La Junta tacha ahora de ilegal el modelo de ayudas a los sindicatos, que Guardiola mantuvo en su último presupuesto

Pura contradicción. La Junta de Extremadura ha justificado el recorte de las subvenciones a los sindicatos y la patronal, previsto en los presupuestos de 2026, amparándose en el acuerdo de gobierno firmado entre el PP y Vox, así como en una revisión que determina que las cantidades satisfechas desde 2004 se habían incrementado contraviniendo la normativa y sin justificación, llegando a un aumento “desmesurado” del 237% en el año 2020.

La secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, María Inmaculada Núñez Arroyo, ha respondido en una comisión parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado de Unidas por Extremadura, Juan Alessandro Schirinzi, acerca de la postura que mantendrá el Ejecutivo regional respecto a la financiación de las organizaciones sindicales.

El parlamentario de la formación de izquierdas ha recordado que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 reduce a la mitad las subvenciones destinadas a los sindicatos y a la patronal en cumplimiento de uno de los puntos reflejados en el pacto de gobierno de PP y Vox. Schirinzi ha achacado esta medida a un intento del Ejecutivo de “quitar del medio a la gente incómoda” y ha recriminado a la secretaria general que “intente revestir de carácter técnico una decisión que es plenamente política”. Asimismo, ha preguntado si, bajo esa misma argumentación, era ilegal la subvención de 569.700 euros consignada en el anterior presupuesto elaborado por el Gobierno del PP, que no llegó a aprobarse por falta de apoyos, y ha acusado a los populares de “haberse vendido a la agenda más ultra posible”, comparando la situación con Aragón, donde el recorte de PP y Vox a los agentes sociales ha sido del 15%.

El argumento normativo de la Junta

Por su parte, la secretaria general de Hacienda, tras reconocer el papel constitucional y legal de estas organizaciones “como agentes esenciales de participación institucional y diálogo social”, ha argumentado que se han incumplido dos normativas específicas que regulan la concesión de estas ayudas.

En primer lugar, se ha remitido a la Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos de Extremadura. Según ha apuntado, esta norma establece que la presencia de los agentes sociales en los órganos institucionales se presume “a título gratuito” y que la subvención nominativa fijada en las cuentas regionales debe ser revisada anualmente conforme a la variación del IPC y con el límite de crecimiento dispuesto en el propio presupuesto.

En segundo lugar, ha citado la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española, recordando que esta norma desvincula los precios, tarifas y contratos del sector público de la evolución del IPC. Por ello, ha afirmado que dicha ley afectaría a estas ayudas, las cuales solo podrían incrementarse por otra ley o por el aumento de los costes reales del objeto de la ayuda, algo que ha asegurado que no sucedió.

En concreto, Núñez Arroyo ha explicado que n 2015, año en el que entró en vigor la Ley de Desindexación, la subvención a los agentes sociales ascendió a 123.402 euros, una cantidad que, según la secretaria general, debería haberse congelado a partir de entonces. Sin mebargo, de 2016 a 2018, se realizaron incrementos anuales de 30.000 euros que, según la Junta, no estuvieron justificados en base a un aumento de los costes específicos. En 2020, se produjo un incremento del 237 % sin justificar, alcanzando los 618.481 euros.

La secretaria general ha recordado que el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox establece una reducción a la mitad de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública. En base a este acuerdo y a las dos leyes citadas, el Ejecutivo ha realizado una revisión “exhaustiva” de las cantidades satisfechas desde 2003 para fijar la cuantía de 2026.

Finalmente, las cuentas de 2026 cifran en 284.850 euros la partida para los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales CREEX y CIEM, siendo esta última beneficiaria por primera vez. Núñez Arroyo ha subrayado que, pese al recorte, esta suma alcanza más del doble de la cuantía asignada en 2015, concluyendo que de este modo se mantiene la financiación de la participación institucional pero “sometiéndola a los criterios de legalidad, revisión y de adecuación presupuestaria”. “La postura de la Junta es cumplir con el acuerdo de gobernabilidad cumpliendo con la legislación vigente”, ha zanjado.