Los proyectos de transición justa en Aragón ganan tiempo para evitar devoluciones de ayudas europeas

Los proyectos de transición justa que se desarrollan en Aragón dispondrán de más tiempo para completar su ejecución. El Gobierno ha ampliado hasta el 30 de junio de 2028 el plazo para finalizar las actuaciones financiadas con fondos europeos en municipios afectados por la transición energética, una medida con la que pretende evitar que obras en marcha queden inconclusas y que los ayuntamientos tengan que devolver las ayudas recibidas.

La modificación, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), afecta a las ayudas destinadas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Hasta ahora, el plazo máximo para ejecutar estas actuaciones estaba fijado en el 30 de junio de 2026, aunque los beneficiarios podrán solicitar una ampliación de hasta dos años más si prevén que no llegarán a tiempo.

La decisión tiene especial relevancia para Aragón, donde distintos municipios se han beneficiado de estas líneas de financiación impulsadas por el Instituto para la Transición Justa para compensar el impacto económico y social derivado del cierre de explotaciones mineras y de instalaciones energéticas.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ampliación permitirá dar continuidad a alrededor de 60 proyectos en toda España, con una financiación cercana a los 70 millones de euros. De no haberse aprobado la medida, los ayuntamientos que no hubieran completado las actuaciones dentro del plazo establecido se habrían visto obligados a reintegrar los anticipos recibidos, dejando parte de las obras sin concluir.

Las ayudas forman parte de la estrategia estatal de transición justa, orientada a impulsar nuevas oportunidades económicas y mejorar los servicios e infraestructuras de los territorios más afectados por el proceso de descarbonización. La primera convocatoria, resuelta en 2023, financió 107 proyectos con una dotación de 89 millones de euros, mientras que una segunda convocatoria adjudicó otros 25 millones a 19 iniciativas adicionales.

La orden publicada este jueves habilita a los beneficiarios a solicitar una modificación de la resolución de concesión cuando consideren que no podrán finalizar las actuaciones antes de junio de 2026. En caso de recibir el visto bueno del Instituto para la Transición Justa, el nuevo plazo de ejecución podrá extenderse hasta el 30 de junio de 2028, mientras que la justificación de las inversiones deberá presentarse antes del 31 de agosto de ese mismo año.e