La Xunta calla ante las investigaciones judiciales que indagan la responsabilidad pública en el gran incendio de Oímbra
En el incendio de Oímbra (Ourense) ardieron en agosto de 2025 más de 23.000 hectáreas y tres brigadistas resultaron heridos graves -uno de ellos, de 18 años, permaneció hospitalizado casi tres meses con medio cuerpo quemado-. La investigación judicial abierta para determinar qué ocurrió en el que es el segundo mayor fuego forestal registrado en Galicia ha revelado que hubo fallos por parte de la Xunta y el Ayuntamiento en la comunicación de que, con el alto riesgo en los montes, tenían que suspenderse actividades como las de desbroce, a la que se atribuye el origen de las llamas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha guardado silencio este lunes, después de que el diario El País revelase que la orden de parar los desbroces se perdió en una confusión administrativa.
Rueda replicó a una pregunta sobre el asunto que se trata de un tema judicializado y pidió esperar a conocer las conclusiones de la Justicia. “Ningún medio ni gobierno va a poner una sentencia que corresponde a los jueces”, manifestó. Nada dijo sobre si iba a tomar alguna medida para evitar que los problemas de comunicación se repitan este año ni sobre su opinión acerca de que la alcaldesa de Oímbra (Ana Villarino, PP) enviase a los brigadistas que terminaron hospitalizados al punto en el que luego se vieron atrapados.
El incendio comenzó el 12 de agosto y el día 14 trascendió la detención de un hombre de 46 años por haber presuntamente provocado las llamas mientras realizaba un desbroce con un tractor. Una chispa prendió en la vegetación. El hombre trabajaba para las administraciones públicas a través de una empresa privada que estas tenían contratada. La información publicada por El País indica que la investigación judicial refleja que, aunque a finales de julio la Consellería de Medio Rural dio la orden de que no se hiciesen este tipo de trabajos ante el riesgo extremo de incendio, tal indicación no llegó a los operarios que se ocupaban de esos trabajos en Oímbra y que incluso llegaron a recibir el mensaje de que debían continuar.
El detenido estuvo en prisión provisional y fue puesto en libertad unos días después. En la actualidad es el único investigado por los delitos de incendio por imprudencia grave y lesiones y daños por imprudencia grave. Las pesquisas han revelado que la desbrozadora tenía deficiencias y que hubo una prohibición de desbrozar aquellos días que no llegó a quienes debían recibirla. El director general de Defensa del Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, manifestó verbalmente el 29 de julio a la empresa pública Seaga que no debía haber desbroces. Las delegaciones provinciales tenían que pasar el aviso a las empresas contratadas para que detuviesen las tareas desde el día siguiente.
Una técnica de la delegación ourensana manifestó, según el sumario, que no pudo enviar tal orden hasta el 3 de agosto porque estaba de vacaciones. Después, la administrativa municipal de Oímbra manifestó no recordar ni qué día vio el correo electrónico ni cuándo se lo trasladó a la alcaldesa. Afirmó también que entendió que Seaga daría la orden a la empresa adjudicataria en la que trabajaba el ahora investigado. Los trabajos de esta empresa privada los dirigía un trabajador municipal que estaba al tanto de la orden de Seaga y que aseguró que se la comunicó a la alcaldesa. Pero sostiene que ese tractor trabajaba para la Xunta y para el Ayuntamiento y que lo que dejó de hacer fueron las tareas de desbroce para la administración autonómica, pero no para la local.
La investigación incluye también testimonios de técnicos de Seaga sobre una orden verbal para retomar los desbroces el 4 de agosto. Y el investigado asegura que recibió indicaciones tanto del Ayuntamiento como de Seaga de seguir trabajando. La ley de incendios gallega recoge que, cuando el índice de riesgo diario sea alto, “no estará permitido” realizar trabajos que supongan usar maquinaria, tractores o vehículos pesados que no tengan equipamiento para la extinción de incendios. Añade que el uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con herramientas que puedan producir chispas o soldaduras requerirá una autorización.
La investigación judicial refleja también que los tres brigadistas heridos en el incendio relataron que estaban de día libre, pero al ver la gravedad del fuego pidieron incorporarse al dispositivo de extinción. Aseguraron que la alcaldesa lo autorizó verbalmente y, además, les dijo a qué zona debían ir. Allí se vieron atrapados por las llamas.