Lo delitos sexuales crecen un 32% en Extremadura y un 30 % los de violencia doméstica y de género
Los delitos por violencia doméstica y de género aumentaron cerca de un 30 % en 2022 en Extremadura, con “la inaceptable cifra” de 2.246 diligencias en dicho año, y los delitos sexuales crecieron un 31,9 %, según ha expuesto hace unos días el Fiscal Superior de esta comunidad autónoma, Francisco Javier Montero. A ambos incrementos se suman “la virulencia” de los delitos a través de internet, principalmente las estafas, que ha aumentado un 43,3 % respecto a 2022 y un 173,32 % si la referencia es con 2019. Tanto estos datos como las citadas consideraciones han sido expuestas por el Fiscal Superior de Extremadura durante su presentación de la memoria del Ministerio Fiscal de 2022.
En lo que se refiere a las violencias doméstica y de género, se ha alcanzado “la inaceptable cifra”, según ha afirmado, de 2.246 diligencias frente a las 1.742 de 2021, lo que se traduce en “un escandaloso” aumento de un 28,93 %. También es “preocupante” la evolución de los delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar o afectivo, con una cifra de 769 casos que suponen un aumento de un 67,17 % frente a 2022 y de un 136,62 % respecto a 2019.
Respecto a los delitos sexuales, los Fiscales jefes de Cáceres y Badajoz muestran “su gran preocupación” por su negativa evolución, pues la importancia cuantitativa de estas infracciones, “que constituyen un gravísimo atentado a la libertad de las personas”, va acompañada de “un gran salto cualitativo” en cuanto a la gravedad de las mismas. El número total de delitos de esta clase ha sido de 430, subiendo un 31,90 % respecto a 2021 y “un terrible 66 %” cuando la víctima es un menor.
En este sentido, las víctimas menores han aumentado un 22 % en los delitos de corrupción, un 133 % en el uso de menores para pornografía, un 57,14 % los delitos de abusos de menores y un 100 % las agresiones sexuales a menores. En cuanto a los delitos sexuales cometidos por menores, se han incoado 63 procedimientos, un 50 % más respecto a 2021. “Estas cifras son más que alarmantes” y las principales causas por parte de los expertos es “la banalización de las relaciones sexuales”, “la falta de una adecuada educación afectivo sexual”, “la falta de valores en igualdad y respeto a las personas” y “el acceso a contenidos pornográficos ilimitados, que normalizan conductas o estereotipos impropios para su edad”.
Fuera de estos ámbitos, en los delitos patrimoniales hay subidas generalizadas en los hurtos, robos con fuerza, en casa habitada y con violencia o intimidación, estos últimos un 29,73 %. “Especial virulencia están teniendo los delitos a través de internet, principalmente las estafas”, pues han aumentado un 43,3 % respecto a 2022 y un 173,32 % si la referencia es 2019.
Asimismo, “el imparable aumento” de los delitos contra la seguridad vial ha sido del 21,72 %. Muy preocupantes son los delitos de conducción bajo el alcohol o las drogas tóxicas y la conducción si permiso habilitante“. En el aspecto cuantitativo, el número de procedimientos penales fue de 44.287, un 7,44 % más que en 2021, y los escritos de acusación del Fiscal se elevan a 5.511, un 4,3 % más. En el aspecto cualitativo, se ha producido un importante incremento de los delitos contra la integridad física, especialmente las lesiones dolosas, un 24,48 %.
Montero ha calificado de “suma urgencia” la superación definitiva del sistema de partidos judiciales y tribunales, herencia del siglo XIX, y ha abogado por la implementación de los Tribunales de Instancia y de Apelación, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que profundice en su autonomía y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que derogue la más de 50 veces reformada Ley de 1872 y que atribuya la investigación criminal al Fiscal con auxilio de las FFCCSSEE.
Asimismo, ha pedido un incremento de medios personales, pues la cifra de jueces y fiscales en 2020 en España es de 16,61 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa es de 28,7. “Es decir, un 40 % menos cuando hay un 25 % más de litigiosidad”, ha argumentado.
La memoria de la Fiscalía contienen el apartado a 'PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS' en el que, “sin perjuicio del estricto cumplimiento de las normas vigentes”, se subraya la necesidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “que introduzca expresamente la medida cautelar de desalojo en 48 horas en los casos de allanamientos de morada, distinguiendo estos supuestos de las meras usurpaciones de inmuebles”.