Hace ahora diez años en Galicia comenzaba el segundo curso escolar desde la entrada en vigor del decreto de “promoción del gallego en el sistema educativo”, una norma que desarrollaba de manera prácticamente literal lo estipulado para la enseñanza en el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNL), un amplio documento aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego en 2004, todavía con Manuel Fraga en la presidencia de la Xunta. La base de aquel decreto era impartir, como mínimo, la mitad de las materias escolares en gallego.
Aunque inicialmente el PP había secundado este documento por ser continuación del “instrumento esencial” aprobado en tiempos de Fraga, los conservadores acabaron desmarcándose de él acusando a los entonces socios de gobierno en Galicia, PSdeG y BNG, de “abrir la puerta a un modelo monolingüístico”. En un clima político general marcado por la segunda victoria electoral del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y la aplicación del nuevo Estatut de Catalunya, en parte de la prensa gallega comenzaron a surgir titulares sobre una asociación llamada Galicia Bilingüe, que prometía “dar mucha guerra” contra una supuesta falta de “libertad”.
Este es el marco en el que hizo su aparición en Galicia la que entonces era una fuerza política prácticamente inédita fuera de Catalunya: Ciudadanos. Lo hizo en la primavera de 2008 para mostrar su “total apoyo” a Galicia Bilingüe frente a la “amenaza del nacionalismo excluyente contra la libertad” y contra la “galleguización”. Poco después, en septiembre del mismo año, la “Federación Norte” del partido volvió a pronunciarse en Galicia para “aplaudir” un informe en el que el lobby empresarial Club Financiero de Vigo defendía la tesis de una supuesta marcha de empresas de Galicia y otros problemas económicos motivados por la “falta de libertad” lingüística. El informe, presentado apenas dos semanas después de la caída de Lehman Brothers, era para Ciudadanos muestra de que el gallego se había convertido en una “frontera que dificulta actividades financieras, económicas y comerciales”.
Manifestación preelectoral en Santiago
Con este telón de fondo llegó la carrera hacia las elecciones gallegas de 2009, en las que la guerra lingüística era una de las banderas del PP. El 8 de febrero, en puertas de la campaña electoral, Galicia Bilingüe convocó una manifestación en Santiago contra la política lingüística de la Xunta y Ciudadanos se apresuró para sumarse: “este es un problema nacional”, había afirmado en un comunicado en el que aseguraba además que en Galicia “empresarios y comerciantes” ya no eran “libres usar la lengua que prefieran en sus negocios”.
Los grandes protagonistas de aquella marcha habían sido algunos de los principales dirigentes del PP gallego. Junto a ellos se manifestó la entonces líder de UPyD, Rosa Díez, pero también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Aquellas elecciones dieron la mayoría absoluta al PP de Alberto Núñez Feijóo y Ciudadanos emitió un nuevo comunicado con la siguiente conclusión: “La llegada del PP a la Xunta ha supuesto un avance relativo en la defensa de los derechos tan atacados por socialistas y nacionalistas”.
Guerra lingüística municipal
Desde entonces en Galicia se han celebrado dos elecciones autonómicas más. En las de 2012 Ciudadanos no presentó candidaturas y en 2016 sí lo hizo, pero se quedó en apenas 48.500 votos, un 3,38% del total que dejó al partido naranja sin representación parlamentaria. Su referente en esos comicios fue Cristina Losada, periodista colaboradora habitual de medios conservadores que en los años álgidos de Galicia Bilingüe se había mostrado abiertamente favorable a sus tesis. Durante la campaña Losada mostró serias dificultades para expresarse en público hablando gallego desde un autobús de campaña rotulado con varias erratas en este idioma.
Antes de los comicios autonómicos Ciudadanos, en 2015, sí había logrado representación en varios ayuntamientos con algo más de 28.000 votos. Algunos de los 16 concejales obtenidos se lanzaron también a la guerra lingüística. Fue el caso de Ferrol, donde su única concejala se estrenó en la política local pidiendo la derogación de la normativa municipal en materia de uso del gallego, vigente desde finales de los años 90.
Poco después, en diciembre de ese mismo año, los de Rivera lograron un diputado por A Coruña tras una campaña en la que sus candidatos habían llegado a escaparse de los periodistas para no tener que responder preguntas sobre sus propuestas concretas para Galicia. Una de esas ellas llegó en un mitin en A Coruña, donde el partido naranja sugirió que Galicia sería un buen escenario para la serie Juego de Tronos. La iniciativa la propuso Marta Rivera de la Cruz, escritora de origen gallego, candidata de C's al Congreso por Madrid y actual diputada. Rivera de la Cruz, como Losada, había protagonizado varias polémicas en la década anterior porque, desde su punto de vista, había sido marginada en Galicia a causa de no escribir ni expresarse habitualmente en gallego.
El castellano “desaparecido”
Rivera de la Cruz, precisamente, ha descendido otra vez a la arena lingüística en las últimas semanas. Lo ha hecho para respaldar al también diputado de C's Toni Cantó, encargado de defender en el Congreso una propuesta para impedir que el funcionariado deba conocer gallego, euskera o catalán para trabajar en las comunidades donde se hablan estos idiomas. Las tesis de Cantó sobre una supuesta “desaparición” del castellano en determinados ámbitos de la Administración y la vida pública gallega suscitaron, a partes iguales, hilaridad e indignación entre políticos, asociaciones de defensa del gallego y usuarios de redes sociales.
En el marco de esta polémica Cantó justificó su postura en un artículo publicado por el periódico La Voz de Galicia ante el que regresó la controversia, pero también las mofas a través de las redes. En este contexto Rivera de la Cruz utilizó su colaboración habitual con otro diario, el lucense El Progreso, para adherirse a las tesis de su compañero. “Toni Cantó tiene razón”, afirmó para defender al diputado del “ejército de odiadores” al que apoda como “talibanciños”. El problema, considera, es la “imposición lingüística”, pero también los “complejos” del PP gallego. Según los datos oficiales más recientes, el uso del gallego está en obvio retroceso desde hace lustros.