La Iglesia compostelana, gran tenedora: los activistas reclaman para viviendas sociales sus cientos de inmuebles sin uso

“La propia Iglesia se está reconociendo a sí misma como un gran tenedor”. El anuncio del acuerdo entre el Arzobispado de Santiago, Cáritas y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para transformar casas rectorales y patrimonio eclesiástico en viviendas de emergencia, ha servido para poner el foco sobre una realidad. Al Sindicato da Vivenda de Compostela, uno de los impulsores de la acampada que está a punto de cumplir un mes de estancia en la Praza do Obradoiro, justo frente a la Catedral, ese “parche asistencialista” se le queda corto y reclama que esos edificios, junto a todos los demás que la archidiócesis está “acaparando”, se “retiren de las manos de la Iglesia” para transformarlos en vivienda protegida. Se estima que en toda Galicia existen unas 4.000 rectorales a las que se podría dar ese nuevo uso.

El acuerdo marco fue suscrito a mediados de mes por el arzobispo compostelano, Francisco José Prieto; la directora de Cáritas Diocesana de Santiago, la exconselleira Pilar Farjas, y el decano del COAG, Luciano G. Alfaya. “La Iglesia quiere poner sus recursos al servicio de las personas y familias que más lo necesitan. Este convenio nos permite dar una nueva vida a inmuebles que forman parte de nuestro patrimonio para convertirlos en espacios de acogida, esperanza y acompañamiento”, afirmó entonces Prieto. “Se trata de una forma concreta de responder a necesidades reales y de contribuir a que más personas puedan recuperar estabilidad y dignidad a través de un hogar”.

“La Iglesia está reconociendo que, solamente en casas rectorales –porque sabemos que poseen otro tipo de inmuebles y mucho más numerosos–, tienen 4.000 en toda Galicia y 800 en Compostela”, una archidiócesis que ocupa un tercio de la superficie de la comunidad. “Están reconociendo públicamente que están acaparando vivienda, porque esta política se basa en rehabilitar, y reacondicionar viviendas que no estaban correctamente habilitadas o que no estaban a disposición de la población en general”, explica a elDiario.es Dani González, portavoz del Sindicato da Vivenda.

“Si la Iglesia puede movilizar tanta vivienda de golpe significa que no estaba siendo utilizada”, continúa. “Entonces, para nosotros no hay más que un reconocimiento público del papel que está desempeñando la Iglesia como un gran tenedor más. Por eso, siempre la incluimos en nuestro cupo junto a empresas, bancos y fondos buitre. Sobre todo en Compostela, evidentemente”. El inventario más reciente de las posesiones del Arzobispado, del año 2020, elevaba a 1.677 el número de sus inmuebles urbanos de uso no religioso, la cuarta parte de un patrimonio que alcanzaba los 300 millones de euros de valor catastral.

“Ya tener 800 viviendas es bastante extraordinario, porque aquí lo que prima son medianos tenedores, con 10 o 15 pisos, y la Iglesia sobrepasa todos estos números. Lo que nosotros recomendaríamos es retirarla de sus manos y convertirla en vivienda protegida”, concluye González. “Esa es la política institucional que nos resultaría mínimamente adecuada”.

Pero, mientras ese ambicioso objetivo no llega, el Sindicato celebra “cualquier parche” que se pueda poner, “porque es un avance y una apuesta de recursos a disposición de colectivos vulnerables que lo necesitan. Pero no deja de ser un parche, se queda muy limitado”. Además, pese a reconocer la labor de Cáritas, critica el modelo, “asistencialista”, porque “genera dependencia y consideramos que no es ni de lejos lo idóneo, que no es donde se tienen que poner recursos y mucho menos se tiene que celebrar por todo lo alto como una política exitosa. No representa más que una forma de solucionar un error estructural que no se está abordando”.

La búsqueda de financiación

La propuesta de Arzobispado, Cáritas y COAG busca “identificar, estudiar, rehabilitar y poner en uso” edificios de la Iglesia que puedan convertirse en “recursos residenciales para personas y familias en situación de vulnerabilidad”, es decir, “movilizar patrimonio residencial de la Iglesia y ponerlo al servicio de proyectos de vivienda de emergencia, alojamiento temporal e inclusión social.” Con ello, la archidiócesis “aspira a ofrecer respuestas concretas a uno de los principales desafíos sociales de Galicia, el acceso a una vivienda digna”.

El acuerdo marco “permitirá analizar el potencial de las aproximadamente 800 casas rectorales existentes en el territorio de la Archidiócesis de Santiago, una parte significativa de las cerca de 4.000 casas rectorales que existen en Galicia, con el objetivo de identificar aquellos inmuebles que, por sus características y ubicación, puedan ser rehabilitados y destinados a programas residenciales de carácter social”. Un convenio que busca un marco estable en el que combinar “la función social del patrimonio eclesiástico, la experiencia de acompañamiento de Cáritas –que gestiona 40 alojamientos sociales en la comunidad, con unas 240 plazas– y el conocimiento técnico de los profesionales de la arquitectura”.

Entre las primeras actuaciones anunciadas destaca la elaboración de un Plan Director de Vivienda Social en Patrimonio Eclesiástico de la Archidiócesis de Santiago que actualice el inventario de casas rectorales que la Xunta y el COAG redactaron entre los años 1991 y 1993. El convenio también prevé crear una “red de arquitectos colaboradores”, vinculados al Colexio, para el “desarrollo de estudios previos, asesoramiento técnico y proyectos de rehabilitación”, además de puesta en marcha de “mecanismos de apoyo permanente” que orienten sobre ayudas públicas, subvenciones, eficiencia energética y adecuación normativa.

El de la financiación de los proyectos que puedan surgir es un capítulo todavía desconocido. Las tres entidades firmantes se comprometieron a colaborar en la captación de fondos, tanto públicos como privados, para conseguir “hacer viables las actuaciones de rehabilitación y puesta en uso de los inmuebles seleccionados”. Queda también por ver si el uso como vivienda de emergencia sería para siempre o por un período limitado de tiempo, tras el que la Iglesia pudiese volver a disponer de las rectorales y convertirlas, como ha sucedido en otros puntos del Estado, en hoteles de lujo.

El precedente frustrado por unas elecciones y un robo

Ese uso social por un plazo temporal cerrado era lo que buscaba una anterior iniciativa del cabildo compostelano, más modesta en su ambición pero con un objetivo que, sin duda, se ajustaba más a lo propuesto por el Sindicato da Vivenda. En febrero de 2010, la crisis económica golpeaba con fuerza a España. El paro había crecido casi un 80% durante el año que acababa de finalizar y sólo tres meses después, en mayo, el gobierno Zapatero acometería su gran recorte de gasto público, 15.000 millones de euros. Es en ese invierno cuando José María Díaz, el deán de la Catedral –su principal autoridad “ejecutiva”– puso a disposición del Consorcio un edificio vacío en la Praza de Feixóo, a sólo 200 metros de la fachada este del templo, la que da a la Praza da Quintana.

El Consorcio de Santiago es una institución tripartita –formada por el Estado, la Xunta y el Ayuntamiento– que tiene entre sus principales objetivos velar por una zona monumental declarada Patrimonio de la Humanidad. En aquel momento, había puesto en marcha un programa llamado Edificios Tutelados en el que se hacía cargo de la rehabilitación de inmuebles completos a cambio de mantenerlos después en alquiler social el tiempo necesario para recuperar el coste de los trabajos. Esa era la iniciativa a la que Díaz, volcado con la labor del Consorcio, ofrecía sumar una construcción que, en aquel momento, estaba vacía, excepto por dos locales comerciales en la planta baja. Quienes lo trataron entonces aseguran que, tras ese, el deán tenía en la cabeza sumar al programa más edificios sin uso.

La encargada de gestionar aquel programa de alquileres era la empresa municipal de vivienda, Emuvissa, que –aunque nadie podía predecirlo– tenía los días contados. En las elecciones municipales de 2011, el PP consiguió la alcaldía por un puñado de votos y al nuevo regidor, Gerardo Conde Roa, que traía bajo el brazo proyectos urbanísticos que la oposición no dudó en tildar como “pelotazos”, Emuvissa le sobraba, así que la cerró y, con ella, el plan de los Edificios Tutelados.

De la media docena de reformas de inmuebles que se habían presentado a la iniciativa, sólo una –de titularidad privada–llegó a hacerse realidad. Sin Emuvissa, Díaz pensaba que, precisamente, Cáritas podía ser una buena alternativa, pero el deán cayó en desgracia tras el robo del Códice Calixtino. Dimitió de su cargo, volvió a su Mondoñedo natal, en el norte de Lugo, y su propuesta quedó en el limbo.

Hoy, tres lustros después y un escenario en el que la vivienda es ya el primer problema de la sociedad, al que era entonces gerente del Consorcio, Xosé Manuel Villanueva, le parece una “prioridad” vincular la rehabilitación del patrimonio con la oferta de alquileres asequibles. En conversación telefónica con elDiario.es, señala que el Consorcio de Toledo, un ente similar al compostelano, lo tiene tan claro que, incluso, está llegando a comprar directamente los inmuebles para llevarlo a cabo. En su opinión, en ciudades como Santiago, la apuesta por este eje es, más que necesaria, claramente “indispensable”.