Contas pide a los ayuntamientos un mayor análisis de la tasa turística y que concreten a qué se destinará

El Consello de Contas pide a los ayuntamientos que hagan un análisis “más completo” en relación con la implantación de la tributación por estancias turísticas. Lo hace en un informe de auditoría “exprés” de la planificación e implantación de estos tributos, en el que estudió a los tres municipios que en el momento del estudio tenían en tramitación y/o implantados los recargos: Santiago, A Coruña y Vigo.

“Las ordenanzas fiscales deberían incluir un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”, advierte.

Antes, según recoge Europa Press, lanza una crítica a su regulación por la Xunta, toda vez que “la tramitación de la ley que amparó la aprobación de las ordenanzas como ley de 'acompañamiento' de la ley de presupuestos generales de Galicia se efectuó sin que se considerase procedente la emisión del dictamen del Consello Económico y Social y la discusión previa de las partes interesadas –por ejemplo, a través de la consulta pública previa en el portal de transparencia–, ni se previno la participación de la Fegamp”.

De acuerdo con el informe, en el cuarto trimestre de 2025, A Coruña recaudó 365.150 euros de la tasa turística, lo cual, en proyección, serían 1.460.600 euros al año, frente a los 2.500.000 estimados. Santiago de Compostela obtuvo 548.000 euros en el cuarto trimestre, 2.192.000 en cómputo anual frente a 2.600.000 estimados.

La auditoría apunta al “reducido cumplimiento voluntario inicial” y también a que el recargo ingresado se corresponde con el cuarto trimestre, “de menor volumen de turistas” que el segundo o el tercero, por lo que establece que “cabe suponer que la recaudación total, sin perjuicio de posibles porcentajes de incumplimiento por los contribuyentes, estarán muy por encima de los cálculos iniciales de los ayuntamientos”.

Críticas y recomendaciones

Entre las recomendaciones, Contas señala que las ordenanzas aprobadas reiteran las previsiones generales de la norma autonómica “sin fijar de manera concreta las medidas para cada una de las dos ciudades que finalmente aprobaron la norma”, y advierte de que son “ciudades con condiciones socioeconómicas, y turísticas más en concreto, muy dispares (el fenómeno de la peregrinación en Santiago de Compostela frente al del crucerista en A Coruña es ejemplo suficiente)”.

En este sentido, estima que las ordenanzas fiscales deberían incluir “un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”.

“No existió con carácter previo a la aprobación de las ordenanzas un análisis bien motivado con cifras y retorno económico de las medidas e inversiones que se asumirán con la recaudación obtenida”, censura.

Además, considera que la fijación en el ayuntamiento de A Coruña de supuestos adicionales “no sujetos a los que recoge la ley” puede “chocar” con la reserva de legalidad y resultar en la práctica contrario al principio de progresividad en el que debe basarse el sistema tributario, porque no guarda relación con la capacidad económica de la persona y exonera del pago a personas sujetas al impuesto autonómico, y por lo tanto también a recarga.

Echa de menos también en el trabajo previo a la aprobación de la ordenanza “posibles medidas complementarias” con impacto en el control turístico, como actividades de inspección turística, zonas de vivienda tensionada, la reorganización o reubicación de eventos de concentración turística...

Recrimina, igualmente, que en no se aplicaron “medidas efectivas de incentivo” para los sectores “más afectados” por la normativa en trámite.

Añade que la publicidad “no fue efectiva” toda vez que los procedimientos de audiencia e información pública se limitaron a propuestas abiertas o libres, o solo a la disponibilidad de borradores del texto legal. “Ni la población en general ni los colectivos más afectados dispusieron de una información previa completa”, censura.

Asimismo, el organismo fiscalizador observa que “la participación ciudadana en el ámbito de los ayuntamientos en las comisiones recogidas en la norma debería articularse de manera más dinámica y en paralelo con la preparación y entrada en vigor de las ordenanzas”.

“La ausencia de una tramitación ágil y relevante de los ingresos directamente afectados que se obtienen con el recargo sobre el impuesto turístico y la ejecución de las inversiones en turismo sostenible, era una problemática ya acreditada en otras administraciones públicas con anterioridad, pero los ayuntamientos gallegos no tomaron medidas para evitarla en la elaboración de las ordenanzas ni en su aplicación práctica inicial”, reprocha.

“Los ayuntamientos deberían incluir el análisis de los ingresos estimados y finalmente obtenidos, junto con la planificación de las medidas alternativas a la aplicación del recargo, en la fase de preparación de las ordenanzas, coadyuvando a una mejor planificación y ejecución de las inversiones a realizar con la recaudación obtenida”, concluye.