El secretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha solicitado su libre absolución en el caso que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial.
La jueza que ha llevado la instrucción, Beatriz Biedma, decidió procesar a Gallardo, Sánchez y nueve trabajadores de la Diputación, cuyo juicio, de celebrarse, tendrá lugar en la Audiencia Provincial. La magistrada atribuye al líder de los socialistas extremeños los presuntos delitos prevaricación y tráfico de influencias, al igual que al músico.
Ahora, el abogado de Gallardo ha enviado un escrito de defensa al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que solicita la libre absolución al considerar que no existe delito alguno por parte de su defendido. En primer lugar, sostiene que fue el pleno de la Diputación el que decidió en diciembre de 2016 crear la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que ocupó David Sánchez, después de que su Gobierno acordara una modificación de la relación de puestos de trabajo en la institución provincial.
En el escrito, la defensa asegura que el presidente de la Diputación y el hermano del presidente del Gobierno no se conocían en ese momento, y que el motivo de la creación de la plaza no obedeció a peticiones “del entorno”. En este sentido, recuerda que Pedro Sánchez “no desempeñaba ningún cargo en el Partido Socialista Obrero Español al haber sido forzado a dimitir en el Comité Federal celebrado el 1 de octubre de 2016”.
Gallardo también subraya, a través de su abogado, que en la primavera de 2017, cuando se publicaron las bases para cubrir el puesto, tampoco conocía al músico y aún no se habían celebrado las primarias en el PSOE, un proceso en el que el político extremeño apoyó a Susana Díaz.
El secretario regional del PSOE niega que haya existido una “relación personal” con David Sánchez, como se indica en el escrito de acusación, y que una vez que este se convirtió en trabajador de la Diputación, la relación “fue la propia y habitual entre el presidente de la Corporación y el resto del personal directivo de esta, sin que [...] tuviese a su cargo vigilar ni la observancia de los horarios, ni la asiduidad de la presencia, ni cualesquiera otras de las obligaciones laborales” del músico.
Respecto a la modificación del nombre del puesto de David Sánchez, que pasó de ser coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, “no hay atisbo de ilegalidad”: “No pasó de consistir en un cambio de denominación y en la adición de una referencia a las artes escénicas de carácter lírico musical”, se recoge en el escrito. Además, la defensa afirma que el procedimiento se ajustó “escrupulosamente” a la ley y contó con el visto bueno de “los señores diputados, que votaron a favor de la modificación y que, felizmente para ellos, no han sido imputados en esta causa”.
Por último, la defensa de Gallardo se refiere a la creación de la Jefatura de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que ocupó Luis Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, a través de una comisión de servicio, y asegura que fue una actuación administrativa legal.
El abogado concluye con una llamada de atención sobre la “transmutación de la causa”, iniciada por una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa “dirigida por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraudes y exacciones y legales y malversación frente a David Sánchez Pérez-Castejón, y devenida hoy en un procedimiento en el que se postula la existencia de prevaricaciones sin resoluciones injustas, nombramientos ilegales para cargos de designación discrecional y tráficos de influencias en los que no hay atisbo de relaciones de prevalimiento”.