Lavacolla, el campo de concentración que nutrió de mano de obra forzada la construcción de las pistas del aeropuerto de Santiago
Las pistas del aeropuerto de Santiago de Compostela, hoy denominado Lavacolla-Rosalía de Castro, las construyó, en parte, mano de obra forzada. Forzada por el franquismo, que la recluía a apenas tres kilómetros en uno de los 11 campos de concentración que, desde 1936 y hasta bien entrados los años 40, sostuvo en Galicia. Allí penaron más de 2.000 personas y allí padecieron, según los historiadores, “hacinamiento, frío, hambre, enfermedades, violencia verbal y física”. Colectivos memorialistas solicitan ahora al Gobierno central que designe los edificios utilizados entonces y aún en pie como Lugar de Memoria Democrática.
La en aquel momento incipiente dictadura aprovechó las instalaciones de una vieja curtiduría, inaugurada por el empresario Juan Harguindey Brousson y desde 1910 propiedad del abogado y político de tendencia maurista Jacobo Varela de Limia, para organizar uno de los nodos de su sistema concentracionario. Al régimen le interesaban -lo estudió Carlos Hernández- fábricas, almacenes, monasterios -el de Oia, por ejemplo-, colegios -el de Camposancos, en A Guarda-, plazas de toros, lugares con gran capacidad en dónde encerrar a los desafectos. A lo que, además, deslocalizaba: entre los más de 2.000 condenados en Lavacolla, apenas había gallegos. “Buscaban apartarlos de sus redes de apoyo”, señala la documentación reunida por las entidades memorialistas.
Aun así los historiadores han documentado como algunos de los vecinos de las aldeas próximas -Bama, O Amenal, Vilachá ou Arca- se las ingeniabana para ayudar a los reclusos. Que eran sobre todo jóvenes en edad militar. La dictadura los clasificaba entre desafectos, soldados desertores, soldados republicanos extranjeros o condenados por consejo de guerra a penas de trabajo. Muchos se encontraban a la espera. Pero Hernández, uno de los más sistemáticos investigadores de los campos del franquismo -su libro Los campos de concentración de Franco: sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas (2019) es un clásico sobre el tema-, recordaba que no eran solo espacios de clasificación: también de “exterminio, reclusión, castigo, trabajos forzados y 'reeducación”.
Las condiciones eran, en todo caso, terribles. Lo consignaron en diarios secretos algunos de los supervivientes, como el del soldado republicano Casimiro Jabonero exhumado en 2004 por el historiador Víctor Santidrián, y también fuentes oficiales de la época. “Las condiciones higiénicas de estos locales son francamente deficientes”, redactaba el general jefe de la 81ª División Manuel Canellas Tapias. Ese informe, recopilado por los colectivos que vehiculan la petición al Gobierno, también describía el entorno físico: iluminación insuficiente, suelos de tierra, sistemas precarios de evacuación de excrementos.
A partir de 1940, las instalaciones de Lavacolla acogieron a los recién creados Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Fueron estos los que, forzados, trabajaron en la ampliación de las pistas de lo que, hasta entonces, no había sido más que un aeródromo. Hacia 1945, el régimen clausuró las dependencias. En la actualidad son un hotel y un albergue de peregrinos. Uno de los barracones permanece cerrado. Todo en pleno Camiño Francés de Santiago, la más transitada de las rutas xacobeas.
Cinco Lugares de Memoria en Galicia
La petición al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática parte de las investigadoras Alexandra Rose Briere y Rossalía Macías Tarrío, del Colectivo Pipueca, y la respaldan la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda de A Coruña, la Agrupación Cultural O Galo de Santiago de Compostela, Arxentines na Galiza pola Memoria, Verdade e Xustiza, la Asociación Cultural Obradoiro da Historia de Ordes, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza, el grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela, Nova Escola Galega, y las librerías A Tobeira de Oza, de A Coruña, y ULA, de Serra de Outes.
El Gobierno ha declarado hasta el momento cinco Lugares de Memoria Democrática, al amparo de la ley de 2022, en Galicia. Se trata de los campos de concentración de las islas de San Simón (ría de Vigo) y Santo Antón na Coruña, del Pazo de Meirás, del Campo de Aragón en Ourense, de la Prisión Provincial de Lugo y de la ciudad de Ferrol.