy bien”. A su juicio, la posible denuncia se enmarca en “la estrategia nacional de Vox” de “atacar a los menores”, lo que refleja “la falta de humanidad” de esta formación política.
Para el delegado del Gobierno, los migrantes, incluidos los menores de edad, son “víctimas de las mafias” que se aprovechan de la difícil situación que estas personas tienen en sus países de origen. “Extremadura se ha definido siempre por ser solidaria”, ha defendido.
Quintana ha explicado que los migrantes que entran en Extremadura como mayores de edad son dirigidos al Centro de Atención de Emergencia (CAE) de Mérida, si bien, una vez allí, algunos pueden decir que son menores, por lo que se les hace la prueba de edad.
Entre 2024 y 2025 fueron 222 personas migrantes que, una vez en Extremadura, afirmaron que eran menores. De ese total, solo 34 fueron considerados como tal a tenor de las pruebas realizadas. Este último grupo pasaron al sistema de atención a menores de la Junta de Extremadura. Los otros continuaron en el CAE, servicio y recursos adscritos a la Administración General del Estado.
Pruebas de edad
Minutos antes, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha defendido durante un pleno la realización de pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados, tal como ha propuesto Vox, ya que, según ha explicado, “la protección de verdad depende de algo muy sencillo, que ninguna plaza que está pensada para un niño la ocupe quien no lo es”.
En este sentido, Fernández Calle ha defendido la realización de pruebas de edad a los menores no acompañados siempre que existan dudas razonables tanto a los que ya están en Extremadura, un total de 106, como a los que lleguen, cuya previsión en los próximos días apunta a siete más.
Ha expuesto que desde 2023 se han detectado en Extremadura un total de 73 casos de personas inmigrantes que accedieron a España siendo consideradas mayores de edad, pero que cuando llegaron a Extremadura manifestaron que no tenían la edad adulta, por lo que fueron integradas en el sistema de protección de menores. Una situación que, según ha dicho, ha supuesto un coste cercano a los cuatro millones de euros para las arcas públicas extremeñas.
Asimismo, ha anunciado que se revisarán de forma individualizada cada uno de los expedientes para comprobar si existen familiares o personas de referencia que puedan asumir la atención del menor, “tal y como contempla la normativa de protección de la infancia”. “Que vuelvan con sus familias”, ha agregado.